Jurídico 


Delito de alzamiento de bienes en perjuicio de la Hacienda Publica

Cuando la Agencia Tributaria interpone una querella ante los Tribunales penales contra ciertas actuaciones que los obligados tributarios realizan en perjuicio de la Hacienda Pública, no debemos de considerar exclusivamente como tales supuestos los llamados delitos fiscales del artículo 305 y siguientes del Código Penal, es decir, la conducta criminal de defraudar en las tres formas que el legislador ha contemplado: eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones, y disfrutando de beneficios fiscales también indebidos, con el límite cuantitativo de la defraudación que la ley fija.

Es en el artículo 257 del Código Penal donde se recoge el tradicional delito de “Alzamiento de bienes, bajo la rúbrica del Capítulo VII “Frustración de la ejecución”.

“Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:
1ª El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores
2º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.”

Y su punto 3, párrafo 2º agrava efectivamente la pena – de 1 a 6 años de prisión – en los casos de alzamiento de bienes en los que se trata de eludir el pago de obligaciones de Derecho público cuales son – entre otras – las obligaciones tributarias. En estos casos, la Agencia Tributaria procederá a la presentación de la querella contra el obligado tributario que resulte.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras citaré las sentencias de 440/2002 de 13 de marzo, la número 1388/2.011 de 30 de noviembre….) este ilícito penal en relación con el crédito tributario, exige la concurrencia de los siguientes elementos:

1. La existencia de una deuda tributaria pendiente de pago. Así como el delito fiscal se materializa en la fase de la liquidación tributaria, el de alzamiento de bienes lo es en la fase de recaudación de los créditos tributarios ya liquidados, cuyo cobro se trata de eludir. Por lo general, el intento de elusión recaerá sobre obligaciones tributarias vencidas, liquidas y exigibles, o cuanto menos, obligaciones ya devengadas. No obstante cabe también que este elemento del delito de alzamiento esté constituido por un crédito futuro de inminente nacimiento, pero que aún no se ha producido en el momento de la consumación del delito. En este sentido se ha pronunciado la sentencia del TS. 125/1998 de 26 de febrero ó la reciente de la Audiencia provincial de Alicante de fecha 17 de septiembre de 2014.

2. Una conducta consistente en la ocultación real o ficticia de los activos del obligado tributario. El delito de alzamiento de bienes es un delito tendencial, de mera actividad y no de resultado. En él, tienen cabida una serie de conductas tales como la ocultación física de bienes, la ocultación jurídica de activos (mediante simulaciones de contratos, aportaciones a sociedades patrimoniales controladas, donaciones de padres a hijos, liquidaciones fraudulentas de la sociedad de gananciales, etc….), generación de cargas y deudas ficticias, etc…..

3. La insolvencia como resultado – tanto real como aparente – que impida el cobro del crédito tributario. A pesar de que hemos calificado al delito de alzamiento de bienes como un delito de tendencia o peligro, esto es, de mera actividad y no de resultado, en estos expedientes tramitados por la Agencia Tributaria en defensa de sus créditos se exige un “plus” – merced de una tendencia jurisprudencial consolidada – : la imposibilidad de cobro de la deuda tributaria, provocada por la situación de insolvencia dolosa. Quiere ello decir que cabe la denuncia del mismo por la Agencia Tributaria, pero al mismo tiempo seguir desarrollando el procedimiento administrativo ejecutivo, encaminado a la investigación de bienes del deudor susceptible de embargo, bienes que una vez ejecutados permitirán el cobro de la deuda. O incluso, iniciarse procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria ya solidaria o subsidiaria con el ánimo de ver el crédito satisfecho. Ambos procedimientos – administrativo y penal -son compatibles en principio. Sin embargo, si en virtud de estas actuaciones ejecutivas, la deuda tributaria finalmente resultase cobrada, la jurisprudencia viene entendiendo que el crédito tributario se encontraba suficientemente protegido, y descartan así el delito de alzamiento. hammer-311342__180

Otra consideración a tener en cuenta igualmente es el concepto de “favorecimiento de acreedores”. Cuando el deudor tributario deviene en situación de insolvencia frente al crédito tributario, como consecuencia de los pagos que ha realizado con carácter preferente a otros acreedores (tanto públicos como privados), la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado rechazando igualmente la existencia de delito de alzamiento den estos casos.

4. El dolo como acción consciente y voluntaria. Solo cuando a la situación de insolvencia se ha llegado con el objetivo claro y consciente de evitar el pago de las obligaciones tributarias preexistentes, nos encontraríamos ante el tipo penal del alzamiento. Esta intención solo es posible acreditarla en base a la prueba indiciaria, es decir, analizar una serie de hechos de los que se infiere razonablemente aquella.

La consumación del delito se produce en el acto de disposición patrimonial en perjuicio de la Hacienda Pública como acreedora. Como normalmente estas conductas de vaciamiento se realizan mediante la ejecución de una serie de actos de disposición, consideraremos consumado el alzamiento cuando se realice el último de estos actos. A partir de dicho momento, se iniciará el plazo de prescripción del delito.

El delito de alzamiento de bienes tiene en virtud del artículo 131 del Código Penal un plazo de prescripción de cinco años. Sin embargo, los alzamiento dirigidos a eludir el pago de las obligaciones de Derecho Público (como lo son las deudas tributarias) cometidos a partir del 23 de diciembre de 2010 – fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2.010 de 22 de junio – tienen un plazo de prescripción de 10 años.

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