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Derecho al olvido: criterios para su ejercicio

El año 2014 se recordará por el nacimiento de un derecho muy novedoso y revolucionario dada la era digital en la que vivimos: el derecho al olvido.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue la institución encargada de configurar las bases de este derecho, y así, mediante Sentencia de fecha 13 de Mayo de 2014 (Asunto C131/12, Mario Costeja vr Google Inc.) reconoció a los ciudadanos el derecho al olvido, de forma que todo ciudadano europeo tiene ahora derecho a exigir la supresión de datos personales que aparezcan en los motores de búsqueda cuando muestren enlaces con información de carácter sensible para la vida privada de la persona afectada. Y es que el TJUE se ha mostrado categórico en determinar qué bienes jurídicos quedan afectados: la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y a la privacidad (lo que se ha terminado llamando derecho al olvido), siendo que éstos prevalecen por su categoría de primer orden, ante la libertad de expresión.

google-lupa--644x362El razonamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue claro: “la actividad de un motor de búsqueda consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”. En consecuencia, el gestor de dicho motor de búsqueda es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros.

El problema del surgimiento de este nuevo derecho es su implementación y, por tanto, las consecuencias prácticas que tiene esta Sentencia.

En este sentido, poco ha tardado la Audiencia Nacional en dictaminar la que es a día de hoy la primera Sentencia en establecer los extremos y criterios para el ejercicio del ya famoso “Derecho al olvido”. Así entonces, y mediante Sentencia de fecha 29 de Diciembre de 2014, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia nacional emitía fallo aplicando la doctrina europea sobre el derecho al olvido procedente de la STJUE de 13 de mayo de 2014.
El fallo fija los criterios que deben seguir a partir de ahora los particulares, el responsable del tratamiento y la Agencia de Protección de datos para llevar a cabo la ponderación y equilibrio de derechos implicados en cada caso y que se resume literalmente en lo siguiente:

Quien ejercite el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento o ante la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre, como persona física; indicar los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador, así como el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces”.

Los criterios se resumen de la siguiente manera:

Acreditar la búsqueda. Quien ejercite el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento o la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre (persona física), indicar los resultados o enlaces obtenidos de la misma y alegar qué contenido de esa información le afecta y por tanto constituye un tratamiento de sus datos personales.

Ponderar los derechos en conflicto. A partir de lo anterior, debe hacerse una ponderación de los derechos en conflicto para establecer finalmente si cabe el hacer prevalecer los derechos individuales frente a la libertad de expresión, atendiendo a la “concreta situación personal y particular de su titular”.

Valorar en cada caso concreto. Finalmente la cancelación de los datos estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen.

La tutela del derecho de oposición de los particulares a partir de ahora exigirá una adecuada ponderación de los derechos en conflicto (derecho a la libre expresión vr derecho a la intimidad y privacidad) para así poder establecer si el derecho de protección de datos debe o no prevalecer sobre otros derechos individuales y legítimos en atención “a la concreta situación personal y particular de su titular”. En atención a lo anterior, y realizada la ponderación de derechos, quedaría totalmente justificada la cancelación de los datos en la red cuando las circunstancias en cada caso así lo determinen “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones”.

Este fallo en concreto da la razón a un particular al considerar que no tenía relevancia en la vida pública que justificara la prevalencia del interés del público general frente a los derechos de protección de datos de carácter personal. No se trata de determinar si unos datos expuestos en la red son lícitos o no, sino que por el tiempo transcurrido no son necesarios en relación a los fines para los que se trataron.

Como se ha indicado, ésta es la primera sentencia publicada que hace referencia a los extremos y criterios que deberá tener en cuenta el poder judicial español para atender a cada caso, pero no es la única: se han dictado más de 15 sentencias en las que solo en 4 de ellas la Sala de la Audiencia ha estimado pertinente dar la razón al buscador frente a las pretensiones de los particulares, siendo todas las demás favorables a los intereses legítimos e individuales de derecho a la intimidad de cada ciudadano.

Vía | Noticias Jurídicas

En QAH | ¿Tenemos derecho al olvido en la red?,Derecho al olvido: claves de la reciente sentencia del TJUE

Imagen | Google

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