Jurídico 


Derecho a objetar en el ámbito biosanitario

La objeción de conciencia en relación al art. 16.1 de la CE

El artículo 16.1 de la Constitución Española establece el derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa. Si bien no existe unanimidad en la doctrina sobre su carácter de derecho autónomo, lo que sí afirmó desde el principio el propio Tribunal Constitucional es que se trata de un derecho que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no regulación específica al respecto (STC 160/1987, de 27 de octubre).

Se trata de dar cabida dentro del propio ordenamiento jurídico a la posibilidad de que un individuo rechace someterse a un mandato que legalmente le es exigible pero cuya abstención queda amparada por razones de conciencia personal. No debe confundirse con la desobediencia civil, pues el objetivo que persiguen uno y otra son considerablemente distintos: la objeción de conciencia pretende respetar un conjunto de valores inherentes a la persona que la ejerce, mientras que la mera desobediencia civil aspira a rebelarse contra el orden establecido y actúa, por tanto, por motivos políticos, razón por la cual, suele llevarse a cabo de forma colectiva.

El objetor de conciencia no aspira a cambiar el ordenamiento jurídico a pesar de que pueda considerarlo injusto o ilegítimo, o simplemente no esté de acuerdo con él, sino que trata de ser coherente con unos ideales o valores determinados que no tienen porqué perjudicar a los demás. Es la excepción que confirma la regla. Por el contrario, el insumiso civil sí pretende transmitir a los demás su repudia hacia el concreto acto o normativa objeto de su acción pública, negándose incluso a cumplir cualquier suerte de prestación sustitutoria. Mientras el primero actúa dentro de la ley, el segundo lo hace extramuros de esta. En España, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de aclarar la confusión existente entre ambos en sus SSTC 160/1987 y 321/1994, en relación al servicio militar obligatorio.

La objeción de conciencia en el ámbito biosanitario

El ejercicio de este derecho en el ámbito biosanitario, sin duda una de las ramas sociales más sensibles a este asunto, ha sido fruto de un intenso debate. El aborto o la eutanasia son sólo algunos ejemplos claros de la necesidad de reforzar, al menos en un Estado de Derecho como el nuestro, la debida protección jurídica a todos aquellos profesionales que, partiendo de un criterio profundamente discrepante al que han dado vida ciertas leyes, si bien respetan su existencia, por motivos éticos o morales no quieren someterse a ellas.

Por otro lado, lo idóneo es que el ejercicio del mismo esté regulado y limitado en sus respectivas leyes de desarrollo, concretándose debidamente en cada caso. Así, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo -en su artículo 19.2-, confirmando la doctrina constitucional sentada en la STC 53/1985, vino a otorgar rango de ley a la objeción de conciencia al aborto. Es entendible que se respete el derecho de los profesionales sanitarios que decidan objetar siempre que se garantice una mínima cobertura sanitaria.

El TC reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos

Especialmente relevante es la STC 145/2015, de 25 de junio, que otorgó el amparo a un farmacéutico sevillano previamente sancionado por la Junta de Andalucía con una multa de 3.000 euros por negarse a dispensar la llamada píldora del día después. Entendía el recurrente que los posibles efectos abortivos de dicha píldora atentaban frontalmente con sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida. Cabe destacar que hubo tres votos particulares bastante críticos con la doctrina sentada por el pleno del TC.

¿Pueden el Estado o la Administración obligarme a hacer algo en contra de mis principios? Vaya por delante que la soberanía del individuo en ningún caso puede hacer materialmente impracticable el Estado de Derecho. Quede la respuesta para la reflexión personal de cada uno; y también la siguiente cita del voto particular que formula el Magistrado Andrés Ollero Tassara en la última de las sentencias mencionadas, de la que él mismo fue ponente:

No nos encontramos pues ante un conflicto entre el mínimo ético que da sentido a lo jurídico y maximalismos morales que puedan repercutir sobre la conciencia individual. Pretender que la obediencia al derecho pueda depender del código moral de cada cual es una torpe caricatura del derecho a la objeción de conciencia. Este refleja en realidad un conflicto jurídico y no el imaginado entre derecho y moral. Se trata del derecho de la minoría a poder acogerse excepcionalmente a su visión del mínimo ético que el derecho ha de avalar, en relación al impuesto mayoritariamente por cauces democráticos. Todo un síntoma elocuente del respeto del Estado a los derechos de los ciudadanos; de modo especial a su libertad ideológica, no ajena en ocasiones a referencias religiosas.

Una democracia avanzada aspira a evitar dictaduras mayoritarias, dando espacio –siempre que resulte viable– a excepciones que salvaguarden convicciones jurídicas discrepantes. Cuando se olvida que el ciudadano tiene conciencia jurídica, sin perjuicio de tenerla también moral ni de las previsibles conexiones entre ambas, el falso panorama de una subordinación de la obediencia a la norma a los postulados morales de cada cual genera un explicable vértigo.

 

 

 

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