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Disponibilidad legislativa y naturaleza jurídica del Instituto Armado de la Guardia Civil (II)

tricornioUna vez examinado el contexto histórico, legal y coyuntural que habilita al legislador a dotar a la Guardia Civil de la tantas veces referida naturaleza militar, la Unión de Oficiales de Oficiales Profesional de la Guardia Civil consideró que el citado Real Decreto 1437/2010, por el que se declara de aplicación para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para Fuerzas Armadas, era nulo dado que la citada disposición general convierte en aplicable a los miembros de la Guardia Civil las Reales Ordenanzas para Fuerzas Armadas , texto legislativo destinado a los miembros de éstas, vulnerándose así la finalidad teleológica del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero,  y los  mandatos de la Ley Orgánica 5/2006, de 17 de noviembre, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre; la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, y  la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. En esencia, la parte recurrente sostiene que la Guardia Civil tiene naturaleza militar pero sus miembros no son militares ni pertenecen a las Fuerzas Armadas, disponiendo por el contrario aquellos de normativa específica aplicable. Como corolario de su pretensión, se arguye que la expresión “naturaleza militar” únicamente puede ser atribuida a la Guardia Civil cuando desempeña las funciones militares propias de las Fuerzas Armadas pero no cuando actúa en el desarrollo de las misiones que le atribuye Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que la pautas deontológicas y las reglas de comportamiento militar, establecidas por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en aplicación de lo establecido por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, no  pueden ser de aplicación a la Guardia Civil cuando actúa como Fuerza y Cuerpo de Seguridad.

Como decíamos al inicio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a la hora de resolver sobre la cuestión planteada por la asociación recurrente, a saber, si únicamente puede predicarse la naturaleza militar de la Guardia Civil cuando ésta desempeñe cometidos propios de las Fuerzas Armadas, es decir, una cualidad castrense condicionada a la misión a desempeñar y por tanto, carente de significación constitutiva, coloca en el centro de su argumentación la ya anunciada disponibilidad del legislador a la hora de configurar el Instituto Armado, considerando de esta manera que la decisión legislativa de dotar de naturaleza militar a la Guardia Civil es la manifestación arquetípica de la potestad legislativa, que en este caso particular quiso que la Guardia Civil tuviera naturaleza militar en todas y cada una de sus facetas, no discriminando en función de sus misiones, sino considerando que la “militaridad” del Cuerpo era un elemento configurador inalienable, caracterizador del espíritu de la Institución y elemento ineludible y coadyuvante en el eficaz desempeño de sus cometidos. La reiteración en tal naturaleza es por tanto un prius lógico del que derivan no sólo sus posibles y circunstanciales misiones militares, sino principalmente los datos permanentes u ordinarios de su régimen jurídico, a saber: la estructura jerárquica (art. 13.1 L. O. 2/1986), la organización y el régimen disciplinario (art. 15 de la misma Ley) (STC 194/1989).

Por otra parte, y en cuanto a la cuestión concreta objeto de litigio, recuérdese, la aplicación de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas a los miembros de la Guardia Civil, aquellas establecen el comportamiento, derechos y deberes del militar español, conformando un código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de comportamiento, siguiéndose así una larga tradición en la milicia española, siendo las primeras las decretadas por los Reyes Católicos en 1503 o continuando por las dictadas durante el reinado de Carlos III en 1768, vigentes hasta 1978. En este sentido, la Sentencia recuerda muy acertadamente que “esa deontología militar común no es incompatible con la existencia de regímenes disciplinarios diferenciados para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”, distinguiendo por tanto lo que son regímenes disciplinarios particularizados de las pautas éticas y deontológicas que deben ser comunes para todos los militares y en modo alguno incompatibles con la singularidad de las previsiones. Y en este sentido, argüir la naturaleza militar del Cuerpo y negársela a sus miembros, como hacen los recurrentes, no se ajusta a la realidad, pues como de manera inequívoca estipula el artículo 2 del Título Preliminar de la citada Ley 42/1999,  de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, son guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil con una relación de servicios profesionales de carácter permanente y, dada la naturaleza militar del Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil y, consecuentemente, vinculados por el código deontológico aplicable a los de su condición.

Vía | Raúl César Cancio

Imagen |Guardia Civil

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