Jurídico 


Cuestiones jurídicas sobre el aborto (II): la incoherencia legal

En la primera parte del artículo, habíamos visto cómo el actual sistema de plazos era abiertamente inconstitucional a la luz de la interpretación que había dado el propio Tribunal Constitucional en el año 85. Ahora pasaremos a hacer un pequeño análisis, esta vez desde una perspectiva algo más general, observando cómo se configura en la legislación española la figura del nasciturus y los derechos de sus progenitores.images

Primero de todo, por si alguien todavía no se había percatado de ello, hay que señalar que en la actualidad, con la ley en la mano; el Estado tiene la capacidad de obligar a alguien a ser padre, aun en contra de su consentimiento. Así es, de esta forma, en aras de la protección del menor y como no podía ser de otra forma, se prohíbe la renuncia a la patria potestad. Qué quiere decir esto, pues que si un hombre no quiere tener al niño, pero la mujer sí decide tenerlo, a pesar de que él se hubiera negado desde el principio, la ley le obliga a asumir sus responsabilidades como progenitor, esto es, contribuir a su mantenimiento hasta que sea mayor de edad, lo que además conlleva el traspaso de apellidos familiares, los derechos hereditarios, etc. No así en el caso de la madre, que es la única que puede ejercitar unilateralmente la interrupción de su embarazo sin tener en cuenta en lo más mínimo la opinión que el futuro padre pueda tener. Dicho esto, la siguiente pregunta es de obligado planteamiento. ¿Acaso no es injusto y no sería un atentado de primer plano contra el principio de igualdad que debe primar en nuestro ordenamiento, que el Estado otorgue la decisión final sobre un tema tan importante exclusivamente en manos de la mujer? ¿Por qué si el padre quiere tener el niño y la mujer no quiere, el Estado no garantiza el derecho del hombre a ser padre y poder hacerse cargo del bebé? Como vemos, la desproporción es sumamente descabellada, además de profundamente injusta. Los abanderados del aborto dicen defender la maternidad, pero ¿quién defiende entonces los derechos de paternidad del hombre? A fin de cuentas, un embarazo siempre es responsabilidad de dos personas, debería por tanto considerarse la opinión de ellas dos.

Precisamente aquí nos encontramos con otro de los puntos de inflexión que irremediablemente debemos cuestionar cuando hablamos de aborto y maternidad. Dos caras de la misma moneda. Estamos acostumbrados a escuchar que el aborto es el derecho de la mujer por antonomasia; derecho sacrosanto y en boca de algunos, incluso absoluto. La realidad es que si lo que se pretende es fomentar los derechos de la mujer, esto es, el famoso derecho a decidir, la ley debería no sólo apoyar a aquellas que decidan abortar sino fomentar el desarrollo de una maternidad responsable. El Estado debe garantizar que una mujer que desee ser madre pueda traer al mundo a su hijo en unas condiciones mínimas de dignidad. Mientras esto no esté recogido debidamente en nuestro sistema legal, no hay derechos de la mujer que valgan. Es tremendamente injusto que una mujer se vea abocada a abortar tan sólo porque no tiene recursos para ser madre. ¿Acaso esa mujer ya no tiene derecho a decidir como las demás? He aquí otro de los grandes paradigmas del tema del aborto que pone de manifiesto la falacia de la ley española. Si lo que se pretende de verdad es proteger a la mujer y respetar sus derechos, entonces deberán ponerse los medios  adecuados para que dicha decisión no sea en última instancia la opción desesperada de una mujer embarazada que se encuentra sola y sin recursos. Hasta que el Estado no garantice la opción de la maternidad, no podemos hablar de derechos de la mujer en general; pues estaríamos excluyendo del concepto a aquellas mujeres que no quieren abortar y no se les ofrece otra alternativa viable. Por desgracia, nuestra actual regulación no contempla ningún mecanismo de protección jurídica para éstas mujeres, las cuales quedan desprovistas de cualquier tipo de apoyo. Es decir, existe una desigualdad legal de facto con respecto a la decisión de ser o no madre. Además, desde una perspectiva estrictamente jurídica, tomando la interpretación que como habíamos visto realiza el TC sobre el nasciturus como bien jurídico digno de protección, lo lógico sería que el Estado diera prioridad al ejercicio del derecho a la maternidad sobre el ejercicio del aborto, que incluye tanto el apoyo a la mujer como la oportunidad de vida al concebido no nacido.

Dicho esto, ¿qué tal si la ley española protegiera con el mismo ímpetu los derechos a la maternidad y a la paternidad y el erróneamente llamado derecho al aborto? Más allá de estar o no favor del mismo, toca hacer un ejercicio de coherencia e igualdad jurídica. Saquen sus propias conclusiones.

Imagen ElGuijarroBlanco

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