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Desgranando las nuevas políticas del Banco Santander (I)

Se viven tiempos inestables para las entidades financieras: unas caen, otras se sostienen a duras penas, otras urgen un cambio de imagen, y otras se ajustan a los nuevas circunstancias. Este último es el caso del banco Santander.

A principios del presente año, y tan solo cuatro meses después del fallecimiento de Emilio Botín, su hija Ana Patricia estrenaba su puesto como la primera mujer que preside el grupo con una de las mayores ampliaciones de capital de su historia: 7.500 millones de euros. Además, el mismo día -8 de enero- anunciaba una reestructuración en la política de dividendos que rompía con la tendencia de los últimos años.

Ampliación de capital Banco Santander

Ampliación de capital Banco Santander

Los motivos, las reacciones y las consecuencias de tales repentinas decisiones serán abordadas en dos artículos que pretenden exponer el porqué de tan trascendentes medidas. Comenzamos con la ampliación de capital.

Una ampliación de capital es un medio para conseguir fondos, consistente en la emisión de títulos adquiridos por compradores, que se convierten en propietarios de dichos títulos.

¿Y quiénes son esos inversores? Pues muy a pesar del pequeño inversor, el pastel se ha repartido entre inversores institucionales, es decir, grandes compradores cualificados. Así, los accionistas se han visto privados del ejercicio del derecho de suscripción preferente, derecho que antepone al accionista frente al nuevo inversor en la adquisición de nuevas acciones.

Al revuelo causado por este hecho hay que añadir también la rapidez de la medida: en pocas semanas se preparó el proceso, y tras anunciarse, en menos de 24 horas ya estaban suscritos los 1.258,4 millones de títulos. Por tanto, cabe suponer la existencia de un pacto previo con los grandes inversores.

Se ha especulado mucho sobre los motivos de la ampliación, entre los que pesaba la adquisición de otras entidades (p.ej. Banco Espíritu Santo.) No obstante, el objetivo más claro es el reforzamiento de la solvencia, es decir, contar con recursos suficientes para hacer frente a sus deudas. Esta solvencia se traduce en una mayor capacidad del grupo para la concesión de préstamos, y en la consiguiente reactivación económica de los países en que está presente.

La siguiente pregunta sería si es una decisión voluntaria o viene impuesta desde arriba. Lo cierto es que, si bien desde el grupo se ha negado que responda a determinaciones del Banco Central Europeo, sí que responde a otras directrices, en concreto a las normas de Basilea III. Las Normas de Basilea son recomendaciones de los bancos centrales cuyo fin es asegurar la estabilidad de las entidades financieras a través de determinadas exigencias. Basilea III -en vigor desde 2013 aunque con implantación progresiva hasta 2019- pretende reforzar la calidad del capital, sobre todo del capital más sano de las entidades (capital y reservas, conocido como capital core). El capital regulatorio era del 8,3% en el Santander a cierres de 2014, y pretende alcanzar el 10% en 2015 y el 11% en 2016, situándose en porcentajes similares a otras grandes entidades como BBVA.

Más allá del impacto a corto plazo (caída del precio en el parqué, indignación del inversor minorista e incertidumbre ante la inmediatez de la medida), la operación reportará beneficios tanto para el accionista como para la entidad en el medio/largo plazo al posibilitar el crecimiento orgánico de la entidad y fomentar la función principal del banco, tan coartada en estos años de crisis: la concesión de créditos.

En el próximo artículo, enfocado a la nueva política de dividendos, se obtendrá una visión más amplia de las reacciones y las repercusiones de estas medidas.

 

Vía| El País

Más información| ExpansiónCinco Días 

Imagen| Ampliación de capital banco Santander 

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