Jurídico 


Derivación de responsabilidad y objeto casacional

Tribunal Supremo  La obligationem nuclear en el ámbito tributario es, que duda cabe, el pago de la deuda tributaria. Tan estructural es dicho deber, que la Administración, en caso de que el obligado principal o su sustituto no lo verificasen, tiene la facultad de derivar su acción hacia terceros declarándoles responsables de la referida deuda.

La, dedica el Capítulo II (Obligados tributarios) del Título II (Los tributos), precisamente a esta cuestión, definiendo y distinguiendo entre obligados, sucesores y responsables tributarios, siendo éstos últimos los que a nosotros nos interesan, al ser susceptibles de ser los llamados, de manera solidaria o subsidiaria, a satisfacer la deuda tributaria fallida. Esa reclamación debe articularse a través del pertinente acto administrativo de derivación de responsabilidad tributaria dictado por órgano competente, en un procedimiento contradictorio, que culminará con la declaración de su responsabilidad y la determinación del alcance de la misma.

Contextualizada normativamente la derivación de responsabilidad tributaria, tradicionalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la hora de examinar la viabilidad casacional de los recursos que traían causa de la impugnación de un acto declarativo de derivación de responsabilidad, y en lo que a su cuantía litigiosa se refiere, era doctrina reiterada y consolidada que el concepto jurídico delimitador de la cuantía a efectos de la admisión del recurso de casación en este particular venía configurado por cada acto administrativo de liquidación o por cada actuación de los particulares de cumplimiento de obligaciones tributarias, siendo indiferente que, por razones de eficacia, economía y celeridad, la Administración tributaria, o los sujetos pasivos, acumularan en un mismo expediente administrativo, bien en la vía de gestión e inspección, en la de reclamaciones económicas-administrativas o en los procedimientos ejecutivos, diversos actos de liquidación o diversas actuaciones tributarias.

Pues bien, este criterio era de aplicación también a los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas tributarias, pues con independencia de que la deuda se le reclamase por un importe conjunto, la viabilidad del recurso por razón de la cuantía era la misma respecto del responsable principal como del subsidiario, toda vez que lo contrario produciría injustificadamente un diferente trato procesal en función de que el recurrente fuera el sujeto pasivo o deudor principal o un tercero responsable solidario o subsidiario de la deuda reclamada, lo que sería por completo ajeno al propósito perseguido por la normativa legal delimitadora del ámbito del recurso de casación por razón de la cuantía litigiosa.

Este criterio largamente aplicado, se ha matizado notablemente en un reciente Auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 6 de marzo de 2014 en el que, lejos de revocar la doctrina referida, se aquilata y purifica cuando, a la hora de formular el juicio de admisibilidad por razón de la cuantía,  se discrimina atendiendo a la naturaleza de la pretensión casacional planteada por el recurrente. De tal forma que la praxis tradicional sería de plena aplicación cuando lo que se discute son las liquidaciones tributarias que integran el acuerdo de derivación de responsabilidad –procedencia, prescripción, caducidad, cálculo, etc. – pero no así cuando el objeto del recurso se centra únicamente en la procedencia de dicho acuerdo como acto único. En otras palabras, cuando el recurrente y declarado responsable tributario denuncia la infracción de disposiciones normativas o infracciones jurisprudenciales que únicamente afectan a la idoneidad o no del acuerdo de derivación de responsabilidad y no a las liquidaciones tributarias que lo integran, en ese caso no sería de aplicación el criterio de cuantificación que opera sobre la cuota tributaria de cada una de las liquidaciones derivadas, individualizándolas, sino sobre el importe total de la deuda derivada.

Esta distinción atendiendo a la naturaleza del reproche casacional, impediría además que, aplicando las pautas tradicionales, por ser el importe de alguna de las liquidaciones que configuran la deuda tributaria derivada superior a los 600.000 euros, se admitiera el recurso de casación exclusivamente respecto de ésta, quedando fuera otras que no alcanzaran el umbral cuantitativo, cuando en realidad, su objeto no son estas liquidaciones sino, ha de insistirse, el acuerdo de derivación de responsabilidad, considerado como un acto administrativo autónomo e independiente de las vicisitudes liquidatorias de las trae causa.

Imagen | Tribunal Supremo

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