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Derechos Fundamentales: Derecho de Reunión

El derecho de reunión es un derecho fundamental

El derecho fundamental de reunión viene recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, que a continuación transcribimos para poder analizar en detalle su contenido y sus limitaciones.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Como literalmente enuncia el apartado primero, en el momento en el que en la reunión concurriesen armas o actos violentos, dejaríamos automáticamente de estar amparados por este derecho fundamental y no gozaríamos de ninguna protección para su ejercicio, es más, podríamos incurrir incluso en algún tipo de responsabilidad de tipo civil y/o penal. Si no concurren estas circunstancias, el mismo apartado nos dice que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

No obstante lo anterior, y como ocurre con cualquier derecho fundamental, existen limitaciones en su ejercicio, limitaciones que se establecen en el apartado segundo del artículo en cuestión, para los casos de manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público. En estos casos, es cierto que tampoco se necesitará autorización, pero sí será obligatorio comunicar previamente dicha celebración a la autoridad, generalmente a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma donde se vaya a celebrar la reunión o la manifestación.

La autoridad competente, tras la comunicación de la convocatoria de reunión o manifestación podrá adoptar tres conductas alternativas:

1)  Limitarse a recibir la comunicación y no hacer nada; pero no a autorizar la manifestación, ya que el ejercicio de este derecho no necesita autorización previa sino simple comunicación en los casos descritos anteriormente. En este caso, la reunión o manifestación se llevará a cabo de la manera prevista por los convocantes o los promotores.

2)  Modificar el recorrido que vaya a realizar la manifestación o el lugar en el que se vaya a producir la reunión.

3)  Prohibir la reunión o la manifestación.

Es en los dos últimos casos donde encontramos las limitaciones al derecho de reunión.

A este respecto, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado una doctrina sobre los límites a los derechos fundamentales, en la que se establecen dos tipos de límites que, según esta doctrina, la propia Constitución recoge. Estos son los límites explícitos y los implícitos.

En primer lugar, los límites explícitos serían, en este caso, los enunciados expresamente por el artículo 21, esto es, la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

En este caso, y así lo ha dejado claro el TC en numerosas sentencias, debemos entender alteración del orden público no como algo abstracto y etéreo, sino como un riesgo concreto, material y con grave e inminente peligro para las personas y los bienes de materializarse, siendo la modificación o la prohibición – esta última en los casos más extremos -, las únicas soluciones posibles para la evitación de esa alteración del orden público con peligro para las personas y los bienes. Por tanto, y como en toda limitación de derechos fundamentales, hay que ser restrictivos y exigentes a la hora de apreciar esa alteración del orden público, de forma que se proteja siempre que se pueda el ejercicio del derecho fundamental, empleando criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Así pues, no podrá prohibirse el ejercicio del derecho de reunión en casos en los que simplemente se prevean perturbaciones en el tráfico, siempre que se permita el acceso de las asistencias sanitarias y fuerzas del orden. Tampoco en los casos en los que se prevea que la reunión provocará un clima de tensión, siempre y cuando esa situación no pueda definirse como de riesgo material, concreto y grave para el mantenimiento del orden público y para la seguridad de las personas y los bienes. En este último caso se tratará de proteger el ejercicio del derecho de los manifestantes de las posibles agresiones que puedan sufrir.

En segundo lugar, y con carácter general, los límites implícitos serían aquellos impuestos por el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los que todos somos titulares. Por tanto, el límite implícito del ejercicio de un derecho fundamental se situaría en el punto en el que se limitase el ejercicio del derecho fundamental de otro de una forma irrazonable y desproporcionada. En el caso que nos ocupa del derecho de reunión, este límite suele encontrarse en el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, cuando las manifestaciones se convocan con el único propósito de ofender y descalificar una ideología o religión concreta. También en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y en el derecho de libertad ambulatoria, en este último supuesto, únicamente en casos flagrantes.

En resumen, podemos afirmar que el derecho de reunión es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y que como tal merece la máxima protección y garantías en su ejercicio que nuestro ordenamiento jurídico ofrece, pero que como todo derecho fundamental, está sujeto a ciertas limitaciones que deberán ser impuestas de forma razonable y proporcionada.

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En QAH| Derechos Fundamentales: Derecho a la Libertad de Expresión

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