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De la huelga y las penas

El derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el art. 28 del capítulo segundo del título primero de la Constitución de 1975. Es decir, se encuentra entre los derechos fundamentales de mayor protección del ordenamiento, con una protección equiparable a otros derechos como la vida (art. 15), la libertad ideológica (art. 16), el honor (art. 18), la libertad de expresión (art. 20.1) o la presunción de inocencia (art. 24). Además, este derecho está reconocido en tratados internacionales ratificados por España como el Pacto por los derechos económicos y sociales de 1966 (art. 8) y la Carta Social Europea de 1961 (art. 5).

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No obstante, el derecho de huelga no es ilimitado. Sus límites derivan no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente protegidos (STC 11/1981). En particular, debe respetarse la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga (art.6.4 RDL 17/1977), y el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

La mañana del día en el que se publica este artículo se está juzgando a ocho trabajadores de la empresa Airbus por su participación en una huelga general de 2010. Uno de los motivos del juicio es la presunta comisión de un delito de un delito de «limitación a la actividad sindical», regulado en el art. 315.3 del Código Penal, que está incluido en el título XV rotulado como «los delitos contra los derechos de los trabajadores». Este artículo establece lo siguiente:

«1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

3. Quienes actuando en grupo o individualmente , pero de acuerdo con otros , coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga , serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses .»

La redacción actual de este artículo tiene su origen en el anterior art. 496 CP introducido en la reforma del Código Penal de 1979. No obstante, el origen histórico del tipo penal, denominado anteriormente «delito de piquete de huelguistas» data del Código Penal aprobado durante la dictadura de Primo de Rivera en el año 1928. Desde 1979 el precepto ha sido modificado ligeramente por el artículo único 169 de la LO 1/2015, de 30 de marzo, pero su redacción sigue siendo fundamentalmente la misma.

Como ocurre frecuentemente con la política legislativa jurídico penal, la pervivencia de este artículo ha suscitado varias críticas. Algunas defienden la reforma o incluso la derogación de este artículo.

Los profesores Baylos y Preciado Domenech han señalado la desproporción del artículo, y proponen su reforma basándose fundamentalmente en tres razones:

1) El precepto está dirigido a disuadir el ejercicio de un derecho fundamental, lo cual resulta inapropiado en un código penal de una democracia.

2) No es necesario un precepto específico, ya que la conducta tipificada ya está penada a través de los artículos 172 y 620.2 CP que tipifican el delito de coacciones.

3) La norma es desproporcionada, puesto que castiga con más gravedad esta conducta que otras más reprochables tales como la del homicida imprudente (artículo 142.1 CP); la del agresor sexual (artículo 178 CP), la del que comete abusos sexuales con menores (artículo 183.1 CP), la del que coacciona a otro para impedir que ejerza un derecho fundamental (artículo 172 .1 pfo 2 CP), la del reo que ha incurrido en delito de robo con fuerza en casa habitada (artículo 241.1 CP) o la del reo de robo con violencia o intimidación (artículo 242 CP)

De esta manera, este grupo de profesores defienden una reforma legislativa que equipare la tutela negativa del derecho de huelga con la positiva.

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“Strikebreakers” (1971) de Thomas Hart Benton

En sentido contrario, los fiscales Díaz Torrejón y Valverde Megías propugnan la pervivencia de esta figura penal apreciando que debe existir una respuesta penal cualificada ante los ataques a la libertad de los trabajadores que se desarrollan en el marco de un conflicto laboral pero bajo coacción y por tanto fuera del amparo del derecho a la huelga. Además, este delito reviste unas notas adicionales de gravedad , tales como la actuación en grupo o el perjuicio que puede derivar no solo para el trabajador directamente afectado y privado de su derecho al trabajo sino también para la empresa cuyos trabajadores resultan violentados.

Sin duda está claro que se trata de un precepto que genera una cierta controversia y que quizá por ello debería ser modificado en aras de alcanzar un mayor consenso.

Más información| Baylos

Imagen| “Strikebreakers” y protesta

QAH| El derecho de huelga en la constitución española

 

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