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Corrupción y bienes públicos. Ley de Costas (I)

Hasta ahora, hemos visto casos uno detrás de otro, relación con fraude fiscal, fraude a la seguridad social, delitos societarios, robo millonarios a las arcas del Estado; pero…¿y la corrupción urbanística?,¿cuál es la realidad de las costas españolas después de descubrirse la cultura de la corrupción que se ha permitido en muchos estamentos de la sociedad?

Pues bien, las costas españolas son propiedad de los más de 44 millones de ciudadanos españoles; las administraciones públicas son las responsables de asegurar y disponer los medios así como hacer que así sea. La Constitución Española,(a partir de ahora CE), declara que son de dominio público estatal los recursos naturales, playas, zonas marítimo-terrestres y el litoral. Así, la la ley de costas de 1988 define el carácter público de costa, el borde del mar y la tierra, además de acotar y administrar su uso espacio-temporal.

-Es el instrumento jurídico necesario para que el disfrute de dichos espacios de titularidad pública pueda ser preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad es y ha sido muy diferente, pues gran parte de su litoral está urbanizado y en manos privadas, alterado o destruido, de hecho, en muchos casos no existen las servidumbres de paso o acceso al mar y no se respeta las zonas de influencia de la costa, lo que nos ha llevado a que la combinación de suelo inmobiliario y suelo litoral ha llegado a crear una situación de difícil control.

Las zonas costeras concentran la mayoría de delitos sobre urbanismo, comportamientos ilícitos, así como numerosas sentencias de demolición, siendo cómplice la corrupción social y urbanística imperante en las últimas dos décadas, consintiendo tanto funcionarios como instituciones, practicas corruptas y actividades ilícitas.

-Uno de los problemas que sufre el medio ambiente, es la aplicación de continuas contradicciones, y a pesar de que la CE nos exige mantenerlo para su uso adecuado para la sociedad, no se mantiene tal y como debería. El legislador tiene que conciliar aspectos contradictorios, cuidar el medio ambiente, así como permitir que los ciudadanos lo disfruten. Lo claro está, es que la norma ha de ser respetada, promulgándola al mismo nivel bajo el que desde nuestra sociedad se promulga la personalidad, porque si la norma no se cumple terminamos por alterar el medio ambiente, así como los elementos de la personalidad que del cuidado y protección del medio ambiente ésta depende, pudiendo llegar a perjudicar a la sociedad en su conjunto.

-Sin embargo, durante mucho tiempo, esa complicidad con la corrupción urbanística por parte tanto de los particulares como de los entes públicos, ha ido justificando su actuación además de ir en contra de la legalidad y preservación del medio ambiente, en aras del desarrollo económico, o de intereses económico privativos que se esconden tras toda trama urbanística corrupta e ilícita.

-La ley de costas de 1988, tiene como objetivo una visión de futuro, concretamente, la defensa del equilibrio y defensa de la costa, sus valores culturales, así como el aprovechamiento de sus recursos y la garantía de su uso y disfrute abierto a todos. Así, esta ley proclama que las riberas, marismas, albuferas, los marjales y esteros son de dominio marítimo-terrestre incluyendo las playas, las dunas, el mar territorial, su lecho y subsuelo.

-Además, la ley establece las condiciones en las que pueden desarrollarse otras ocupaciones que por su función hayan de estar a la orilla del mar. De hecho, en 2002 la ley de acompañamiento aprobó modificaciones que autorizaban construcciones a menos de 20 metros de la ribera del mar. La ley se promulgó para proteger los valores esenciales de la costa, así, por su carácter social procura que todos los ciudadanos disfrutemos de la costa, así como su sostenibilidad, protección y adecuación de sus cambios naturales.

-En el art. 45 de la CE, establece que:

1.Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

-Por otra parte, cabría preguntarse, porqué tienen que contribuir los ciudadanos a regenerar, proteger y adecuar espacios como la manga del mar menor o calpe, frente a la subida del nivel del mar o protegerlo, a diferencia de aquellos ciudadanos que han contribuido a aquella situación La ley de costas reconoce su variabilidad asi como sus cambios de forma a lo largo del tiempo. Así, la ley de costas distingue 3 zonas: zona de dominio publico en la que el destino es su uso público y gratuito autorizándose ocupaciones mas intensas por la Administración del Estado que es su titular o que por su función estén vinculadas al mar y que por su naturaleza no puedan tener una ubicación más que esa. En la zona de servidumbre también se pueden autorizar usos vinculados al mar y que presten uso necesario y disfrute del mar pero su vigilancia corresponde a la Administración autonómica y municipal. Y la zona de influencia, la ley establece unas pautas para que los planificadores urbanísticos establezcan espacios adicionales para no perjudicar el paisaje y/o playas o costa.

-Así, entonces, cabría preguntarse, ¿qué ocurre con las propiedades privadas adquiridas de buena fé por sus propietarios?,¿¿Cabría entonces exigir a las personas que sí han respetado las normas, el coste público que supondría todas las reformas necesarias para preservar el medio ambiente?,¿Es necesaria una nueva reforma, o es imposible una reforma mejor por los intereses contrapuestos entre particulares con independencia de la decisión que elija el legislador?

Vía| Alegre Villa, Juan Manuel.¿Es necesaria una reforma?., elaboración propia.
Imagen| Casacochecurro, LaProvincia

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