Jurídico 


Derecho y Medio Ambiente. ¿Es necesaria su protección penal?

Debemos empezar haciendo referencia a las palabras de MUÑOZ CONDE cuando afirma que “existe una tendencia a la protección de bienes jurídicos institucionales o universales que resulta inevitable en la actualidad”.

La necesidad de llevar a cabo una tutela penal del medio ambiente se manifestó en la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal 8/1983, de 25 de junio, en la que se  dejaba claro que “la urgencia del tema viene dada por lo irreversible que resultan frecuentemente los daños causados”. Y así, el desarrollo normativo de esta materia se recoge en el Capítulo III, del Título XVI, del Libro II del Código Penal (CP) de 1995.

Aunque parece evidente que el actual crecimiento económico va ligado a una degradación medioambiental dando lugar a una alteración de la paz pública y la tranquilidad social, que podría mantenerse recurriendo al Derecho Penal, algunos autores critican la aplicación de tal institución a este asunto.

Así, MENDOZA BUERGO, B. se refiere al Derecho Penal como “última ratio” afirmando que “el Derecho Administrativo sancionador puede resultar plenamente eficaz además de ser un instrumento legítimo para ello” . Dicha afirmación parece cuestionar la legitimidad de una tutela penal del medio ambiente, la cual, en mi opinión, está legitimada por la Constitución Española.

Estas reticencias pueden encontrar su justificación en la aplicación del principio de intervención mínima, cuya interpretación también ha suscitado un gran debate doctrinal. Es interesante la alegación planteada en un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de condena de 18 de julio de 2001 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que manifiesta que “…la sentencia recurrida exhibe una interpretación excesivamente formalista del principio de clandestinidad, nada acorde con el principio de intervención mínima que rige en el Derecho Penal”. Con ello, se pretendía dejar sin efecto la aplicación el apartado a del artículo 326 CP que establece: “Se impondrá la pena superior en grado […] cuando la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones”, pero lo curioso es que la sentencia establecía como hecho probado que la empresa carecía de la preceptiva autorización de vertidos durante el período en que los había realizado.

Pero dicho principio también ha sido objeto de estudio por el Tribunal Supremo destacando una sentencia de 29 de septiembre de 2001 en la que se afirma que, en relación a la protección del medio ambiente, “la importancia de ese valor aconseja no recurrir con demasiada facilidad al principio de intervención […]. Debe tomarse con reservas la afirmación de que el Derecho Penal actúa de forma accesoria y subsidiaria con respecto al Derecho Administrativo”. Con esta afirmación el Tribunal Supremo corrige sus propias interpretaciones anteriores que podían dar lugar a confusión acerca de la doctrina de la Sala.

Como conclusión, creo conveniente destacar el siguiente fragmento de la sentencia de 30 de enero de 2002 de la Sala II del Tribunal Supremo con la que se consolida una doctrina que intenta acabar con los conflictos hermenéuticos sobre el principio de intervención mínima estableciendo que reducir la intervención del Derecho Penal al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del Derecho Penal”.

Vía|  MENDOZA BUERGO, B. “El Delito Ecológico y sus Técnicas de     Tipificación (1)”, Actualidad Penal, nº 13, 25 al 31 de marzo de 2002; pág. 301; VERCHER NOGUERA,  A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G. Y CASTAÑÓN DEL VALLE, M. “Responsabilidad ambiental Penal, Civil y Administrativa.” Ecoiuris. Madrid, 2003. Págs. 13-22.

Imagen| Somosverdes

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