Jurídico 


Derecho al olvido: claves de la reciente sentencia del TJUE

Datos personalesBasta con introducir nuestro nombre en un buscador cualquiera (Google, por ejemplo) para comprobar que seguramente existe más información relativa a nosotros en Internet de la que muchas veces nos gustaría. Con casi total seguridad, tenemos amigos o conocidos que optan por nombres modificados o pseudónimos en las redes sociales, alegando que si un potencial empleador está interesado en ti, con apenas realizar una pequeña búsqueda podrá acceder a las fotos de tu último viaje, fiesta o evento deportivo más reciente al que hayas podido asistir. Sin embargo, el problema va más allá, ya que puede que existan datos en la red que, pese a estar subidos lícitamente, acaben por suponer un daño para el afectado, cuando con el paso del tiempo se convierta en información obsoleta de hechos que pertenecen al pasado de esa persona y que ya han quedado saldados. ¿Qué ocurre entonces? ¿Tenemos derecho a que esos datos personales puedan ser cancelados o más bien no nos queda otra que resignarnos a que sigan apareciendo en Internet de por vida y al alcance de cualquiera? ¿Existe un derecho al olvido en la nube?

(I)       Antecedentes

Esto mismo se preguntó el  español Mario Costeja, quien, tras encontrar enlaces a dos anuncios de subasta de sus inmuebles en el marco de un concurso de acreedores resuelto hace más de quince años, acudió a la editorial que los había publicado. Esta manifestó haberlo hecho lícitamente y por lo tanto no estar en posición de retirarlos, pero en cambio la Agencia Española de Protección de Datos sí que solicitó a Google España la desvinculación de los enlaces a los mismos en los resultados de búsqueda.

La filial de Google argumentó encargarse únicamente del marketing de la empresa matriz en España, y añadió que el gigante de la tecnología y las comunicaciones únicamente indexa datos, pero no los trata. Así, el caso llegó a la Audiencia Nacional española, y esta planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El 25 de junio de 2013, el abogado general de la UE se pronunció del lado de Google, que se declaró no responsable del tratamiento de datos publicados en las páginas web que procesa y sistematiza, postulando también la no obligación de eliminar una información legítima ya hecha pública, puesto que equivaldría a censurar la libertad de expresión de los internautas.

Finalmente, la sentencia del TJUE del pasado 13 de mayo de 2014, reconoció el derecho al olvido de los ciudadanos, de forma que a todo ciudadano europeo tiene derecho a exigir la supresión de datos personales que aparezcan en los motores de búsqueda cuando muestren enlaces con información de carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y que carezcan de relevancia pública.

(II)     Bienes jurídicos afectados

Como podemos ver, aquí entran en juego dos bienes jurídicos diferenciados: por un lado, la libertad de expresión; por otro, esa manifestación del derecho a la intimidad y a la privacidad que se ha dado en llamar el “derecho al olvido”.

La Sentencia indica que, en esta ocasión, y como norma general, los derechos fundamentales de la persona afectada prevalecen sobre la libertad de expresión, por lo que, como veremos más adelante, cualquier retirada de contenidos habrá de ser fruto de un equilibrio de derechos.

(III)   Razonamiento del TJUE

El TJUE entiende que, de acuerdo con la vigente Directiva 95/46/CE, Google procede al tratamiento de datos, por cuanto “la actividad de un motor de búsqueda consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”. En consecuencia, el gestor de dicho motor de búsqueda es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros.

(IV)   Implementación

Dicho esto, ¿qué consecuencias prácticas tiene esta Sentencia para el ciudadano de a pie?Google

En caso de que, a raíz de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, la lista de resultados ofrezca enlaces a páginas web con datos personales, esta podrá dirigir una solicitud de cancelación de los mismos directamente al gestor del motor de búsqueda en cuestión, si bien deberán darse ciertas condiciones, ya que los buscadores no están obligados a aceptar toda solicitud de cancelación de datos de sus resultados que reciban, ya que “puede depender en casos particulares de la naturaleza de la información de que se trate, de lo delicada que ésta sea para la vida privada de la persona de que se trate y del interés del público en disponer de esa información, que puede variar, en particular, en función del papel que esa persona desempeñe en la vida pública”.

Si el motor de búsqueda no cumple con la petición del usuario, este podrá dirigirse a las autoridades competentes (Agencia Española de Protección de Datos) para denunciar la situación, que harán las comprobaciones necesarias y, si procede, requerirán al buscador que elimine los enlaces de sus resultados, debiendo para ello acreditarse que tales datos afectan al derecho a la vida privada de la persona afectada y que carecen de relevancia pública.

En conclusión, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un gran paso a favor del reconocimiento del derecho al olvido, al habilitar que hechos ocurridos a personas anónimas en el pasado y sin relevancia pública, puedan ser eliminados de los resultados de los motores de búsqueda.

Sin embargo, debemos tener presente que se trata del pronunciamiento del Tribunal respecto de un caso concreto, y que es ahora cuando se plantean más incógnitas: ¿hasta qué punto no es relevante para la vida pública información lícita relacionada con personajes del mundo de la política? ¿Podrían estas personalidades solicitar la eliminación de datos sobre condenas o hechos delictivos de su pasado? ¿Qué sucede con las malas calificaciones en una prueba o curso si se considera que pueden ser perjudiciales a la hora de optar a un puesto de trabajo? ¿Es correcto dejar al arbitrio del propio gestor del motor de búsqueda la ponderación de valores para decidir si eliminar o no unos datos? ¿Cuál debe ser el papel de las empresas dedicadas profesionalmente al borrado de datos personales (Eliminalia, borrarmisdatos.es, ePrivacidad, etc…)? ¿Pueden acceder a cualquier petición de borrado de datos?

Todas estas preguntas y muchas otras dan fe de que, si bien se ha colocado la primera piedra, aún queda mucho por hacer, y debe trabajarse tanto en una nueva Directiva más actual y adaptada a la era Internet que recoja el derecho al olvido, como en su desarrollo por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Vía|Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014

Más información|La UE obliga a Google a retirar enlaces con información lesiva8 claves para entender la sentencia sobre “el derecho al olvido”

Imagen|Huella, Google borrar

En QAH|¿Tenemos derecho al olvido en la red?

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