Derecho Civil, Derecho Mercantil, Jurídico 


¿Deberá Bankia indemnizar a quienes compraron sus acciones en bolsa?

Cuando Bankia asumió que debía devolver el dinero a aquellos inversores que habían adquirido sus acciones, propuso un acuerdo limitado únicamente a aquellos que habían suscrito acciones en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) o dicho de otro modo, en el mercado primario. Es decir, dejó fuera de su propuesta, entre otros, a aquellos que habían adquirido sus acciones en bolsa o mercado secundario. Y es que no son pocos, incluidos algunos abogados y bastantes jueces, los que han puesto en duda que pudiera prosperar una reclamación frente a Bankia por parte de quien compró acciones en el mercado secundario (antes, por supuesto, de que se hiciera pública la reformulación de las cuentas que puso de manifiesto las irregularidades contables de Bankia).

En el caso de aquellos que suscribieron acciones en la OPS la argumentación en la que basar una reclamación judicial ha sido relativamente sencilla: el Texto Refundido sobre la Ley del Mercado de Valores (TRLMV) y el Reglamento que lo desarrolla, el RD 1310/2005, imputan responsabilidad a las entidades que emiten folletos informativos con información irregular. Como consecuencia de ello, si la información que contiene un folleto informativo no es veraz, el consentimiento de quien adquirió las acciones en el mercado primario habría estado viciado por un error provocado. De ahí que atacar este tipo de inversiones desde la perspectiva del vicio del consentimiento esté dando buenos resultados.

BankiaPor otro lado, las inversiones que fueron realizadas con posterioridad a la reformulación de las cuentas de Bankia, tampoco entrañan duda alguna. Dado que estos inversores compraron sus acciones cuando ya era conocida la situación real de la entidad, no pueden alegar desconocimiento de la situación financiera de entidad ni, por tanto, vicio alguno en la formación de su voluntad a la hora de adquirir.

No obstante, aquellos que compraron acciones en bolsa en fechas posteriores a la de la OPS pero anteriores a la de la reformulación de las cuentas, parecen tener, según sostiene parte de la doctrina, mayores dificultades para reclamar su dinero. Este sector argumenta que, una vez en bolsa, la información que contiene el folleto de emisión no resulta determinante a la hora de invertir, por lo que no cabría exigir responsabilidad a Bankia por las graves irregularidades que el mismo contenía.

En mi opinión el derecho a reclamar por parte de aquellos que suscribieron en mercado secundario, antes de que se reformularan las cuentas, permanece intacto.

Nuestra legislación financiera obliga a los emisores de valores que pretenden ser admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, a registrar un folleto informativo que contenga información suficiente sobre el emisor y sobre los valores que vayan a ser negociados, que además, habrá de ser aprobado por la CNMV. Su finalidad es que el potencial inversor cuente con todos los datos necesarios, tanto del emisor como de los títulos objeto de emisión, para decidir si realiza la inversión. Y es que los productos financieros, al contrario de lo que sucede con cualquier otro producto no financiero, no pueden verse ni tocarse. Lo único que conocemos de ellos es la descripción que de los mismos nos hacen quienes los emiten. De ahí que la Ley proteja a los inversores regulando de manera específica el contenido de los folletos informativos y las consecuencias de su mala praxis.

De nuestra legislación financiera se desprende que el legislador ha situado en el emisor de los títulos la carga de probar que la información que contiene el folleto informativo sea real. Es decir, el inversor no tiene que acreditar que la exactitud y certeza de la contabilidad de Bankia constituyeran elementos esenciales en la formación de su voluntad, como recogen algunas desafortunadas sentencias de nuestros tribunales de justicia. Es tarea del emisor la de acreditar que la información que hicieron pública refleja la imagen fiel de la entidad; la conducta que debe juzgarse es la de quien comercializa y no la de quien adquiere.

Dicho esto, no es difícil concluir que si una salida a bolsa se realiza a partir de una contabilidad falsa, con un precio de salida construido a partir de información falsa y con unas perspectivas empresariales falsas, su rumbo bursátil está viciado ab initio. De ahí, que resultan víctimas de esa información falsa tanto los que compraron desde el inicio a un precio de salida de 3,75 €/acción, como los que compraron meses más tarde a 2,50 €/acción. Todos han comprado, en circunstancias y momento diferentes, confiados en que la información publicada por la entidad y supervisada por la CNMV era veraz y correcta.

Una reflexión elemental referida a los compradores de las acciones en el mercado secundario ayuda a comprender la cuestión: ¿Habrían comprado las acciones si hubieran conocido la situación de insolvencia de la entidad? O bien, ¿habrían pagado ese precio? La respuesta es evidente: No. Y, por tanto, si compraron, y lo hicieron a ese precio es porque fueron víctimas, digámoslo claramente, de un engaño, que podría reunir todas las características del ilícito penal si se llegara a demostrar que se perpetró con la intención de defraudar.

La única diferencia entre los que suscribieron las acciones en la OPS y nunca vendieron, y los que suscribieron y vendieron luego en bolsa antes de la reformulación de las cuentas, es que en este segundo caso el perjuicio económico producido por el engaño se divide entre dos víctimas, el suscriptor y el comprador, mientras que en el primer caso el perjuicio íntegro lo sufre el suscriptor. Pero el causante del engaño debe responder de todo el daño causado.

Imagen| Bankia

 

 

RELACIONADOS