Jurídico 


Cuando lo especial se convirtió en ordinario: ochenta años de Justicia en guerra

En estos días se cumplen ochenta años de la reorganización por parte del gobierno de la República del sistema judicial tras la sublevación militar de julio de 1936 y por ende, de la inaplicabilidad de facto del Título VII de la Constitución de 1931, cuando se declaró cesantes a todos los jueces municipales y se decretó que «quienes lo desempeñen en lo sucesivo ofrecerán las mayores garantías de una actuación limpiamente republicana».

En la complicadísima tarea de encauzamiento institucional de la abyecta justicia popular embrionaria, fue donde la actuación legislativa del gobierno republicano tuvo su mayor mérito. Se configuró con el carácter de especial, refiriéndose a ésta con el calificativo de civil para reafirmar la competencia sin confusiones con la propia de los tribunales militares, teniendo como objetivo subyacente frenar las acciones de aquellas organizaciones que actuaban sin control alguno en asesinatos y ejecuciones arbitrarias, aplicando lo que el profesor Alba definió como una «justicia por consenso», consensuada porque durante las primeras semanas era aceptada por el grueso de la población, actuando con total libertad e impunidad. La masa veía en esos paseos, registros, detenciones y requisas unos actos de «justicia» verdadera y enraizada de forma auténtica con el pueblo,  habida cuenta de que la confianza en la justicia institucional había desaparecido, identificándola como patrimonio de los poderosos. Si a ello le unimos que las organizaciones políticas y sindicales que gestionaban esta peculiar praxis judicial eran precisamente las que con su presencia en la calle habían hecho fracasar la sublevación militar en Madrid, la capacidad de arrastre de aquellas sobre la población era irresistible, lo que acentuaba la iniquidad de su aplicación.

El primer órgano de esta naturaleza en ver la luz fue el Tribunal Especial de Madrid, por Decreto de 23 de agosto, al cual se le encomendó el enjuiciamiento de los «delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, previstos y penados en la leyes (…) compuesto por tres funcionarios judiciales, que juzgarán como jueces de Derecho, y catorce jurados que decidirán sobre los hechos de la causa».

En segundo lugar, y por Decreto de 23 de septiembre de 1936 se creó una Sección especial en el seno del Tribunal Popular Especial de Madrid, de igual configuración que éste, con la facultad de acordar la retención provisional de saldos en cuenta corriente, cajas de ahorro, depósitos y valores en toda índole de establecimientos de crédito de aquellas personas sobre las que hubiese indicios racionales de participación en el movimiento rebelde, contemplándose la posibilidad de retener provisionalmente los expresados activos de aquellos españoles que abandonaren su residencia habitual para instalarse en territorio «nacional».

 

Directamente vinculado con la anterior resolución,  por Decreto de 6 de octubre se crea en Madrid, para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad exterior del Estado, traición y espionaje y para aquellas otras en que haya podido incurrir los que hubiesen participado en el movimiento rebelde y cuya intervención pueda estimarse en virtud de indicios racionales, un Tribunal Especial compuesto por tres funcionarios judiciales que actuarían como jueces de derecho y de catorce jurados, nombrados por los partidos políticos que integran el Frente Popular y pos la organizaciones sindicales afectas al mismo, atribuyéndose dos miembros a cada uno de los partidos y organizaciones.

También de octubre fue el Decreto calendado el día 10, por el que se fundaron los llamados Jurados de Urgencia, los cuales, complementando a los Tribunales Especiales –rebautizados como «populares» por primera vez en el preámbulo de este Decreto, para evitar confusiones con los otros «tribunales especiales» fruto de la «justicia por consenso»- creados los días 23 y 25 del mes agosto, tenían como cometido esencial el conocimiento y fallo de aquellos hechos que, siendo por su naturaleza de hostilidad o desafección a la República, sin embargo no revistieran caracteres de delito previsto y sancionado en el Código Penal común y en las leyes penales especiales.

Finalmente, la constitución de los Jurados de Guardia mediante Decreto del Ministerio de Justicia de 17 de octubre de 1936 no se entiende sin la simultánea promulgación de otro de misma fecha, emanado de la presidencia del Consejo de Ministros por el que se acordó transferir al Ministerio de Gobernación las facultades que el artículo 171 del Código de Justicia Militar confería a los militares, es decir, la posibilidad de determinar como delitos y faltas aquellos actos y omisiones comprendidos en los bandos que los Generales en Jefe y los Gobernadores de plazas sitiadas o bloqueadas dictaran con arreglo a sus facultades. Merced a esta atribución competencial, el ministro de Gobernación podía dictar los bandos en los mismos términos previstos en las disposiciones militares, que regirían en las poblaciones que por el mismo se determinasen. No hubo que esperar mucho tiempo y así, el 31 de octubre se dictó por el ministro de Gobernación un bando por  el cual se acordaba la entrega de los reos de los delitos comprendidos en el mismo a los Jurados de Guardia para su enjuiciamiento mediante un procedimiento sumarísimo, con arreglo al Código de Justicia Militar.

Ocho décadas por tanto de unas jurisdicciones especiales que son, a la Justicia, y como ya nos advirtiera Julius Henry Marx, lo que la música militar a la Música. Celebremos por tanto el trigésimo octavo aniversario de una Constitución que al  hablar de la unidad jurisdiccional como la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, excluyó de nuestro ordenamiento jurídico las anómalas jurisdicciones especiales, tanto en su manifestación de  los Tribunales de excepción (art. 117.6) como de los Tribunales de Honor (art. 26).

 
Vía|
Imagen| QAH
En QAH| Reforzando la presunción de inocencia

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