Historia 


De la Revolución al Imperio: Napoleón y la nobleza imperial (V)

Retomamos la cuestión donde la dejamos.

2º) La cuestión del estatuto jurídico singular

Arribamos aquí a una de las cuestiones más relevantes de nuestro análisis. Sin embargo, antes de abordarla, debe hacerse un pequeño excurso que dé pleno sentido al examen que nos proponemos. Hasta aquí no nos hemos preguntado cuál es el concepto exacto de nobleza imperante en Europa a principios del siglo XIX, siendo su contenido indispensable para poder determinar con criterio si la nobleza imperial creada por Bonaparte podía considerarse o no tal más allá del nombre.

La nobleza es una institución de origen medieval cuyas raíces se hunden en el periodo del Bajo Imperio Romano (284 a 476 d.C.), cuya construcción progresiva a través del tiempo le confiere unos caracteres no siempre netos y que se prestan fácilmente a la confusión conceptual. No siendo el objeto de éstas líneas tal disquisición –a día de hoy aún discutida por la doctrina- nos limitaremos a traer a colación el interesante resumen ofrecido por el Dr. ALVARADO PLANAS [1]. Siguiendo a BLOCH, ALVARADO PLANAS sintetiza el concepto de la nobleza medieval en la concurrencia de tres características:

(i) Reconocimiento de un estatuto jurídico privilegiado, es decir la diferenciación por parte del ordenamiento jurídico a una parte de la población sometida a su imperio de una serie de derechos y obligaciones distintos de los reconocidos a la población en general (la aristocracia de derecho, por contraposición a la aristocracia de hecho).

(ii) Reconocimiento del derecho de ese grupo a transmitir su estatuto jurídico a su descendencia (aristocracia de sangre).

(iii) Existencia de una cierta cultura caballeresca, que instituye a la nobleza como depositaria y guardiana de los valores esenciales de la sociedad, una función trascedente a la sociedad (un ethos especial). Según BLOCH, ésta sería la característica particular de la nobleza medieval, que la distinguiría de las aristocracias del mundo antiguo.

Por supuesto, los fenómenos propios de la Edad Moderna, representativos de la quiebra de la Cristiandad (la fractura religiosa traída por el protestantismo, la aparición del Estado como modo y forma de organización de la comunidad política…) alteraron la configuración de éstas características, propias del mundo medieval que las vio nacer y que iba naufragando poco a poco entre el oleaje de la Modernidad. A pesar de ello, y de la decadencia de la institución nobiliaria con el paso del tiempo (especialmente a causa del surgimiento de la estatalidad), parece que en lo esencial se mantienen estas características, al menos a los efectos de diferenciarla como grupo social específico.

Sentado lo anterior, procede ahora examinar si la nobleza imperial reunía estas características, dedicando este apartado al examen de la primera, la existencia de un estatuto jurídico singular. Si examinamos la nobleza medieval, observamos que ésta gozaba generalmente de privilegios tanto fiscales como procesales. Fiscales, por estar exenta del pago de tributos directos, entendiéndose que contribuía al sostenimiento del reino con el llamado impuesto de sangre (la obligación de ir a la guerra al ser llamados por el rey). Procesales, por gozar de ciertas inmunidades al ser juzgados por causas civiles o criminales, como la prohibición de aplicarles tormento, la obligación de que su causa fuese comunicada al monarca o el derecho a ser juzgado por un tribunales especial conformado por sus pares.

No encontramos nada semejante en la configuración de la nobleza imperial, si bien gozaba de ciertas prerrogativas menores. Así, el examen de su regulación (decreto de 30 de marzo de 1806, senadoconsulto de 14 de agosto de 1806, decretos de 1 de marzo de 1808 y decreto de 4 de mayo de 1809) no revela ningún privilegio, excepción o inmunidad fiscal o procesal, sino una serie de prerrogativas honoríficas –salvo por lo referente al mayorazgo-.

