Jurídico 


¿Cuales fueron los argumentos del Gobierno frente a la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña?

Tal y como sabemos, en noviembre de 2015 fue aprobada en el Parlamento de Cataluña la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015 sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre y su anexo (que en adelante denominaremos Resolución 1/XI). Esta Resolución fue aprobada por una mayoría de 72 votos a favor frente a 63 en contra. A grandes rasgos venía a proclamar el inicio de un proceso independentista catalán y a manifestar desobediencia a las instituciones españolas, en especial al Tribunal Constitucional. Básicamente expresaba el inicio de un proceso encaminado a la construcción de una república catalana. En este artículo explicaré cuales fueron los argumentos que el Gobierno de España formuló a través de un recurso al Tribunal Constitucional frente a dicha resolución.

Con carácter previo a dicho desarrollo, haré algunas referencias al contenido de la Resolución 1/XI para poder esbozar unas ideas generales que nos permitan entender las argumentaciones esgrimidas por el Gobierno en dicho recurso. Huelga decir que en su desarrollo mantendré total y absoluta imparcialidad. Bien, ¿cuáles son los puntos conflictivos con la Constitución española?

  • Desconexión con España.- En la Resolución se determina la apertura de un proceso constituyente, iniciándose un proceso de “desconexión democrática” del Estado español. El poder constituyente, recae según el documento en el Parlamento Catalán.
  • Desobediencia a las instituciones españolas.- Establece de forma expresa que ni el Parlamento ni el proceso de desconexión se someterán a las instituciones españolas y en particular al Tribunal Constitucional, a quien consideran “deslegitimado y sin competencia”.
  • Adopción de las medidas necesarias para iniciar el proceso.- El Parlamento a través de la Resolución instó al futuro Gobierno Catalán a cumplir solamente los mandatos emanados de la Cámara, comprometiéndose dicho Parlamento a adoptar las “medidas necesarias” para abrir el proceso de desconexión.
  • Política internacional.– A grandes rasgos se declara la voluntad de iniciar negociaciones para hacer efectiva la creación de un estado catalán independiente en forma de República. Acuerda notificárselo al Estado español, a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional.

El mismo día en que aprobó la Resolución 1/XI, el Jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno emprendería las medidas legales oportunas. Para ello solicitó un Dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para estudiar la viabilidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Resultando dicho dictamen (Dictamen 1166/2015 de la Comisión Permanente del Consejo de Estado) favorable, el Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2015 acordó la impugnación de dicha Resolución a través del procedimiento previsto en el art. 161.2 de la Constitución y los arts. 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Una vez introducida la cuestión, entraré ya en materia. Esto es, las alegaciones concretas formuladas por el Gobierno de España a través del Recurso de Inconstitucionalidad en virtud del procedimiento que ya hemos mencionado.

  • La Resolución no es un elemento aislado. Se encuentra dentro de un proceso independentista destinado a lograr la ruptura unilateral del marco de convivencia institucional, siendo una “continuación a una sucesión reiterada de iniciativas y actuaciones (…) ordenadas (…) al mismo fin rupturista”.
  • La Resolución 1/XI es un acto recurrible. Al ser una resolución dictada por un Parlamento autonómico, aprobada de conformidad a los trámites previstos el Reglamento del Parlamento de Cataluña es impugnable a través del procedimiento que hemos mencionado. Para que podamos imputar ese tipo de resolución a una Comunidad Autónoma y por ello, sea impugnable es necesario que sea: un acto perfecto o definitivo constituyendo una manifestación acabada de la cámara y sea capaz de producir efectos jurídicos. A estos efectos, “su contenido es clara y esencialmente inconstitucional y produce efectos frente a terceros, al poner en marcha un proceso (…) ordenado a la independencia de Cataluña.”
  • Vulnera el orden constitucional de convivencia. La Constitución es la manifestación de la voluntad colectiva de la Nación española. En su preámbulo se proclama la soberanía de la Nación y su voluntad de garantizar la convivencia dentro de la Constitución y las leyes. Destaca también el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Este último establece que ningún ciudadano o autoridad queda fuera de su imperio. El Gobierno entiende que estos principios resultan “atacados, ignorados y despreciados por la resolución del Parlamento de Cataluña”.
  • La Resolución es manifiestamente inconstitucional. Aquí el Gobierno alega la violación de los arts. 1.1, 1.2, 1.3, 2, 9.1, 23, 164 y 168 de acuerdo con lo afirmado por el TC en la STC 42/2014, del principio de lealtad constitucional y el deber de fidelidad a la Constitución. En aBx5ky7kCQAADKxHras de no extenderme en demasía sólo haré referencia a algunos puntos. Por ejemplo, es irreconciliable con el art. 2 CE en la medida en que viola el fundamento de la Constitución, la indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de España. Vulnera el art. 168 CE en la medida en que no se atiende al procedimiento de reforma constitucional necesario para reconocer dicha soberanía constituyente, ya que una imposición unilateral de la misma prescinde de cauces constitucionales y democráticos. Infringe los arts. 1.1 y 9.1 CE, que establecen al Estado como Estado de Derecho y la sujeción a la CE y al Ordenamiento Jurídico de los poderes públicos. Destaca también la violación de los principios de lealtad constitucional y el deber de fidelidad a la Constitución. Aunque estos principios no se encuadren en el texto constitucional, sí podemos encontrarlos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, (SSTC 25/1981 y 18/1982).
  • Resulta contradictoria con su propio Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, el art. 1. EAC determina que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene como causa “en Derecho de la Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional proclamada en el art. 1.2 CE”.

El Gobierno, a través de la Abogada del Estado concluye que la Resolución 1/XI es una actuación de las instituciones catalanas con el objetivo de hacer efectivo el plan de ruptura unilateral, pero esta vez con un carácter cualificado. Para hacerlo de forma constitucional deberá acudir a los procedimientos y mecanismos establecidos en la propia constitución para poder encauzar “las inquietudes políticas que en nuestra Nación existen.” Lo que no está permitido en nuestro texto constitucional es que estas modificaciones se realicen de forma unilateral ignorando a los ciudadanos, su soberanía y finalmente sus derechos.

Vía| Resolución 1/XI del Parlamento Catalán y Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno frente a dicha resolución.

Más información | José Ignacio Herce Maza. ¿Por qué es inconstitucional la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña?  El Periódico de ELSA VALLADOLID. Diciembre 2015.

Imagen| Parlamento

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