Derecho Penal, Jurídico 


¿Cuáles son los requisitos de la prisión provisional en fase de instrucción?

Dentro de las medidas cautelares que pueden adoptarse en el marco del proceso penal, la prisión preventiva supone la de mayor restricción de los derechos fundamentales del investigado, y por ello es dispuesta por la Ley de Enjuiciamiento Criminal como una medida personal excepcional, aplicable sólo en defecto de otras menos gravosas, y siempre y cuando concurran una serie de requisitos.

En particular, los presupuestos para que se pueda adoptar la prisión provisional de forma ajustada a Derecho, y una vez examinada la imposibilidad de aplicar otras medidas alternativas, se contemplan en el artículo 503 LECrim.:

  1. Que en el proceso existan hechos susceptibles de incardinarse en delitos que lleven aparejadas penas de prisión iguales o superiores a dos años. Este requisito también se cumple si los hechos se integran en delitos con una menor pena, pero el investigado tiene antecedentes penales no cancelados y procedentes de condena por delito doloso.

  2. Que en la instrucción existan razones objetivas de imputación, esto es, de atribución indubitada de los hechos a la acción del investigado, quien se presenta como su autor.

  3. Y que la prisión provisional se adopte con alguno de los siguientes fines:

  1. Evitar el riesgo de fuga.

  2. Evitar la ocultación o destrucción de los medios de prueba.

  3. Evitar el ataque del investigado a la víctima.

  1. Asimismo, la prisión preventiva podrá ser acordada para evitar que el investigado cometa otros delitos.

En cuanto a la duración de la prisión preventiva, se disponen una serie de plazos concretos: si la prisión se ha acordado con fundamento en la evitación del riesgo de fuga, del ataque a la víctima o en aras a impedir que el investigado cometa más delitos, durará un año si el delito que se imputa lleva aparejada una pena igual o inferior a tres años; y la medida tendrá una duración de dos años si el delito conlleva una pena superior a tres años, con la posibilidad de prorrogar motivadamente esos plazos en 6 meses y 2 años a mayores si se prevé que la causa no va a poder ser juzgada antes de agotar los primeros plazos. Si la prisión preventiva se ha acordado sólo con el fin de no destruir pruebas, la Ley prevé que podrá durar un máximo de seis meses.

La adopción de la medida de prisión preventiva tendrá lugar mediante un acto procesal en el que estarán presentes las partes acusadoras y la defensa del investigado (vistilla) en la que se decidirá, en un plazo no superior a las 72 horas desde su puesta a disposición judicial, si procede la prisión preventiva o la libertad bajo fianza.

El Auto en el que se acuerda la prisión preventiva debe contar con motivación suficiente y puede ser recurrido por el investigado en apelación, que tendrá tramitación preferente, si bien no efecto suspensivo.

Finalmente, el Juzgado puede adoptar una mayor restricción añadida a la prisión preventiva, mediante su carácter de incomunicada, cuando concurra el requisito expreso de la urgencia en la toma de medidas judiciales tanto para proteger a la víctima como al buen fin del proceso. La incomunicación no tendrá una duración superior a cinco días, que podrá prorrogarse si los delitos investigados son el fruto de una actuación conjunta de varias personas o se integran en la actividad de una organización criminal.

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