Jurídico 


¿Cuáles son las medidas cautelares en el proceso tributario?

La Ley 34/2015 de 21 de septiembre  en los aspectos relativos a la tramitación  por parte de la AEAT. de los posibles delitos contra la Hacienda Pública  operó una importantísima modificación.

Como expuse en artículo anteriores (ver “Las liquidaciones vinculadas a delito”), con anterioridad a la citada norma, cuando  la Agencia Tributaria consideraba  que la conducta del obligado tributario podía ser constitutiva del delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal (Delito contra la Hacienda Pública), se debía de abstener de seguir el procedimiento administrativo de regularización de su situación tributaria.  Este quedaba suspendido y  previo informe del Servicio Jurídico, normalmente mediante la presentación de la oportuna denuncia, las actuaciones eran remitidas al Ministerio Fiscal por parte del Delegado Especial.

Recibida la denuncia, el Ministerio Fiscal  – optando en algunos casos por la  apertura de diligencias de investigación (para el esclarecimiento de los hechos denunciados) – presentaba denuncia o querella ante el Juzgado de Instrucción.

Una vez designado el Juzgado de Instrucción, el proceso penal se entenderá iniciado con la apertura de diligencias previas.

Sin embargo,  tras la modificación de la Ley 34/2.015, en los casos en que se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública, no siempre la Agencia Tributaria va a paralizar su procedimiento de regularización.     Sin perjuicio de que evidentemente pase el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, en términos similares a los expuestos en el párrafo anterior, se le permite ahora continuar la tramitación de su procedimiento inspector.    Solo en el caso de posible prescripción del delito perseguido,  perjuicio en la investigación o comprobación de la defraudación o imposibilidad de liquidación , la Agencia tributaria se abstendrá de liquidar y paralizará su procedimiento administrativa.

Pues bien,  en ambos casos  es posible la adopción de medidas cautelares por parte de los órganos de la Agencia tributaria.

También este aspecto sufrió una importante modificación si bien en virtud de una ley anterior a la citada , la Ley 7/2.012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.  Así, antes de la modificación de la Ley 7/2012, la participación de la Administración tributaria consistía exclusivamente  en  acordar la retención de devoluciones tributarias  hasta que el juez resolviera al respecto, y proponer en base al análisis patrimonial del deudor la adopción de otras medidas cautelares.  Todo ello con la finalidad de asegurar el cobro de la responsabilidad civil derivada del delito que se liquidaría..

 

Tras la modificación de la Ley 7/2.012  el papel de la Agencia Tributaria se presenta más activo ya que pasa de mero proponente a  la práctica de dos posibles actuaciones:

  1. Los órganos de recaudación de la AEAT podrán investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito y realizar informes sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito, tanto el deudor tributario como los presuntos responsables, civiles y penales, que figuren en todo proceso por delito contra la Hacienda Pública.
  2. Consiguientemente estos órganos recaudatorios también podrán adoptar las medidas cautelares que considere convenientes,  a la espera de que el Juez acuerde su conversión  en medida judicial . El art. 81.8 de la Ley Gral. Tributaria así lo ha establecido disponiendo igualmente que estas medidas cautelares  se notificarán  al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último (el juez) adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o en su caso, el levantamiento. Las medidas que la Agencia Tributaria podrá adoptar en estos casos son normalmente  las que se recogen en el art,81 de la Ley Gral. Tributaria: La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración tributaria., el embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva en los correspondientes registros publicos., la prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos titularidad del presunto responsable penal, etc…Por úlitmo , para evitar actuaciones desproporcionadas y abusivas , en lo referente a los presupuestos y requisitos que deben darse en toda adopción de medida cautelar,  hay que señalar que en el proceso penal especialmente deben de concurrir cuanto menos las siguientes peculiaridades:La apariencia de buen derecho o “fumus boni iuris”Por “apariencia de buen derecho” debemos entender un juicio previo sobre el procedimiento principal en el seno del cual va a adoptarse la medida cautelar, del que racionalmente se desprende que la deuda en cuestión va a resultar exigible al  responsable . Es esta una exigencia básica que deriva del propio principio de seguridad jurídica.

     

    Con carácter general, este principio está basado, en la autotutela que el ordenamiento jurídico se le reconoce . En los casos de delito contra la Hacienda Pública, tradicionalmente la apariencia de buen derecho se ha considerado constituida por la presunción de veracidad de la denuncia de unos hechos de los que resultan indicios de criminalidad contra una persona determinada . La pluralidad de controles que se exigen  previos a la denuncia ante la Fiscalía , no solo por los órganos de la propia AEAT sino tambien por el Servicio juridico del Estado dan soporte a esta presunción de veracidad .

     

    El peligro por la mora procesal o “periculum in mora”.

    Puede ser considerado como una serie de circunstancias ciertas que convergen hacia un hecho concreto como es que el cobro de la deuda o de  la responsabilidad civil que derive del delito pueda verse frustrado o gravemente dificultado. Es necesario justificar en el propio acuerdo de adopción de medidas cautelares  la necesidad o conveniencia para adoptar las medidas cautelares  indicando y justificando  expresamente que en caso de no adoptarse tales medidas, el cobro de las deudas se vería frustrado o gravemente dificultado. los intereses de la Hacienda Pública. Ante tales conductas se justifica la anticipación de la acción de la Administración Tributaria.

    Habría que determinar qué clase de peligro ha de amenazar a la sentencia para justificar la adopción de una medida cautelar real en los caso de delito contra la Hacienda Pública.   Es decir, determinar cual es el riesgo real que existe. Este riesgo  podría derivarse de la insolvencia del propio denunciado, de su incierta situación patrimonial, del cese de sus actividades, etc…  La propia conducta delictiva por la que ha sido denunciado ( en la que puede percibir alguna estrategia de ocultamiento o blindaje patrimonial) puede ser indicio que muestran la existencia de un “periculum in mora”, en la medida que puede reiterar esas practicas ahora que se ve incurso en un proceso penal.

RELACIONADOS