Jurídico 


De la dictadura constitucional: el artículo 16 de la constitución francesa (III)

Retomamos la cuestión donde la dejamos, prosiguiendo el análisis de la dictadura constitucional francesa. En suma, y si seguimos la teoría de Carl Schmitt (soberano es quien decide sobre el estado de excepción), la soberanía sería momentáneamente arrogada por quien la representa (cuando su titular es el pueblo, ex art. 3 de la CF), que por no ser titular de la misma, debe considerarse mero tenedor o comisario (dando nombre a la institución dictatorial). De hecho, y siguiendo a este insigne autor, en esta indefinición apriorística de la causa habilitante y en esta gran discrecionalidad al decidir se encuentra la sustancia del dogma de la soberanía (poder originario y supremo de mandar). Schmitt argumenta que, por un lado, es a priori imposible enumerar con exactitud todos los casos que representan una amenaza de entidad suficiente para el orden político, y que, por otro lado, es inasumible citar taxativamente algunos supuestos en la norma e impedir el uso de los restantes posibles como fundamento de una decisión de excepción (pues esto podría llevar a la perdición del orden político por parálisis). Así sostiene que debe asegurarse un grado de apreciación (discrecionalidad) suficiente para que la misma autoridad que declare la existencia de una situación de excepción pueda valorar si concurren o no las condiciones que dan lugar a la misma.

Dada la superior importancia que tiene la apreciación de estas condiciones, el Consejo de Estado francés decretó en su sentencia [1] Rubin de Servens (de 2 de mayo de 1962) que la atribución de los poderes excepcionales es «un acto de gobierno del cual no puede evaluar la legalidad el Consejo de Estado, ni tampoco le corresponde controlar la duración de su aplicación». En otras palabras, se trata de un supuesto de acto político, es decir actuaciones de naturaleza mixta jurídico-política cuyo sustrato (el motivo de la decisión) no puede ser fiscalizado por los órganos jurisdiccionales, que a lo sumo deberán examinar si se cumplen los requisitos formales para su ejecución, sin entrar en el fondo de la cuestión (esta doctrina es avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles).

Utilización del artículo 16

Hasta la fecha, el párrafo de la dictadura sólo ha sido utilizado en una sola ocasión, durante la asonada de cuatro generales, que, sintiéndose abandonados en Argelia por la política del Presidente de Gaulle de negociar la paz con el Frente de Liberación Nacional (rebeldes argelinos), intentaron dar un golpe de Estado en la primavera de 1961 (el llamado «Putsch de los Generales»). Decretada la grave amenaza para las instituciones de la nación (en este caso, la Presidencia de la República), el Presidente de Gaulle decretó la activación del art. 16 el 23 de abril, dictando a su amparo un total de 18 decretos de excepción limitadores de los derechos y libertades individuales y colectivos. La dictadura constitucional duró hasta el 29 de septiembre de ese mismo año.

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General R. Salan, uno de los cuatro cabecillas del Putsch de los Generales y fundador de la OAS.

Desde entonces, el art. 16 no ha vuelto a ser empleado, y numerosas voces, especialmente surgidas de entre la izquierda francesa, se han levantado pidiendo constreñir el tenor del precepto, cuando no su supresión total. El ya fallecido presidente F. Mitterand criticó duramente la institución de los plenos poderes constitucionales en su ensayo El golpe de Estado permanente (1964), si bien se retractó de su tesis en los años 90, y los candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones de 2007 S. Royale y F. Bayrou hicieron bandera de su abolición en sus campañas electorales.

Diferenciación con otras figuras

No debe confundirse la figura de la dictadura comisarial con otras instituciones del derecho de excepción, tales como la suspensión de derechos y libertades a causa de los estados de excepción, alarma y sitio. Como hemos visto, la dictadura comisarial se caracteriza por su práctica ilimitación material (la constitución que la habilita no lista los derechos y libertades que puede suspender o limitar) y temporal (no precisa término de la situación dictatorial, aunque ésta sea per se transitoria). En el propio ordenamiento jurídico francés coexisten con el art. 16 las figuras típicas del derecho constitucional; las situaciones de urgencia (état d’urgence, Ley 55-985 del 3 de abril de 1955) y de sitio (état de siège, art. 36 de la CF), muy similares a las situaciones de alarma, excepción y sitio que regula la constitución española de 1978. Éstas no consisten en la previsión constitucional o legal de una magistratura excepcional de dictadura a la romana (no se trata de conferir un poder prácticamente ilimitado a un sujeto) sino de tres supuestos definidos con causas habilitantes acotadas (en forma de supuestos tasados o numerus clausus), provistas de limitación temporal y que incluyen una lista cerrada de los derechos y libertades que pueden suspenderse o limitarse en cada caso, dando lugar a un régimen de excepción mucho más limitado que el de la dictadura constitucional.

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico patrio, la constitución de 1978 no prevé la figura de una dictadura constitucional, sino que se limita a regular en su artículo 116 las figuras de los estados de alarma, excepción y sitio (precepto desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio) como mecanismos para superar situaciones excepcionales que impiden una respuesta eficaz por parte del ordenamiento ordinario. Con diversos requisitos, plazos y pudiendo afectar a distintos derechos y libertades (eso sí, siempre tasados) configura tres instituciones de derecho excepcional cuyos detalles pueden ser consultados en el artículo especialmente dedicado a ellas por mi compañera Pilu González-Garilleti Fernández en estas ilustres páginas.

Vía| Constitution française de 1958, Teología Política (C. Schmitt), De la dictadura (C. Schmitt), Las 48 leyes del poder (R. Greene), De legibus (M.T. Cicerón), El Presidente de la República en la constitución francesa de 1958 (Juan J. Trías) (Revista de Estudios Políticos, nº 143, septiembre/octubre 1965).

[1] Recordemos que el Consejo de Estado francés, a diferencia de su homólogo español, es órgano consultivo y jurisdiccional, como cúspide de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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