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Criminalidad Patrimonial en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio (III)

 

Después de los dos artículos anteriores correspondientes a esta serie de tres acerca de la Criminalidad Patrimonial en relación al impuesto de sucesiones y donaciones, así como al impuesto sobre el patrimonio, vamos a concluir con las consecuencias penales de dichas infracciones.

Resulta paradójico el hecho de que en aquellas Comunidades Autónomas de renta baja, y contrariamente a toda lógica de política económica y fiscal, es donde se carece de facto de deducciones a la cuota tributaria en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre el Patrimonio, mientras que en aquellas otras regiones con rentas más altas las deducciones son tan considerables que en la práctica el devengo del impuesto resulta inexistente. Sirva como ejemplo la Comunidad de Madrid, en la cual existe una deducción en la cuota del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones del noventa y nueve por ciento, y del cien por cien en Patrimonio; mientras que una de las más pobres, Andalucía (la renta per cápita de ésta es justo la mitad que la de la Comunidad de Madrid), no cuenta con deducciones significativas (son más bien irrisorias) en la cuota. Así pues, en atención al devenir de los herederos, y en evitación no solo del pago del impuesto y de la infracción administrativa sino de la comisión del ilícito penal, seguiremos abocados a una migración interna y masiva de las rentas más altas -vía cambio de residencia de la persona física, puesto que difícilmente puede cometerse el delito con estas significativas deducciones en la cuota-, lo cual nos conduce inexorablemente a un considerable aumento de la diferencia interregional de riqueza.

Diferencias interregionalesSobre la ocultación patrimonial en evitación del pago de estos impuestos y su ilicitud penal, hemos de advertir del hecho de que de aplicarse la norma establecida en los arts. 305 y 305 bis CP de manera no uniforme o dispar para el conjunto de los españoles -recordemos que la potestad penal sancionadora es exclusiva y excluyente del Estado (competencia que queda establecida de manera taxativa en el artículo 149. 1. 6.º de la Constitución Española)- varios preceptos constitucionales podrían ser vulnerados. El artículo 19 de la Constitución Española establece el derecho de todos los españoles a la libre elección de residencia y, al igual que ocurre con los demás preceptos del Capítulo II del Título I de la Constitución, vincula directamente a las Administraciones Públicas (sin necesidad de mediación del legislador ordinario ni de desarrollo normativo alguno). En este sentido, el Tribunal Constitucional (TC)  ha tenido ocasión de pronunciarse en relación sobre todo con el status fiscal en un Estado compuesto, considerando que la elección de residencia implica la aceptación de las condiciones fiscales, beneficios, perjuicios y cargas, que esa elección comporte (SSTC 8/1986 y 90/1989). Pero ello debe entenderse respecto al hecho de que el infractor, en respuesta a su conducta omisiva de ocultación de las bases tributarias (o bien la ficción de beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes), debe soportar las infracciones administrativas que conllevan sanciones pecuniarias (Derecho administrativo sancionador). En ningún caso puede entenderse que la aplicación o no de una norma penal en blanco (arts. 305 y 305 bis CP), que conlleva penas de privación de libertad, pueda quedar sometida a la voluntad o libre albedrío de la regulación fiscal autonómica de turno; y ello, tanto en base a los principios legalidad y seguridad jurídica (art. 9.3 CE), como de territorialidad del Derecho Penal (arts. 21 y 23 LOPJ) que debe regir y aplicarse en todo el territorio nacional.

Hemos de plantearnos por ello las siguientes incógnitas:

• ¿Podría esta grave disparidad sancionadora atentar al derecho a la libre elección de residencia de la persona constitucionalmente establecido (Derecho fundamental recogido en el art. 19 CE)?;
• ¿Cómo puede resultar posible en España que la comisión o no de un ilícito penal -de criminalidad patrimonial en este caso que nos ocupa- se pueda dejar al arbitrio de lo que marque la regulación (fiscal o administrativa) de la Comunidad Autónoma de residencia del obligado tributario?;
• ¿Ello no atenta directamente contra el orden constitucional que establece imperativamente, y como derecho fundamental, que todos los españoles somos iguales ante la ley (arts. 14 y 53 CE)?;
• Y, por último, ¿podría, a su vez, lesionar el precepto constitucional (art. 139 CE) que establece para todos los españoles los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional?

 

Vía| “Código Penal, Concordancias, comentarios y Jurisprudencia”, varios autores, Editorial COLEX. 14ª Edición, 2014; “Manual de Derecho Constitucional”, varios autores, Volumen II, Editorial Tecnos, 2ª Edición, 2007.

Más información| Ine: Producto interior bruto regional. Año 2014.

Imagen| Tax evasion

En QAH| Criminalidad Patrimonial en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio (I), Criminalidad Patrimonial en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio (II)

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