Jurídico 


Dimensión jurídica del 25S

Horas después de la marcha del 25s, todos los detenidos excepto uno, en prisión provisional eludible bajo fianza de 1000 euros, han sido puestos en libertad. La única información al respecto es que se enfrentan a la comisión de los supuestos delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mucho se ha hablado sobre si la Audiencia Nacional tiene competencias o  si debería ser quién los juzgue; finalmente, el Juez Pedraz ha archivado la causa por no considerar los hechos constitutivos como un delito contra las Instituciones del Estado.

El  normal funcionamiento del Congreso no se alteró y este hecho ha sido determinante para que los actos no fueran considerados como comportamiento delictivo contra una de las entidades que son protegidas por la Constitución.

En este sentido, los artículos 493, 494 y 495 se refieren a los delitos cometidos contra las sedes del Congreso, Senado y las Asambleas Autonómicas.

Concretamente es el artículo 494 en el que se nombra directamente a los promotores, directores o presidentes de manifestaciones u otro tipo de reuniones que alteren el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados, el Senado o una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando estén reunidos y contempla penas de prisión de seis meses a un año a multa de doce a veinticuatro meses para estos sujetos. Inicialmente, estos hechos eran los que se le imputaban a los 8 detenidos acusados supuestamente de organizar la convocatoria aunque finalmente, no fueron juzgados por este delito.

El resto de artículo en relación a este tipo de delitos son el artículo 493 que se refiere a los que, sin alzarse públicamente, invadan con fuerza, violencia o intimidación  las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando estén reunidos y establece penas de prisión de tres a cinco años. El artículo 495 por su parte, hace especial mención a los que portando armas u otros instrumentos peligros intenten penetrar en algunos de los Organismos anteriores para presentar en persona o colectivamente peticiones de los mismos se enfrentan a penas que van desde tres a cinco años y en su mitad superior para los que promuevan, dirijan o presidan las acciones.

 

Vía| Marco Esteban

Imagen| Televisionando

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