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Créditos “revolving”: el cuento de nunca acabar

Mediante la presente entrada, trataremos de analizar y advertir sobre las vicisitudes de una modalidad financiera apenas regulada normativamente: los créditos “revolving”.

 

¿Qué es un crédito revolving?

Se trata de una línea de crédito que concede una entidad bancaria, determinando la cantidad máxima de la que el cliente puede disponer, y cargándosele a éste las disposiciones efectuadas normalmente a meses vencidos, con los correspondientes intereses.

Suele utilizarse para gastos no recurrentes, siendo su objetivo el de suplir la petición de préstamos personales; y normalmente se dispone de tales importes mediante tarjetas de crédito facilitadas a tales efectos.

Su utilidad radica en que permite al usuario afrontar gastos que puedan ser elevados a simple débito, teniendo éste la facultad de elegir la cuantía periódica a satisfacer de la deuda que contrae.

 

 ¿Cuáles son sus desventajas?

Las principales desventajas que se observan son:

  1. Falta de información precontractual.

2. Intereses elevados.

Respecto a lo primero, y como bien señalaba la abogada Belén Rincón en sus declaraciones al diario Confilegal (06/07/2018), existe una absoluta opacidad informativa:

“Se suele entregar al cliente un pliego de condiciones pero el consumidor es incapaz de leerlo todo y entender lo que se indica en dicha información. Cuando devuelve la solicitud firmada, realmente no sabe lo que ha suscrito y ahí empiezan los problemas. No existe transparencia en cuanto a cómo funciona”.

En cuanto a los intereses, éstos suelen ser elevados (hasta un 5%), y a medida que se va disponiendo del crédito aumenta la deuda y en consecuencia los intereses; encontrándose el deudor en ocasiones con que la cuantía de intereses casi iguala cuando no supera al capital dispuesto.

 

¿Cual es la posición doctrinal y jurisprudencial al respecto?

La Sentencia nº 628/2015 de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2015, determinaba que el cliente a fin de cuentas solo debería pagar lo que realmente ha gastado, y no lo que se le reclama.

En detalle, establecía un evidente marco de conducta abusiva por falta de transparencia:

“…el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable”

Constataba un escenario de usura:

“para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales»”

Y concluía:

“no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de

un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

 

Expuesto lo que antecede, y para evitar este tipo de situaciones podrían llevarse a cabo las siguientes medidas:

1.- Establecimiento de normativa reguladora, que a día de hoy es inexistente.

2.- Obligación de las entidades de estudiar de manera pormenorizada e individualizada la viabilidad de conceder una línea de crédito, y la cuantía adecuada si decide la concesión.

3.- Información veraz y bastante al contratante.

Vía| Sentencia nº 628/2015 de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2015
Imagen| Google
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