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Cuestiones generales sobre la tasación de costas

Conviene comenzar este post situándonos en torno a qué se entiende por tasación de costas, cuándo opera en un proceso judicial y cómo se discute esta cuestión. Las costas no son más que los gastos del proceso que cada parte causa por el simple hecho de hacer funcionar el mecanismo de la tutela judicial. Y no, no se limitan a los honorarios de Abogado y Procurador de cada uno de los intervinientes, sino que incluyen otros muchos conceptos que a menudo entra en el olvido y conviene recordar (Art. 241 LEC):

1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas (véase artículo 23 y 31 LEC)

2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.

3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.

4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.

5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.

6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.

7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva.

Estando así las cosas, se parte del principio que establece la propia Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en que cada parte abonará las costas del proceso causadas a su instancia (exceptuando los beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita) para posteriormente contemplar las excepciones. Y en los procesos declarativos -los más comunes-  la excepción se vuelve regla general, pues en el orden civil de nuestro ordenamiento jurídico opera el llamado criterio del vencimiento objetivo, o lo que es lo mismo en términos coloquiales, “quien pierde, paga”. Esto es, en el momento en que exista una estimación íntegra o sustancial de la demanda interpuesta, será la parte vencida quien se vea obligada a afrontar los gastos del proceso. Esto resulta vital, pues supone que quien se vió obligado a acudir al amparo de los Tribunales de Justicia no cargue además con la merma económica de contratar los servicios de un abogado y procurador. Sino justo al revés: será el vencido, a costa de quien hubo que acudir al proceso judicial, quien sea condenado además a resarcir al vencedor con los gastos causados por ambas partes. Así se contempla en el artículo 394 LEC

Esta condena en costas, como es fácil suponer, no podrá cuantificarse hasta que no haya recaído sentencia firme en el proceso, pues será en el fallo de estas resoluciones donde se preverá la expresa condena en costas. Desde ese momento, podrá la parte vencedora promover al Juzgado la solicitud de tasación de costas. Este “procedimiento anexo” dentro del proceso judicial principal es dirigido no por el Juez, sino por el Letrado de la Administración de Justicia, y se caracteriza por su simplicidad, acortamiento de plazos en aras a su rápida consecución y su pretendida eficacia en cuanto al cobro.

Una vez solicitada, todos los intervinientes en el asunto que se trate (abogado, procurador, perito,…) deberán presentar ante la Oficina Judicial minuta detallada de los honorarios correspondientes (Art. 242 LEC) con sus respectivos aranceles (funcionarios, procuradores,..) o normas reguladoras de su estatuto profesional (letrados). Igualmente deberán justificar los gastos en que incurrieron y que se enmarcan en la lista de costas anteriormente desglosada. Una vez presentadas minutas, será el Letrado de la Administración de Justicia quien practique la Tasación de costas deduciendo de todo lo presentado aquellos conceptos que considere que no han de ser incluidos en el concepto de costas.

A continuación se dará traslado por diez días al resto de partes del proceso para que aleguen lo que a su derecho convenga, pudiendo impugnar las costas por indebidas en cualquier caso (que incluyan partidas o gastos indebidos por cualquier circunstancia justificable) o por excesivas en el caso de los profesionales no sujetos a arancel, como los letrados o peritos. No obstante, hay que ser cautelosos con la impugnación de la tasación de costas, pues como un trámite procesal que es, llevará aparejada costas que podrán imponerse a la parte que lo provoque y resulte que finalmente la tasación fue correcta.

Para concluir, resulta curioso que según en qué sentido se impugne la tasación se costas (Art. 246 LEC), se seguirá una tramitación diferenciada  hasta su resolución: si se impugna por indebidas, se da traslado al profesional que incluyó las partidas por tres días, tras lo cual el Letrado de la Administración de Justicia resolverá lo que considere conforme a Derecho dentro de los tres días siguientes; si se impugna por excesivas, se dará traslado pero esta vez por cinco días, tras lo cual antes de emitir resolución, se remitirá al Colegio o Corporación profesional para que emita informe previo al pronunciamiento y resolución de la Tasación de costas. Además podrá impugnarse por indebidas y de forma subsidiaria por excesivas, por lo que una vez resuelto en lo que se refiere a la indebida inclusión de partidas se comenzará la tramitación de la impugnación por excesivas, o lo que es lo mismo, ésta queda en suspenso mientras se sustancia la primera,

Vía|Ley de Enjuiciamiento Civil
Imágenes| Principal Costas

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