Por ello, los escuetos privilegios de la nobleza imperial pueden recapitularse de la siguiente manera:

2.1. Privilegios protocolarios: prerrogativa de lucir escudo de armas y de tratamiento de cortesía.

En la línea del atavismo que le caracterizaba, Bonaparte restauró los tratamientos, formalidades y simbolismos propios de la monarquía tradicional (muchas veces ordenándolos y racionalizándolos), pompa que conformaba en gran parte los privilegios de la nobleza imperial.

Los escudos de armas (les armoiries)

El mencionado Estatuto Imperial de 1 de marzo de 1808 restablecía los escudos de armas (prohibidos por decreto de 19 de junio de 1790) y regulaba su disposición, colores y configuración según las categorías de nobleza [2]. La obsesión por la sistemática y la regulación detallada de la materia, tan característica de la legislación napoleónica (que había inspirado años antes el movimiento de la Codificación que culminó con el Código Civil de 1804 –todavía en vigor hoy día en Francia-) quedó de nuevo plasmada en la reglamentación de los escudos de armas. Se dejaba atrás la anarquía de colores, formas y símbolos que caracterizaba a los escudos de armas del antiguo régimen.

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Escudo de armas de Napoleón Bonaparte.

Como detalle de interés, nótese que Bonaparte se opuso frontalmente a la inclusión de coronas en los escudos de armas (salvo en su propio escudo y en los de los príncipes), siendo sustituida normalmente por un fardo de plumas (entre una y siete, en función de la importancia del titular).

Finalmente, los colores del titulado podían ser portados en librea por sus sirvientes (si bien fueron los casos en los que se hizo uso de esta facultad) y eran de obligatoria exhibición en el exterior de las casas solariegas de los grandes del Imperio.

 El tratamiento protocolario (le prédicat nobiliairie)

Cada título llevaba aparejado, en función de su elevación en la jerarquía que se dirá después, un tratamiento protocolario a observar al dirigirse a un noble del Imperio. La lista de tratamientos es la siguiente:

(i) El Emperador de los franceses: Su Majestad Imperial (Sa Majesté Impériale) o menos formalmente, Sire [3];

(ii) Los príncipes franceses: Su Alteza Imperial (Son Altesse Impériale);

(iii) Los príncipes Grandes Dignatarios del Imperio: Su Alteza Serenísima (Son Altesse Sérénissime);

(iv) Los duques: Su Excelencia (Son Excellence);

Además, el Emperador concedía a los príncipes, duques y mariscales (en éste caso, fueren o no titulados) el honor de dirigirse a ellos como «primo» (cousin), tradición esta heredada del Antiguo Régimen.

 El juramento (le serment)

Aprovechando el examen de la pompa propia de la nobleza imperial, nótese que al ser creados, los nobles debían prestar juramento de fidelidad al Emperador mediante la siguiente fórmula:

«Juro ser fiel al Emperador y a su dinastía, obedecer las constituciones, leyes y reglamentos del Imperio, servir a Su Majestad como buen, leal y fiel súbdito, criar a mis hijos guiado por los mismos sentimientos de fidelidad y obediencia, marchar a la defensa de la patria siempre que su territorio sea amenazado, o cuando Su Majestad mande los ejércitos[4]

Con este juramento, que recuerda fuertemente al homenaje prestado por los creados nobles a su benefactor, los recién creados nobles del Imperio adquirían de pleno derecho su título. La única diferencia reseñable es que los príncipes y los duques prestaban juramento posando sus manos entre las del Emperador, y el resto entre las del dignatario nombrado al efecto por Bonaparte.

