Derecho Internacional, Jurídico 


Derecho procesal civil internacional y tutela judicial efectiva

En mi artículo del sábado hice referencia a las fuentes del Derecho internacional privado (DIPr), destacando como debido al nuevo paradigma internacional caracterizado por la grandísima cantidad de relaciones transfronterizas en las que nos encontramos con uno o varios elementos de extranjería; era necesario tener claro el sistema de fuentes. Como esta disciplina tiene por objeto estudiar las relaciones privadas internacionales es especialmente importante dentro de ella el llamado Derecho procesal civil internacional (DPCI). GARCIMARTÍN acertadamente establece que el DPCI es internacional en cuanto a su objeto, pero por otra parte, es derecho nacional en cuanto a su naturaleza. Si en el artículo anterior veíamos que no existía un DPIr mundial, sino que cada Estado resolvía a su manera las tres preguntas fundamentales de esta materia, diremos lo mismo de su especialidad en la vertiente procesal.

Como cada vez es más común que determinados pleitos civiles tengan vínculos con mas de un Estado, nos daremos cuenta que por ello es lógico que como mínimo algún elemento del litigio (partes, pruebas, patrimonio) esté localizado en un Estado extranjero. Por ello se plantean los llamados problemas de internacionalidad procesal. El tratamiento de estos problemas se aborda de tres maneras:

  • Competencia judicial internacional – que pretende determinar en que momento van a ser /var/www/clients/client0/web2/web/wp content/uploads/2015/09/wilhelmstr prozess nurnberg webcompetentes órganos jurisdiccionales de un determinado Estado para resolver un pleito con carácter internacional.
  • Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras – para poder establecer qué efectos tendrán las decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros y de que manera hay que ejecutar esas resoluciones (por ejemplo, si el deudor o los bienes se encuentran en otro Estado).
  • Cuestiones relativas al desarrollo del proceso – Como estos procesos cuentan con elementos transfronterizos es necesario atender a algunas cuestiones fundamentales, ¿cómo se pueden notificar las resoluciones? ¿cómo se pueden obtener las pruebas en otro Estado?

Una pregunta que se nos plantea, y que es realmente interesante es la siguiente: ¿qué relación tiene esto con la Tutela Judicial Efectiva establecida en nuestro art. 24 CE? Muy sencillo, partiremos de que nuestro DIPr tiene la función de poder otorgar una tutela judicial internacional efectiva. No deja de ser una vertiente especial o particular del procesal y por ello debe cumplir también su objetivo último, que es otorgar la misma a quien la solicite. Esta tutela reconocida constitucionalmente no ha de limitarse al ámbito nacional, sino tutelar y hacer efectivo los intereses y derechos legítimos que se derivan de las relaciones transfronterizas (por ejemplo a la hora de contraer matrimonio con un extranjero). La cuestión se complica si caemos en la cuenta de que en el ámbito internacional cada Estado puede asegurar esta tutela judicial efectiva dentro de sus fronteras. Dos formas tiene ésta de prestarse y tres consecuencias se desprenden de las mismas. Respondamos a la siguiente cuestión ¿cómo se presta esta tutela? O bien por declaración a través de un proceso en un foro, solicitando a la autoridad jurisdiccional una resolución declarativa (declarar un derecho, constituir o modificar una relación jurídica o imposición del deber de realizar una determinada prestación); o bien por reconocimiento que no es otra cosa que la homologación por un órgano jurisdiccional de la resolución que ha adoptado un tribunal extranjero sobre esa tutela declarativa. Ahora pondremos de manifiesto las consecuencias que señala GARCIMARTIN para estas dos formas de tutela:

  • Por un lado, la tutela por declaración y el sistema de tutela por reconocimiento están vinculados y por ello, precisan de una regulación coordinada. Cuando el sistema de competencia judicial internacional no considera como competentes a nuestros tribunales, presupone la existencia de un foro extranjero que sí es competente para conocer el asunto. ¿Y si no fuera así? Podríamos denegar sin darnos cuenta ese derecho a la tutela judicial efectiva.
  • Este sistema de derecho procesal ha de partir del llamado principio de fungibilidad de los servicios jurisdiccionales. Esto quiere decir a grandes rasos que se reconoce la existencia de otros servicios jurisdiccionales estatales que son en cierta medida equiparables al español y que por ello son capaces de ofrecer una tutela judicial declarativa en las mismas condiciones que el nuestro.
  • Esta vinculación a la que hemos hecho referencia anteriormente, como es lógico, exige un deber de cooperación internacional. Esta cooperación no puede quedarse en un simple reconocimiento de la decisión extranjera, sino que implica favorecer una resolución adecuada en el extranjero.

Por tanto, a grandes rasgos, ¿cómo funciona este sistema? En primer lugar habrá que acudir a las normas de competencia judicial internacional españolas para poder determinar si son competentes nuestros tribunales para conocer del asunto. Para el caso de que lo fueran podremos prestar una tutela por declaración sin mayor problema. Si por el contrario no son competentes nuestros tribunales habrá que acudir a las normas de competencia judicial internacional extranjeras para poder responder a la siguiente pregunta: ¿qué órganos jurisdiccionales extranjeros son los competentes para concer el asunto? Una vez sepamos cual es ese órgano, el proceso discurrirá conforme a las normas procesales extranjeras y aquí pueden darse dos situaciones:

  • La llamada tutela por instrucción en la que se colabora con el proceso extranjero, lo que implica auxiliar a una buena resolución del pleito en el extranjero, cooperando en materia de notificaciones en España o practicando eventuales pruebas, si éstas se nos solicitasen.
  • Que se dicte una sentencia extranjera, en cuyo caso habrá una tutela por reconocimiento, esto eso, una homologación de la resolución del órgano jurisdiccional extranjera.

Vía | Derecho Internacional Privado. GARCIMARTÍN ALFÉREZ. F . 2º edición. Thomson Reuters (España, 2014).

Derecho Internacional Privado. CALVO ARAVACA. A.L. Volumen I. 3º edición. Comares (España, 2012)

Imagen | Nuremberg.

En QAH | Jurisdicción internacional. Derecho Internacional Privado (I)

Ley Aplicable. Derecho Internacional Privado (II)

¿Cuál es el Derecho Internacional Privado?

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