Jurídico 


Corrupción y bienes públicos. Ley de Costas (II)

-En el anterior artículo hablábamos de la intromisión por parte de la cultura de la corrupción que hemos sufrido estos largos años atrás y sus consecuencias en las costas españolas. Nos hacíamos la pregunta de, ¿qué ocurre con las propiedades privadas adquiridas de buena fé por sus propietarios que no sabían la regulación que iba a hacer, y ya ha hecho el legislador?,

A la primera pregunta nos responde la disposición adicional primera de la Ley de Costas de 1988, la cual, dispone que “En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el Registro a que se refiere el artículo 37.3. ´´

-Es decir, el legislador optó por establecer por ley que aquellas personas que fuesen propietarios por sentencia anterior a esta ley, tienen que pedir formalmente un “permiso ´´ para poder seguir teniendo dichas parcelas, casas o terrenos, pero ya no como titulares de los/las mismos/as, sino en calidad de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, durante 30 años y pudiendo extender dicho periodo a otros 30 más, lo que significa que una vez transcurrido ese plazo ya no podrían tener a su disposición dichas propiedades.

Pero entonces, ¿sería necesaria una nueva reforma, o es imposible una reforma mejor por los intereses contrapuestos entre particulares con independencia de la decisión que eligiera el legislador?

-La Constitución Española  deja bien claro en su artículo 133.2 CE, una declaración de pertenencia al dominio público estatal que ha de ser completada con lo previsto en la Disposición transitoria primera. En ésta se disponía la conversión de los derechos de propiedad privada existentes a la entrada en vigor de la Ley en el dominio público marítimo-terrestre, en derechos concesionales, durante treinta años prorrogables por otros treinta años. Así, la STC 149/1991 determinó esta operación como una verdadera expropiación forzosa, cuya causa de utilidad pública había de localizarse en el artículo 132.2 de la Constitución, y cuyo justiprecio, en el sentido del artículo 33.2 de la Constitución, venía dado por el otorgamiento de dicha concesión. Una operación, que devolvía de esta manera al dominio público estatal esos enclaves de titularidad privada que se habían consolidado, en virtud de una sentencia firme o de la correspondiente inscripción registral, al amparo de la legislación anterior.

Una vez dicho esto, ¿podríamos preguntarnos entonces, si cabría exigir a las personas que sí han respetado las normas, el coste público que supondría todas las reformas necesarias para preservar el medio ambiente?

 

 

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