2.2. Los privilegios económicos: las pensiones dotales.

Los títulos creados por Bonaparte tampoco llevan aparejada la propiedad de las tierras de las que recibían el nombre [5], ni confieren el derecho a percibir rentas generadas por dichos territorios (por ello los títulos se acompañaban de dotaciones imperiales variables en su cuantía en función de la jerarquía del título). Estas dotaciones (traitements) consistían en:

(i) Príncipes de sangre: 1.000.000 francos anuales;

(ii) Duques: 200.000 francos anuales;

(iii) Condes: 30.000 francos anuales;

(iv) Barones: 15.000 francos anuales;

(v) Caballeros: 3.000 francos anuales.

La finalidad de estas dotaciones (al igual que la obligatoriedad del mayorazgo) era evitar el empobrecimiento de la nobleza, como había sucedido en los últimos años del antiguo régimen (y que dio lugar a la convocatoria de los Estados Generales de 1789 que acabó degenerando en revolución). Es de destacar que la mayor parte de estas dotaciones provenían de las rentas generadas por tierras de la Corona Imperial (y no de las concedidas ocasionalmente a los recién titulados) situadas en los países conquistados (TULARD estima entre un 60% y un 70%). Sin embargo, las cantidades fijadas por ley se revelaron fantasiosas desde el primer momento, y en muy pocos casos las dotaciones llegaron a cobrarse en su integridad. Como contrapartida curiosa –y reveladora del firme deseo de Napoleón de mantener a sus nobles cerca, donde pudiera controlarlos al estilo de Luis XIV-, el Emperador obligó a los príncipes y duques a tener una residencia en París. Así, el Estatuto de 1808 relativo a títulos y mayorazgos establece que los príncipes, duques, condes y barones estaban obligados a tener una casa solariega (manoir) ubicada en distintos lugares en función de su importancia:

(i) Los duques y príncipes debían establecer necesariamente su casa solariega en la “buena ciudad de París”, debiendo inscribir en la entrada que se trataba del «Palacio del Príncipe/Duque de X».

(ii) Los condes debían establecerla en una capital de departamento (división territorial surgida de la revolución, semejante a las provincias, y que perdura hoy día en Francia). También podían establecerla en París, pero en tal caso no estarían autorizados a inscribir en la entrada su título, salvo por permiso especial del Emperador, únicamente otorgado cuando las rentas del mayorazgo superasen los 100.000 francos.

(iii) Los barones debían establecerla en una capital de distrito o de cantón (circunscripción administrativa francesa sin equivalente español). De erigirla en París, estaban sometidos a las mismas restricciones y condiciones que los condes.

(iv) Los caballeros estaban autorizados a gozar de casa solariega, pero dispensados de obligaciones especiales.

En la siguiente entrega de esta serie liquidaremos el examen de los privilegios de la nobleza imperial analizando la institución del mayorazgo, para después de proseguir con la explicación de las características de la aquella.

Vía| Napoléon et la noblesse d’Empire, Jean Tulard (Bibliothèque Napoléonienne, 2001); Napoléon et la noblesse impériale, Jérôme-François Zieseniss; Napoléon, Max Gallo (Ed. Pocket, 1997); Orígenes de la nobleza en la alta edad media, Javier Alvarado Planas.

Imagen| Escudo de armas de Napoléon Bonaparte

En QAH| De la Revolución al Imperio: La Nobleza Imperial 

[1] ALVARADO PLANAS, Javier. Orígenes de la nobleza en la alta edad media. Anuario de Historia del Derecho 76 (2006), pp. 439-459.

[2] Nótese que sólo la nobleza imperial gozaba de este derecho, quedando vetado a la vieja aristocracia (salvo en los casos en los que el Emperador confirió a sus miembros títulos imperiales, c.f. más adelante).

[3] Es de notar que, mientras el tratamiento mayor (Su Majestad) implica el uso de la tercera personal del singular, el menor (Sire) debe emplearse con la segunda persona del plural.

[4] Traducción del autor en base al texto en francés proporcionado por J. Tulard en op. cit., p. 105.

[5] Si bien es cierto que en los primeros años tras 1808 las titulaciones iban acompañadas de concesiones de tierras, en su mayoría radicadas en territorio conquistado.

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