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Crónica de una investidura fallida

La convulsión política imperante en España durante las últimas semanas ha vuelto a poner en jaque la aplicación de nuestra Carta Magna. Por si las críticas a nuestro actual sistema constitucional no fueran suficientes, parece que ahora hemos de enfrentarnos ante un nuevo reto jurídico. ¿Qué ocurre si ninguno de los candidatos presidenciales propuestos por el Rey se atreve a someterse al debate de investidura? Por el momento, sólo uno de ellos ha sido encomendado con semejante misión. El pasado martes el rey Felipe VI propuso al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ardua tarea de conseguir acuerdos suficientes para formar mayoría parlamentaria. Este sería el hipotético calendario del proceso de investidura del Presidente del Gobierno:

Fuente: El País

Análisis políticos aparte, lo que a nosotros interesa es ver qué pasaría en caso de que no llegara a producirse dicha sesión de investidura. La respuesta no es ni mucho menos baladí, más que nada por su completa inexistencia. En efecto, los padres de la Constitución no previeron en ningún momento que pudiera producirse este vacío político a nivel práctico –esto último resulta especialmente interesante, tratándose del resultado electoral con mayor número de candidatos presidenciales en la historia de nuestra democracia-. La única base legal que sustenta la posibilidad de una investidura fallida es el artículo 99.5 de la CE, donde se establece que «si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere recibido la confianza del Congreso, el Rey va a disolver ambas Cámaras y va a convocar nuevas decisiones con el refrendo del presidente del Congreso».

Claro está que el problema deviene ante la inexistencia de esa primera votación de investidura, a la que a la vista de los acontecimientos y según parece, existe la posibilidad más que real de que no lleguemos a ver. Ciertamente, este posible bloqueo político haría imposible que el plazo de dos meses comenzase a correr. Imaginemos por un momento que el señor Sánchez no consigue los apoyos suficientes para presentarse ante el Congreso y decide eludir la votación parlamentaria siguiendo la estela del líder popular, Mariano Rajoy.

Entonces… ¿Y ahora qué?

Como ya hemos señalado, no existe previsión legal alguna que dé respuesta a la pregunta que formulábamos al principio. Sin embargo, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo de la Nación, tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en un contexto idéntico a nivel autonómico en el año 2003. El informe fue solicitado por la Comunidad de Madrid debido al veto parlamentario que impedía formar gobierno a los candidatos de aquel entonces, Esperanza Aguirre (PP) y Rafael Simancas (PSOE), lo que hacía necesario buscar una fórmula alternativa para activar los plazos para unas segundas elecciones autonómicas. El Consejo consideró que la falta de candidatos es equivalente a una votación fallida. A efectos de plazos, no puede traspolarse la respuesta del Consejo dado que en el caso autonómico sí aparece expresamente un plazo de quince días para proponer un candidato, momento en que de no presentarse empiezan a correr los plazos, como ocurrió en el 2003. En el Gobierno de la Nación, no existe un plazo legal concreto ya que es el Rey quien, tras la ronda de consultas, decide el candidato que debe presentarse. Cabría la posibilidad de celebrar un Pleno que, sobre la base del informe jurídico del Consejo de Estado, declarase la equivalencia de una investidura fallida de facto, y comenzaran a contar los dos meses que establece la Constitución para la nueva cita electoral.

Dicho precedente es alegado desde la Moncloa para el caso en que la imposibilidad de una investidura parlamentaria llegara a darse. Primero habrá que ver si el candidato socialista finalmente es capaz de formar gobierno. Ahora sólo nos queda esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Una cosa es segura, y es que a pesar de la más que posible ineptitud política de algunos, siempre nos quedará una respuesta jurídica efectiva ante los posibles conflictos que puedan surgir. Esperemos que estas respuestas sean utilizadas con la máxima responsabilidad exigible a nuestros representantes. Está en juego, nada más y nada menos, que el futuro de todos los españoles. No podemos exigirles menos.

Más info: Expansión, El País: aplicación del caso Tamayazo, informe Consejo de Estado

Fuente: Constitución Española

Vía: Elaboración propia

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