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‘Destrucción a Toda Costa’

Playa de Mónsul

La protección del medio ambiente a menudo es vista por los actores económicos y políticos como un engorro, como un impedimento al enriquecimiento material, a las operaciones inmobiliarias e industriales que reportan beneficios dinerarios a quienes las proponen y a quienes las han de autorizar.

Proteger el medio ambiente, los espacios naturales, la flora y la fauna, en definitiva, la riqueza natural de un territorio, no es rentable. Al menos ese es el obtuso pensamiento de tantos profesionales del engrose patrimonial a través de la política, culpables del alarmante estado en que se encuentra buena parte del litoral español.

Los años de burbuja inmobiliaria significaron la sentencia de muerte para innumerables espacios naturales de alto valor ecológico. Los hoteles, urbanizaciones y edificios de apartamentos crecían como hongos a pie de playa, invadiendo el supuestamente protegido espacio de los 100 primeros metros de costa, generando esperpentos como los que se pueden contemplar recorriendo la costa mediterránea, y especialmente la Comunidad Valenciana.

¿Qué importan unos cuantos patos cuando se pueden recaudar millones de euros en licencias de obras, impuestos y comisiones?

Nunca entenderé qué placer puede encontrar un humano encerrándose durante una semana, dos o incluso un mes entero en un complejo hotelero en una ciudad costera en la que está edificado hasta el último metro de terreno.

El caso es que recientemente Greenpeace ha presentado la 13ª edición del informe ‘Destrucción a Toda Costa’, en el que analiza, por municipios, provincias y comunidades autónomas, el ritmo de ocupación del litoral con datos obtenidos entre los años 1987 y 2005. Uno de los que más llama la atención, y más debería hacernos reflexionar sobre el modelo de país que queremos, es que durante esos 19 años se ha estado destruyendo la costa, es decir, ocupándola con edificaciones en los primeros 500 metros, a un ritmo de dos hectáreas al día.

La explosión de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis del sector de la construcción probablemente haya aminorado ese ritmo, pero la destrucción del litoral, incluso en zonas protegidas, continúa, sin que desde las administraciones públicas se haga nada para evitarlo. Al contrario, la nueva Ley de Costas, en vigor desde finales de mayo, que sustituye a la anterior de 1988, reduce la servidumbre de protección, legalizando de esta manera edificaciones que con la anterior ley eran ilegales y que, tras los pertinentes procesos judiciales, las administraciones competentes estaban obligadas a demoler. También se amplía considerablemente la concesión y derechos de explotación a industrias contaminantes ubicadas en primera línea de costa, y se abre la vía para que los ayuntamientos concedan legalmente licencias de construcción en zonas en las que hasta ahora era ilegal. Es decir, queda en manos de la administración local decidir entre la protección o la ocupación de la franja costera.

Ejemplos como el del hotel ilegal del Algarrobico, un monstruo de 20 plantas y 411 habitaciones, ubicado en la playa virgen del mismo nombre de Carboneras (Almería), podrían repetirse, aunque el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya se ha encargado de garantizar que el Algarrobico se demolerá en cuanto se acabe la vía judicial para quienes pretenden continuar con el proyecto. Eso sí, recordando que la operación costará 7,3 millones de euros públicos.

Recientemente he visitado el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, un buen ejemplo de cohabitación entre la actividad humana y la protección del patrimonio natural. Todo es mejorable, desde luego, pero precisamente el potencial de este lugar hermoso, lo que lo hace atractivo al turismo, es el estado semisalvaje en que se conservan la mayoría de sus magníficas playas, libres de cualquier tipo de construcción en su entorno.

Precisamente Níjar es uno de los diez municipios de España que, según el informe de Greenpeace, mejor protegen su costa. En el triste polo opuesto se sitúan Calp (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Oropesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).

¿Es acaso incompatible el progreso económico con la protección del medio ambiente?

 

Más información| Greenpeace: ‘Destrucción a Toda Costa 2013. Análisis del litoral a escala municipal’, europapress.es.

Imagen| Benjamín Recacha García.

En QAH| La nueva regulación de las costas (I) , El impacto de una persona en la medio.

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