Jurídico 


Decreto-ley antidesahucios de la Junta de Andalucía

Hace unos días nuestro compañero David de Bedoya nos hacía un análisis económico sobre que supondría esta nueva ley. Hoy, voy a intentar explicárosla mejor. Hoy, entra en vigor el nuevo decreto-ley de desahucios de la Junta de Andalucia, este nuevo DL supone abrir la puerta a la posibilidad de expropiar casas a bancos y casa y entregárselas a familias desahuciadas, vayamos por paso.

¿Cómo se inicia este nuevo proceso de expropiación?

Las personas que podrán acceder a estas viviendas expropiadas serán aquellas cuyas rentas sean inferiores a multiplicar por tres el Iprem, es decir 532€/mes. De modo que se acredite una situación de exclusión social (debe ser constatada por los municipios) y que la situación económica personal desde el momento que firmo la hipoteca a la actual haya llevado a un empobrecimiento. También se tendrán en cuenta aquellas con niños y discapacitados a su cargo.

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunciando el nuevo decreto-ley.

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunciando el nuevo decreto-ley.

La Consejería, según dispone el DL tendrá un registro de las viviendas no habitadas, serán consideradas no habitadas aquellas que cumplan el artículo 25 del mismo. Pero con la excepción de que no podrán ser propiedad de personas físicas. Sólo se expropiaran aquellas casas que pertenezcan a personas jurídicas (claramente se señala a los bancos con este punto), a las personas físicas se las invitará a entrar en una especie de fondo social de alquiler de vivienda.

¿Es Constitucional dicho DL?

Según el presidente andaluz, Jose Antonio Griñan se amparan en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, donde se dice:

“El derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad social, es decir que la propiedad tiene una función social en nuestra Constitución, no se puede hablar de un derecho ilimitado que no se puede tocar”

Aunque también se ampara en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 25:

“Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.”

¿Por qué se promueve este DL?

Sencillamente por acabar con una injusticia social que arrastra a la calle a 45 familias diarias sólo en Andalucía. Sumado al número de viviendas que se encuentran vacías, la Junta de Andalucía las estima entre 700.000 y el millón.

¿Cómo será esta expropiación?

Debemos mirarla desde dos puntos de vista, la del propietario y la del que pasará a disfrutarla. Desde el punto de vista del primero, este perderá temporalmente la propiedad de la casa, con un máximo de 3 años, ya que el expropio será temporal. Desde el PSOE nacional propondrán una enmienda para que no sea una pérdida de la propiedad, sino un usufructo para el nuevo inquilino. A cambio estas empresas recibirán un 2% del justiprecio, que establece el precio que se debe pagar en las expropiaciones. Ademas de seguros por daños y demás problemas que puedan suceder durante ese período.

Por la otra parte, los beneficiarios deberán pagar a la Junta un máximo del 25% de sus rentas, en una cuantía nunca superior al justiprecio que la comunidad conceda al inmueble en cuestión.

Polémica.

Nos encontramos principalmente dos polémicas, la primera de carácter político, ya que hace unos meses el PP-A propuso el entregar las casas propiedad de la Junta (según los populares unas 5000) a los desahuciados. El gobierno autonómico voto en dicho caso en contra, ahora la Consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU, socio de gobierno del PSOE en Andalucía), defiende dicho voto argumentando que dichas casas estaban a la espera de ser otorgadas a sus nuevos propietarios.

También existe una polémica económica, la de los dos entes mas afectados por dicho DL, Unicaja y CaixaBank (propietaria de la extinta Cajasol), que poseen la mayor parte de dichas viviendas. De no cumplir, la Junta de Andalucía ha creado un sistema sancionatorio contra dichas personas jurídicas. 

De no cumplir el DL, las entidades podrán llegar a pagar entre 1000 y 9000 dependiendo de que sean considerados leves, graves o muy graves: 

Artículo 53. clasificación de las infracciones.

1. Son infracciones muy graves:

a) No dar efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 25, siempre que el titular de la misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio…

c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta Ley si …

d) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolución…

2. Son infracciones graves:

a) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo condiciones de habitabilidad según lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley y demás normativa aplicable.
b) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta Ley si supone una afectación grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios.
c) La reiteración…

3. Son infracciones leves:

a) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación leve …
b) Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información…

Puede leer el artículo completo aquí

Aún no podemos decir si este DL acabará con la lacra que suponen los desahucios en nuestra sociedad, aunque creo que si puedo aventurar que paliará en parte, el sufrimiento de quedarse en la calle sin nada.

Vía | ElPaís, CincoDías, ABC, BOJA 11 de Abril 2013, Estatuto de Autonomía de Andalucía

Imagen| Junta de Andalucía

En QAH| Análisis del decreto sobre la función social de la viviendaEl procedimiento de desahucio en España,  De la burbuja inmobiliaria a la crisis¿Compro una hipoteca o vivo de alquiler? 

RELACIONADOS