Jurídico 


Diferencias entre Incompatibilidad e inelegibilidad según el Tribunal Constitucional

A propósito de la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado día 25 de septiembre de 2014, por la que resuelve el Recurso de infotolia_56542840constitucionalidad número 1345-2012, promovido por el Gobierno, contra el artículo 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía y otras tantas, es un buen momento para recordar la importancia del uso del Lenguaje en la materia jurídica.

La Sentencia en cuestión dilucida tres cuestiones fundamentales: la supuesta privación del derecho de sufragio pasivo de determinadas personas, la vulneración del principio de igualdad de estas y la arbitrariedad con la que se procede a dictar el mandato legal. Si bien, hay aspectos sobre los que podrían correr ríos de tintas como son los tres últimos problemas, centrare esta reseña en dos conceptos de suma importancia y que, sin pretenderlo, se prestan a que sean mal interpretados o interpretados en base a demagogias partidistas que escapan a la realidad del lenguaje jurídico. La cuestión a dilucidar es la diferencia entre los términos incompatibilidad e inelegibilidad.

fotolia_62538706La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la incompatibilidad como: un impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada, o para ejercer dos o más cargos a la vez. Mientras que, el término inelegibilidad, conlleva necesariamente la carencia del Derecho de sufragio pasivo, es decir, alguien que no puede ser elegido para ostentar un cargo público por un determinado motivo, según establece el art. 6 de la LOREG, son inelegibles en todo caso: a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena. b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Expuestos los diferentes definiendums, conviene plantearse en qué más se distinguen estos términos legales. Es aquí, donde surge la cuestión de cuándo se produce cada uno. Mientras que la incompatibilidad surge una vez que el político es electo, es decir, se ha presentado a la elección y ha obtenido un escaño; el término inelegible se produce incluso antes de la elección, ya que, ni tan siquiera se puede presentar a ella. Así pues, el Tribunal Constitucional lo expone de manera magistral:

“Ha de advertirse, frente a lo alegado por el recurrente, que en la disposición controvertida no está en juego el derecho de sufragio pasivo de los cargos incluidos en la misma. El derecho de sufragio pasivo guarda íntima conexión con la inelegibilidad; es más ésta sí que guarda relación con el derecho electoral y, por ende, con el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pero la incompatibilidad, sustancialmente, no guarda relación con el Derecho Electoral, sino más bien con el Derecho Parlamentario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario. A mayor abundamiento, como ha quedado reflejado (…) la incompatibilidad parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino más bien en la adquisición plena de la condición parlamentaria –y conservación, en su caso, de la misma- una vez que el candidato haya resultado electo, incardinándose por lo tanto en el ámbito de las relaciones parlamentarias, todo ello sin perjuicio de que por imperativo constitucional (o estatutario en este caso) la regulación sustantiva de las incompatibilidades se contenga en la norma electoral.”

La consecuencia legal en ambos casos es que ni el que ostenta una condición que refleja incompatibilidad, ni el inelegible, se sentarán en un escaño parlamentario, de entrada. Ahora bien, el primero podrá renunciar a la causa que le provoque su incompatibilidad y ostentar la condición de parlamentario, mientras que el segundo, ni tan siquiera podrá presentarse a las elecciones. De ahí la importancia del lenguaje que se utilice en el mundo jurídico, aunque aparentemente puedan tener las mismas consecuencias, sólo sería un espejismo, ya que ni sería la misma situación jurídica, ni tendrían las mismas posibilidades legales. Por ello, el Tribunal Constitucional avala la modificación operada por la Ley autonómica impugnada por el Gobierno.

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QAH| El Tribunal Constitucional, El recurso de inconstitucionalidad, La incompatibilidad de los Magistrados del TC

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