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De las notificaciones

Con la reciente eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey por la alineación de un jugador que tenía pendiente el cumplimiento de una sanción, no son pocas las voces que han opinado al respecto, ignorando, sin embargo, una institución jurídica tan importante como es la de la notificación, especialmente en resoluciones de contenido sancionador. Y es que resulta verdaderamente kafkiano que el debate suscitado gire en torno a elementos ajenos al Derecho, especialmente cuando aquellos que ningunean el papel de las notificaciones son aquellos que habrán de resolver la cuestión planteada.

Se dice que una situación es “kafkiana” cuando es absurda, o asfixiante, perteneciente o relativa al universo angustioso y opresivo descrito por Kafka en la novela “El proceso”. En ella, un empleado bancario llamado Josep K. es detenido, interrogado y sometido a la pesadilla de un largo procedimiento judicial, del que desconoce incluso qué tribunal va a juzgarlo, quiénes son los jueces, de qué se le acusa y en qué fase del procedimiento se encuentra. No puede defenderse porque no puede dirigirse cara a cara al juez que instruye el caso ni al fiscal que lo acusa. Finalmente, se dicta sentencia de la que ignora su contenido y las posibilidades de recurrir a una instancia superior y los plazos del recurso. La expresión “situación kafkiana” describe, por consiguiente, el supuesto de falta de notificación llevado al extremo por la genialidad creativa de Franz Kafka.

La notificación es una garantía básica del derecho sancionador que consiste en poner de manifiesto al sujeto infractor los hitos principales del procedimiento sancionador, es decir, el inicio del procedimiento por causa de la presunta comisión de unos hechos determinados, la apertura del trámite de audiencia y la resolución motivada del expediente con indicación de los recursos y sus plazos.

La notificación encuentra su cimiento jurídico en el Art. 24 de la Constitución Española (CE) que dice:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Es decir, las notificaciones forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva y constituyen uno de los elementos esenciales del derecho a la defensa de cualquiera de nosotros y una de las piedras angulares de todo procedimiento sancionador. Pero más allá de su cimentación constitucional, las notificaciones tanto en su fondo como en su forma, se encuentran ampliamente desarrolladas en las distintas áreas de nuestro ordenamiento jurídico.

Los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 establecen el lugar y la forma en que deben de notificarse los actos administrativos a sus interesados. El Art. 58 recoge los requisitos que debe reunir la notificación entre los que se encuentran el de contener la resolución íntegra, informar sobre los posibles recursos que se pueden interponer frente a ella o los órganos ante los cuales se puede interponer el correspondiente recurso. A continuación, el Art. 59 señala cómo ha de practicarse esta notificación; esto es, la forma en que ésta habrá de hacerse llegar al interesado y en qué lugar. Añade además el Art. 59 en su apartado número cinco, cómo habrá de procederse en caso de desconocerse el lugar de notificación e incluye la posibilidad de notificacar a través del correspondiente Boletín Oficial en aquellos casos en los que se ha intentado notificar personalmente pero no se ha conseguido. A continuación los Arts. 60 y 61 acotan el ámbito de las notificaciones a través de publicación en Boletines Oficiales para casos de interés general y limitan su efectividad en aquellos supuestos en los que la notificación a través de publicación, pudiera lesionar derechos o intereses legítimos. Además, el Art. 63, consagra la anulabilidad de los actos que carezcan de alguno de sus elementos formales como son las notificaciones.

Es decir, la Ley 30/1992 nos explica cómo y dónde ha de realizarse la notificación, cómo ha de procederse si se desconoce el lugar de notificación y qué consecuencias jurídicas acarrea su falta.

Pero es importante aclarar que esta cuestión no pertenece exclusivamente al ámbito del Derecho Administrativo. Por ejemplo, el Art. 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) explica en qué forma habrá de practicarse la notificación de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho Privado so pena de declararse nulas las que no cumplieran con lo preceptuado por la Ley (Art. 166 LEC). En idéntico sentido se pronuncia la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en su Título VII y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el Capítulo III del Título IV del Libro I. Además la Ley Orgánica del Poder Judicial consagra lo ya expuesto en sus artículos 270, 271 y 272.

Consecuentemente, podemos afirmar que la notificación que informa al interesado sobre la conclusión de un procedimiento y sobre su contenido es un elemento clave que forma parte del derecho a la defensa y cuya amplia cobertura legal persigue evitar la indefensión de los interesados. Puede deducirse de lo visto hasta ahora, que la omisión o nulidad de la notificación no provoca la nulidad del acto que es objeto de notificación, no obstante, es condición indispensable para su eficacia. Y supone también que sólo a partir de la correcta notificación es posible computar el plazo para la impugnación.

Y es que algunas de las consecuencias más importantes sobre la correcta notificación de una sanción o de cualquier resolución que ponga fin a cualquier procedimiento es que a partir de entonces empieza a correr el plazo para interponer recursos. Sin una adecuada notificación, el interesado jamás sabrá cuáles son las consecuencias del procedimiento que se abrió contra él ni cuál ha sido su argumentación jurídica o el contenido de la resolución que haya dictado la autoridad administrativa o judicial competente. Es decir, una notificación defectuosa o la inexistencia de la misma, dejaría en situación de indefensión al interesado; es evidente que si el interesado no recibe notificación alguna, le será imposible interponer un recurso con el que proteger sus intereses y una notificación defectuosa limitaría notablemente sus posibilidades de defensa.

En relación con la interposición de recursos, resulta especialmente ilustrativa la Sentencia 91/2002 de 22 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. En ella, el Tribunal declara haberse vulnerado el derecho de acceso a los recursos -que forma parte del derecho a la tutela Judicial efectiva (Art. 24.1 CE)- pues la defectuosa notificación de una Sentencia que le fue realizada únicamente al procurador y no a la parte, constituyó una vulneración del Art. 160 LECrim. Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional declaró nulo el Auto de inadmisión a trámite del recurso e instó al Tribunal a resolverlo. Es decir, el Tribunal Constitucional establece  que  la  finalidad  de  la  notificación es la de informar al interesado del contenido íntegro de la resolución de manera que permita formular alegaciones o interponer los recursos oportunos protegiendo así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y salvaguardando el derecho de defensa.

Una vez examinada la figura de la notificación, el papel que juega en los diferentes procedimientos y señaladas las consecuencias de su buena o mala práctica, ha quedado acreditado el rol fundamental que, entre otros procedimientos, está jugando la notificación en la sanción impuesta al Real Madrid y que a menudo ignoran hasta los propios actores jurídicos. Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, el Tribunal Administrativo del Deporte, en su resolución 415/2015 bis de 28 de diciembre resuelve desestimar el recurso interpuesto por el Real Madrid, negándole a las notificaciones, como acabamos de examinar, el papel que le concede nuestro ordenamiento jurídico, manifestando lo siguiente en su Fundamento Jurídico Noveno:

“Por ello, en el presente caso, vista la resolución completa, parece que el autor y destinatario de la sanción está identificado y puede cumplirse la finalidad de la notificación. A pesar de que la fórmula utilizada no haya sido la más conveniente, no puede tampoco afirmarse que la notificación por este sólo hecho sea ilegal o inválida.”

Por todo lo expuesto, sería conveniente que los medios de comunicación y sobre todo la justicia deportiva le dieran a la figura de la notificación la relevancia que le corresponde y dejaran de jugar al fútbol con el Derecho pues a menudo, tratando de hacer justicia acaban generando una atmósfera kafkiana.

 

Vía| Alberto Palomero

Imagen| Cheryshev

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