Jurídico 


Derecho de la Competencia y deporte profesional

El deporte, en un sentido amplio, ha de ser concebido como una actividad social que presenta notas características que lo diferencian de las demás actividades desarrolladas por el ser humano. Desde un punto de vista jurídico señalaba CAZORLA PRIETO (Deporte y Estado, 1979) que “el deporte se nos ha mostrado desde siempre, o por lo menos se nos ha querido mostrar, como una actividad, primero, autónoma, y, después, alejada de toda bandería política”.

La justificación de dicha afirmación reside en la denominada especificidad del deporte, que se refiere a las características específicas o propias del deporte que le hacen merecedor de una atención especial y, en determinados supuestos, de una regulación propia.

La especificidad del deporte no solo ha sido reconocida en numerosos laudos arbitrales y resoluciones judiciales, sino también en la normativa comunitaria. Así, el artículo 165.1 p. 2º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, “TFUE”) establece que la Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa”.

No obstante, el deporte profesional, en la actualidad, es, entre otras cosas, una actividad mercantil que debería, en palabras de CAZORLA, “ajustar su funcionamiento a la normativa e instrumentos propios que rigen cualquier actividad económica mercantil”.

Derecho de la Competencia y deporte profesional

Derecho de la Competencia y deporte profesional

El deporte profesional no puede aislarse del resto del tejido empresarial y de sus normas, por lo que ha de quedar sometido, entre otras, a las que regulan el Derecho de la Competencia; integrado a nivel nacional por una doble normativa: de una parte, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”), y, de otra, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Atrás parece quedar, por tanto, el denominado “concepto isla” del derecho del deporte.

Para la aplicación de dicho campo normativo se requiere la existencia de un mercado de referencia en el que valorar las potenciales prácticas anticompetitivas. Una aproximación al concepto de mercado en el ámbito deportivo se encuentra en el Auto de 21 de agosto de 2014, dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, en el que se resuelve la solicitud de medidas cautelares en el seno del asunto Real Murcia vs LaLiga.

Dicho Auto pone de manifiesto que: no cabe duda de que el ejercicio profesional del deporte del fútbol a través de clubes y sociedades anónimas deportivas constituye un mercado nacional relevante a los efectos del art. 2 LDC, en el que intervienen distintos operadores (…) de naturaleza jurídico privada, con la intención de obtener un lucro lícito con el que retribuir a sus accionistas y asociados (…) en caso de obtención de un beneficio neto tras el pago de las deudas a sus acreedores; compitiendo entre sí por la captación de ingresos por la publicidad estática y móvil, por cesión de derechos de imagen, por merchandising, por partidos de exhibición, quinielas, etc…”.

Un ejemplo práctico del sometimiento a las normas de Derecho de la Competencia lo encontramos en la apertura de un expediente sancionador por parte de la CNMC contra la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) por posibles prácticas restrictivas de la competencia, por “imponer unas condiciones económico-administrativas a los clubes de baloncesto que adquieren el derecho a ascender de la Liga LEB a la Liga ACB por méritos deportivos, y que no han sido previamente miembros de la ACB, que podrían resultar inequitativas y discriminatorias”; lo que supondría una vulneración de lo dispuesto en el artículo 1 LDC.

Asimismo, también se ha referido la CNMC recientemente a otras materias de interés en los siguientes documentos: (i) informe sobre la propuesta de la LFP de condiciones para la comercialización centralizada de derechos de televisión; (ii) informe sobre la propiedad de los derechos económicos de los jugadores de fútbol por parte de terceros; (iii) informe sobre las condiciones de acceso a la profesión de entrenador de fútbol en competiciones deportivas.     

Por último, destacar que también la Comisión Europea ha abierto tres expedientes de investigación contra diferentes clubes de fútbol españoles por supuestas ayudas de Estado a dichos clubes, lo que supone una vulneración de las normas comunitarias de competencia, en concreto del artículo 107 TFUE.

Será interesante ver la resolución de dichos expedientes a fin de delimitar la aplicación del Derecho de la Competencia al deporte profesional, es decir, la aplicación de dichas normas para la resolución de los conflictos jurídicos derivados del mercado del deporte profesional; lo que cierto sector doctrinal ha bautizado como “Derecho Deportivo de la Competencia”.

Más información| Blog jurídico y docente de Luis Cazorla y notas de prensa de la CNMC.

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