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Corrupción política y prevaricación

dic_qah_papa_ppal.pngEn el momento actual, uno de los temas que están más en boga en la opinión pública es el relativo a la corrupción política y a la transparencia en la gestión de quienes nos gobiernan.  Tan es así, que ha motivado la aparición de nuevas formaciones políticas, y el deterioro de los partidos y organizaciones políticas tradicionales.

Con carácter general, podemos decir que la corrupción política supone un mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima.   Esta ventaja puede ser para el propio gobernante, para el partido o formación a la que pertenezca, para su familia, o para otras personas a las que se quiera beneficiar.  Ese mal uso del poder puede realizarse a través de diversas formas de actuación, una de ellas es la prevaricación.

La prevaricación administrativa está tipificada en nuestro Código Penal como uno de los delitos contra la Administración Pública (art. 404 CP), aunque también aparece contemplada en el título relativo a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 320 CP).

El delito de prevaricación administrativa supone la infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento público que se impone a toda autoridad o funcionario público, por ello cuando se dicta una resolución prevaricadora se causa un daño demoledor en la ciudadanía pues se lesiona gravemente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, lo que constituye la base del Estado de Derecho. Nada perjudica más a la credibilidad de las instituciones que ver a las autoridades o funcionarios que de guardianes de la legalidad se convierten en sus vulneradores por el ejercicio arbitrario de su poder.  Con este delito, lo que se sanciona en la jurisdicción penal son los supuestos-límite, que exceden del control del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al derecho que lleva a cabo la jurisdicción contencioso-administrativa, y en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado, en un injustificado ejercicio de abuso de poder.   En este sentido no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo se sanciona.  (Vid. SSTS 600/2014 de 3-9, y 597/2014 de 30-7).

Requisitos: De forma reiterada, la jurisprudencia viene exigiendo:

1º) Una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo.

2º) Que sea objetivamente contraria al derecho, es decir, ilegal.

3º) Que esa ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de los trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable.

4º) Que ocasione un resultado materialmente injusto.

5º) Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.  (Vid. SSTS 1021/2013 de 26-11, y 743/2013 de 11-10).

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El delito de prevaricación urbanística (art. 320 CP) no es sino una especialidad del más genérico de prevaricación penado en el art. 404, a cuya penalidad remite en parte y de cuya naturaleza y requisitos participa, pues, al igual que éste, protege el correcto ejercicio del poder público, que en un estado de derecho no puede utilizarse de forma arbitraria.

En todo caso, en el delito de prevaricación urbanística la injusticia de la resolución debe venir de la vulneración de la legalidad urbanística aplicable al caso, ya sean unas normas subsidiarias, o unas normas con rango de Ley, pues todas ellas constituyen el derecho urbanístico aplicable.

En el caso del art. 320 CP, nos encontramos ante una prevaricación especial por razón de la materia sobre la que se realiza (la normativa urbanística), lo que implica algunas diferencias. Así, mientras que la modalidad genérica del art. 404 CP exige que la autoridad o funcionario, además de una actuación a sabiendas de su injusticia, produzca una resolución arbitraria, en la urbanística el contenido de la conducta consiste en informar o resolver favorablemente a sabiendas de su injusticia. En ambos casos, el contenido de la acción es similar, pues la arbitrariedad es una forma de injusticia. De ahí que pueda ser aplicada a esta prevaricación especial la jurisprudencia sobre la genérica, bien entendido que en la interpretación del tipo no debe olvidarse el análisis de la conducta desde la perspectiva de la antijuricidad material, aplicando, en su caso, los criterios de proporcionalidad, insignificancia e intervención mínima cuando no se aprecie afectación del bien jurídico tutelado. La coordinación de las medidas administrativas y penales para la tutela urbanística no debe interpretarse en el sentido de que al derecho penal le corresponde un papel inferior o meramente auxiliar respecto del derecho administrativo: ambos se complementan para mejorar la tutela de un interés colectivo de especial relevancia, ocupando cada uno de ellos su lugar específico, conforme a su naturaleza. El derecho administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora de primer grado, reservándose el derecho penal para las infracciones más graves. (Vid. STS 497/2012 de 4-6).

 

Imágen | Escudo, Viñeta

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