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De nuevo, España y la corrupción

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Esta vez no ha sido ni Bárcenas, ni las tarjetas black, ni la Operación Púnica, sino que hablamos de corrupción debido a que España no ha visto cumplidas las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción, en adelante GRECO, exigió a nuestro país en relación con la lucha contra la corrupción. El informe emitido por dicho organismo ha confirmado que España ha incumplido 9 de las 15 recomendaciones y ha concluido que debemos adoptar medidas urgentes ante los numerosos escándalos relacionados, concretamente, con la financiación irregular de los partidos políticos.

Antes de pasar a analizar el contenido del informe del GRECO, es interesante definir qué es y sus principales funciones. El GRECO fue creado en 1999 con el fin de mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional. A tal fin, vela por el respeto de las normas establecidas en los 20 principios rectores de lucha contra la corrupción y en dos Convenios del Consejo de Europa: el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción y el Convenio de Derecho Penal contra la Corrupción. La evaluación de su cumplimiento se lleva a cabo mediante un proceso dinámico de evaluación mutua, cuyo objeto es la identificación de las lagunas existentes en las políticas nacionales anticorrupción y la propuesta de reformas legislativas e institucionales.

Volviendo a lo que nos interesa, y hablando de España la corrupción prima sobre cualquier otra materia en lo que a preocupación de los ciudadanos se refiere, el informe hace especial hincapié en que Dado el número de escándalos en materia de financiación irregular de partidos políticos que han sacudido el sistema político español en los últimos años, es de vital importancia para la credibilidad y la eficacia del sistema que las autoridades españolas tomen medidas inmediatas en este ámbito y logren mejoras tangibles sin demora”.

Si bien es cierto que hay muchos aspectos que han sido resueltos de materia satisfactoria, otros no. En lo referente a los jueces, recomienda que la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura (presidentes de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales) establezca criterios objetivos de independencia, imparcialidad y transparencia.

En lo relativo al nombramiento de fiscales, el GRECO pide a España que “reconsidere” el método de selección y el tiempo de permanencia en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado y que “aumente” la transparencia de los canales de comunicación entre el fiscal general y el Gobierno.

Por último, en el caso de los diputados y senadores, al igual que para los jueces y fiscales, el informe solicita la elaboración de un código de conducta fácilmente accesible para el público y la introducción de normas que regulen la relación entre los miembros de las Cámaras y los grupos de presión que tratan de influir en el proceso legislativo.

En definitiva, mayor transparencia que permita acabar con sobornos y abusos de poder, y con el control de la financiación local de los partidos políticos, algo que en nuestra actual España, parece impensable.

Vía | El Mundo

Imágenes |Coto de corruptos

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