Jurídico 


De la dictadura constitucional: el artículo 16 de la constitución francesa (II)

Retomamos la cuestión donde la dejamos, prosiguiendo el análisis de la dictadura constitucional contenida en el art. 16 de la constitución francesa de 1958.

Causa habilitante

De acuerdo con el análisis que hace Juan J. Trías [1] del párrafo de la dictadura, debe cumplirse un doble requisito (lo que la doctrina constitucionalista denomina causa habilitante) para que éste cobre pleno vigor:

         i. Amenaza grave e inmediata a las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales; y

          ii. Interrupción en el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales.

Es decir, no es suficiente que surja una amenaza de entidad bastante para los bienes supremos del ordenamiento (mera situación), sino que además esta debe impedir el funcionamiento normal de las instituciones ordinarias, dejando al ordenamiento sin respuesta posible (lo que exige un cierto resultado) ante un peligro inminente. La segunda condición no figuraba en el proyecto constitucional originario, sino que fue introducida a causa del revuelo generado por la posibilidad de abrir las puertas a una dictadura constitucional sin apenas condiciones.

Control

A propósito de la fiscalización del ejercicio de esta potestad tan singular, puede decirse que es más bien exiguo, y debe ser examinado en tres fases:

Decreto de declaración y aplicación de la situación de excepción

La primera fase consiste en la apreciación de las circunstancias que dan lugar a la atribución de poderes excepcionales y la forma en que debe llevarse a cabo. Respecto del fondo, la decisión reposa sobre conceptos jurídicos indeterminados (amenaza grave e inmediata, interrupción del funcionamiento regular), cuya constatación corresponde además al mismo Presidente que decreta la decisión de excepcionalidad, quien dada dicha amplitud e indeterminación goza de gran discrecionalidad en su actuación. En cuanto a la forma, el Presidente únicamente se ve constreñido por la obligatoriedad de solicitar el parecer no vinculante del Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras legislativas y el del Consejo Constitucional (equivalente de nuestro Tribunal Constitucional) y de anunciar su propósito a la nación mediante un mensaje (cuyo plazo y forma no se precisan). Es decir, el Presidente puede por su propia autoridad y sola voluntad, sin requerirse el consentimiento ni aprobación de ningún otro órgano público, arrogarse los plenos poderes y erigirse en dictador constitucional. Como puede observarse, los requisitos formales son tan nimios que hacen radicar la totalidad de la decisión en el Presidente, sin que exista control real alguno sobre ésta. A lo sumo, el parecer contrario de las autoridades consultadas podría servir de límite moral a la decisión del Presidente, quien podría ser acusado de un «golpe de Estado constitucional» (lo que constituye toda una paradoja). Las únicas garantías que exige la CF son la prohibición taxativa al Presidente de que disuelva la Asamblea Nacional (potestad de la que goza en situaciones de normalidad) y la exigencia de que el Parlamento se siga reuniendo de forma normal, lo que podría llevar a que las Cámaras acusasen al Presidente de alta traición (arts. 67 y 68) por violación manifiesta de la Constitución (lo que no parece empresa fácil a la vista de la indefinición que hemos señalado), única excepción al carácter inviolable e irresponsable del Presidente en ejercicio de sus funciones (art. 68 de la CF).

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Bandera francesa bajo el Arco del Triunfo de París (fotografía de Philippe Wojazer, AFP).

 

Medidas excepcionales adoptadas

Declarada la aplicación del art. 16, el Presidente, erigido en auténtico dictador constitucional, goza de potestad para dictar cualesquiera «medidas exigidas por las circunstancias», lo que no limita en modo alguno las materias que quedan excluidas de su poder de decisión (si bien la mayoría de los constitucionalistas están de acuerdo en que la reforma constitucional queda fuera de este poder), ni los derechos que pueden o no pueden limitarse o suspenderse [2]. Tampoco limita la exigencia de que dichas medidas «deban estar inspiradas por la voluntad de asegurar a los Poderes públicos constitucionales», tan amplia y difusa como carente de utilidad a efectos de control, salvo en los casos más flagrantes. Así, el poder atribuido al Presidente se revela como omnímodo y carente de marco limitativo, lo que no suele suceder en los distintos ordenamientos nacionales de los estados de excepción (y análogos), que sí suelen limitar en lo material y en lo temporal el alcance de los poderes excepcionales.

En el único caso de aplicación del art. 16, en 1961, el Presidente de Gaulle adoptó varios decretos y ordenanzas sobre las más variadas materias, entre otros y por ejemplo:

  i. Ampliación del plazo de detención previa a la puesta a disposición del juez de 5 a 15 días;

ii. Modificación del código procesal penal;

iii. Destitución de generales y oficiales superiores, pérdida de grado, empleo, sueldo y pensiones;

iv. Constitución de un Alto Tribunal Militar, tribunal de excepción encargado de juzgar los actos de rebeldía, composición del mismo y reglas de procedimiento; o

v. Censura de cualquier documento o comunicación que ayudase a la rebelión.

 

Decreto de cese de la aplicación del art. 16

De la misma forma corresponde al Presidente decidir cuándo han desaparecido las causas que dieron lugares a la atribución de sus plenos poderes (con idéntica discrecionalidad de la que goza al decretar su existencia), dado que la CF no dispone de plazo máximo alguno [3].

Bien es cierto que la reforma constitucional del 23 de julio de 2008 introdujo el último párrafo del artículo, estableciendo un cierto control (cuyo alcance exacto no queda demasiado claro) una vez trascurridos 30 y 60 días de dictadura constitucional, pero ello no limita en modo alguno la decisión de declarar la situación de excepción ni las medidas que durante esos 30 o 60 días puedan tomarse, ni el plazo máximo que puede llegar a durar la magistratura dictatorial. Tampoco deja clara la naturaleza exacta de esa revisión del Consejo Constitucional (si se trata de un dictamen o sentencia vinculante o no).

En el próximo y último número de este artículo recordaremos el único caso en que llegó a aplicarse el art. 16 y esbozaremos una breve distinción de figuras jurídicas próximas a la dictadura constitucional.

Vía| Constitution française de 1958, Teología Política (C. Schmitt), De la dictadura (C. Schmitt), Las 48 leyes del poder (R. Greene), De legibus (M.T. Cicerón), El Presidente de la República en la constitución francesa de 1958 (Juan J. Trías) (Revista de Estudios Políticos, nº 143, septiembre/octubre 1965).
Imagen|Bandera francesa

[1] Juan J. Trías, El Presidente de la República en la constitución francesa de 1958 (Revista de Estudios Políticos, nº 143, septiembre/octubre 1965).

[2] El célebre artículo 48 de la Constitución de Weimar, equivalente al 16 CF, sin embargo sí contenía una lista de los derechos que podían limitarse o suspenderse en caso de situación de excepción declarada.

[3] Nótese que la dictadura constitucional romana sí tenía límite temporal: 6 meses.

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