Jurídico 


Deducibilidad fiscal y management fees: STS de 30 de mayo de 2013

Precios de Transferencia

Mi diletancia tiene un límite, y por ello ni se me pasaría por la cabeza escribir sobre el tecnificado ámbito de los precios de transferencia, o más concretamente acerca de la estructura y contenido de los pagos de servicios corporativos o management fees, que como todos ustedes conocen, constituyen una de las transacciones intragrupo que mayores polémicas generan entre contribuyente y Administraciones tributaria. Sin embargo, ello no me impide hacerles partícipes de algunas reflexiones, al socaire de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en la que se contemplan los presupuestos procesales para que esas, en ocasiones, inextricables transacciones sean susceptibles de ser deducidas por el obligado tributario.

La legislación española aborda la regulación de estos servicios intragrupo en el apartado 5 del artículo 16 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades –vigente hasta el 31 de diciembre de 2013- cuando establece que:

La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas, valorados de acuerdo con lo establecido en el apartado 4, estará condicionada a que los servicios prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario.

Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, y siempre que no fuera posible la individualización del servicio recibido o la cuantificación de los elementos determinantes de su remuneración, será posible distribuir la contraprestación total entre las personas o entidades beneficiarias de acuerdo con unas reglas de reparto que atiendan a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido este criterio cuando el método aplicado tenga en cuenta, además de la naturaleza del servicio y las circunstancias en que éste se preste, los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las personas o entidades destinatarias

Como se ha indicado al inicio, me interesa subrayar la relevancia que en esta materia adquiere la certificación de la existencia del servicio desde el punto de vista de su viabilidad como gasto deducible. El contribuyente demanda soporte en un determinado ámbito administrativo de carácter ineludible, debiendo muchas veces recurrir a terceros independientes con la experiencia necesaria para desarrollar las actividades que no pueden ser realizadas de manera interna. Es la existencia de esos servicios lo que debe, en primer término,  acreditarse convenientemente, justificándose la necesidad de esa vinculación efectiva entre el contribuyente y su grupo multinacional, incluyendo el alcance de las actividades habituales del receptor de los servicios y las circunstancias bajo las cuales se requiere el auxilio del grupo matriz así como las características del mismo, resultando imprescindible la aportación de contratos, notas de cargo o facturas que respalden los gastos epigrafiados como management fees. Una vez verificada la existencia de los mismos, se impone a continuación constatar su valor de mercado.

El recurso de casación que hoy traigo a colación para ilustrar esta cuestión trae causa de las cuatro actas de disconformidad que la Oficina Nacional de Inspección de Madrid incoó a la entidad recurrente, en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1.999 a 2.002, respectivamente, haciendo constar entre otros extremos, que procedía incrementar la base imponible en concepto de servicios de administración general, contabilidad, sistemas y métodos, satisfechos a la entidad matriz, con residencia en Suiza, por no haber sido debidamente acreditados fiscalmente de acuerdo con los arts. 14 y 16 de la Ley 61/78 y art. 9 del Convenio Hispano Suizo para evitar la Doble imposición, de 26 de abril de 1.966. Contra los anteriores acuerdos de liquidación formuló la interesada reclamación económico-administrativa ante el TEAC, cuya resolución desestimatoria fue a su vez impugnada por la sucursal nacional ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  dictándose sentencia desestimatoria, al considerar injustificada la realidad de los servicios que se decían prestados, con una referencia precisa a la innecesariedad de los mismos, por lo que deberían ser tratados como una liberalidad no deducible, en el sentido de que “la asunción de un gasto que no le corresponde (aunque se haga por convenio o acuerdo) no deja de ser un acto de liberalidad hacia la otra sociedad, aun cuando ello de una manera indirecta pueda redundar en un posible beneficio para la recurrente, dado que dicho gasto no está revestido del carácter de necesidad o esencialidad que debe presidirle en orden a la obtención de los beneficios para su consideración como gasto deducible“. Finalmente, la actora interpuesto recurso de casación, que fue resuelto por Sentencia dictada por la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 30 de mayo de 2013.

La deducibilidad de los pagos efectuados por la recurrente a su matriz con sede en Suiza, se consideran por la quejosa veraces y perfectamente contabilizados, existiendo facturas aportadas, y que gozan de la fuerza probatoria reconocida por la normativa mercantil, pues existe un contrato en el que se especifican los conceptos e importes a satisfacer por los servicios prestados, así como la distribución de los mismos; y también la efectividad de los servicios prestados, que suponen un beneficio para la entidad, al tratarse de tareas que presta a las filiales para que aumenten su rentabilidad.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo rechazó las pretensiones casacionales de la filial al amparo de un argumento no por tradicional menos poderoso: lo que pretende la parte recurrente con el motivo formulado es oponerse a la valoración de la prueba efectuada por la sentencia de instancia, olvidando que el recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado las escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, lo que no ocurre en el presente caso.  Pero además, y esto es acentuadamente importante en el ámbito de las transacciones en concepto de managent fees, se añade que la entidad recurrente olvida que la conclusión que alcanza la Sala de instancia tiene que ver no solo con la realidad de la prestación de los servicios sino también con la “innecesariedad” de los mismos, en el sentido que debe darse a dicho término.

Es decir, la referencia expresa de la Sala al juicio de idoneidad de los gastos administrativos o de gestión presentados como deducibles, cuya invocación, a los efectos casacionales nada incorpora pues el recurso era inviable al pretender una revaloración probatoria, aporta una extraordinaria pauta de conducta para el contribuyente, pues la deducibilidad de estos gastos y la elusión, por ende, de una lacerante modificación a la base gravable, exige desde ahora un doble ejercicio probatorio: de una parte, en el plano interno, manteniéndose la exigencia de  justificación documental de la transacción mediante el aporte de contratos, facturas y estados financieros transaccionales que acrediten servicios concretos,  y no se limiten a glosar “costes estructurales que debe soportar la matriz con el fin de sostener su eficacia empresarial y organizativa”. A su vez, y desde un prisma exógeno, el obligado tributario debe argumentar solventemente mediante los correspondientes métodos de análisis de precios o márgenes de rentabilidad, la necesariedad de los mismos.

Como se habrá advertido, la carga de la prueba constituye uno de los temas menos resueltos en relación con los servicios de apoyo a la gestión. Las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias dictadas por la OCDE en 1995; las sustanciales aportaciones sobre la materia elaboradas en el seno del Foro Europeo sobre Precios de Transferencia (EU JTPF); la labor desde 2009 de nuestro Foro Tributario de Grandes Empresas, en aras de reforzar la transparencia y confianza en la relación entre la administración tributaria y las grandes corporaciones con el fin de rebajar los riesgos fiscales y, desde luego, la última doctrina jurisprudencial recién examinada,  deben constituir el marco referencial que dispense el grado de certeza y seguridad jurídica adecuado para que un buen gobierno corporativo sea compatible con la ineludible fiscalización tributaria de sus operaciones.

Vía | Raúl C. Cancio Fernández

Imagen | Precios de transferencia

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