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Creación de la Fiscalía Europea

Puesto que la Unión Europea fija su objetivo en crear un espacio de libertad, seguridad y justicia se plantea la creación de una Fiscalía europea para proteger a los ciudadanos de los Estados Miembros de la UE. Y tal como aparece prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  (TFUE), en el título relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia.

Es una obligación proteger los intereses financieros de la Unión Europea, de los delitos que causan daños financieros significativos. Hasta hoy día, las autoridades nacionales de justicia penal no siempre investigan ni persiguen suficientemente esos delitos, llamados financieros y que afectan a toda la sociedad.

El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía europea, otorga a la misma poderes para la investigación y el ejercicio de la acción penal. Por esto, deben establecerse garantías institucionales que aseguren la independencia de la Fiscalía Europea y obliguen a ésta a rendir cuentas ante las instituciones de la UE.

A tal fin,  se crea la figura esencial del Fiscal General Europeo, plenamente responsable del correcto ejercicio de sus funciones como jefe de la Fiscalía Europea. Y asimismo, de los Fiscales Europeos Delegados, que deben ser parte integrante.

El Reglamento (UE) 2017/1939 crea la Fiscalía Europea y establece las normas en cuanto a su funcionamiento.

La Fiscalía Europea será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 y determinados por el Reglamento, ejercerciendo la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos.

A tal fin, la Fiscalía Europea efectuará las investigaciones y practicará los actos propios del ejercicio de la acción penal y ejercerá las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, hasta que concluya definitivamente el caso de que se trate.

Una vez creada, será de obligado cumplimiento intentando lograrse que integren este compromiso, el máximo de Eº miembros.

La Fiscalía Europea ejercerá su competencia respecto de todo delito que le competa y se haya cometido después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

No siempre es fácil y posible para un Estado miembro integrarse y cumplir la obligación. El principio de subsidiariedad, cubre las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, por su dimensión y efectos, pudiéndose combatir  de este modo a escala de la UE.  Actualmente, el ejercicio de la acción penal por infracciones contra dichos intereses financieros, recae exclusivamente en las autoridades de los Eº miembros de la UE.

Intensificar la lucha contra infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, mediante la creación de la Fiscalía Europea,  ya que no pueden ser alcanzados de manera suficiente por todos los Estados Miembros de la UE, por la existente fragmentación de procesos penales nacionales sobre infracciones contra dichos intereses, lográndose mejor a escala de la UE, ya que la Fiscalía Europea tendrá competencias para ejercer la acción penal por tales infracciones.

La UE puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artº 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad del mismo artículo.

Establecer lo necesario para alcanzar objetivos y garantizar que su repercusión en los sistemas jurídicos y estructuras institucionales de los Eº miembros sea lo menos intrusiva posible.

Así, se establece un sistema de competencias compartidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales de cada Eº miembro,  encargados de combatir infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.

Y  por el principio de cooperación, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes deben apoyarse e informarse mutuamente .

Las autoridades de los Eª miembros deben establecer un sistema que garantice que la información  que dispongan, se comunique a la Fiscalía Europea lo antes posible. Corresponde a los Estados miembros decidir si establecen un sistema directo o centralizado.

El cumplimiento de dicha obligación de comunicación es esencial para el buen funcionamiento de la Fiscalía Europea, y debe interpretarse en sentido amplio para garantizar que las autoridades nacionales informen también de aquellos casos en que la evaluación de algunos criterios no es inmediatamente posible.

La competencia de la Fiscalía Europea respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE debe tener prioridad sobre las reclamaciones nacionales de competencia, de forma que pueda orientar y garantizar la coherencia de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal a escala de la UE.

Las autoridades de los Eº miembros deben abstenerse de actuar, respecto a dichos delitos, a menos que sean necesarias medidas urgentes, hasta que la Fiscalía Europea haya decidido si procede asumir una investigación.

Dicho Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Eº miembros.

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