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Corrupción: no se puede apagar el fuego con gasolina

Una nueva trama de corrupción política, con miembros de varios partidos políticos imputados, ha saltado a los informativos en las últimas semanas. Por desgracia, no es un hecho aislado, sino que se trata del enésimo caso de corrupción pública que vivimos en España en las últimas décadas. Corrupción que se extiende por todos los partidos políticos, organizaciones sindicales e instituciones públicas como las Cajas de Ahorros. En general, todo lo público se ve afectado por esta lacra.

Es lógico desde luego que la mayor parte de la población se sienta molesta con esta situación y muestre su total indignación ante tamaña desfachatez de los cargos públicos. Pero mientras que muchos ciudadanos creen que el cambio solamente puede venir por el lado de un nuevo partido político o institución pública democrática, sin darse cuenta de que ello sería combatir el incendio con más gasolina, el objetivo de este artículo será mostrar de manera analítica, sencilla y breve, y a través de diversas corrientes de pensamiento jurídico, económico y social, cómo la solución es todo lo contrario, es decir, reducir la importancia de las instituciones públicas en nuestra vida.

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Juan de Mariana

En el s. XVI el jurista, historiador y filósofo religioso Juan de Mariana escribía De rege et regis institutione (Toledo, 1599) y ponía de manifiesto que el poder corrompe, y que el buen gobierno o el buen monarca deben ostentar el menor poder posible, y estar sometidos a la ley de la misma manera que el resto de los súbditos, legitimando incluso el “tiranicidio”, esto es, el derrocamiento y asesinato por el pueblo de aquellos gobernantes corruptos que actuasen como tiranos. Esto respondía sin duda a las situaciones de corrupción y despotismo político que el Padre Juan de Mariana había estudiado en la historia universal, y que vivió en su época en primera persona. “No son del rey los bienes de sus vasallos” decía este jesuita, indicando que es absolutamente inmoral que el gobernante pueda legislar y disponer sobre bienes privados, o extraer la riqueza de sus súbditos mediante impuestos o tributos.

Más adelante en el tiempo, en los Estados Unidos de América y allá por 1932, la famosa obra de Berle y Means enuncia la denominada Teoría de la Agencia, en su ensayo The Modern Corporation and Private Property (New York, 1960, 2ª edición) donde estudiando la separación entre accionistas y directivos en las grandes corporaciones que en la primera parte del siglo XX se habían desarrollado en norteamérica exponen el problema de la divergencia de intereses que se pueden dar entre el Agente delegado por los propietarios de una empresa para gestionarla, y los intereses del mandante o principal, es decir, los propietarios o accionistas de la firma, que además tienden a ser miles o millones (pensemos en las grandes empresas actuales) y por tanto tienen un difícil control sobre dichos agentes o directivos. El caso de los cargos públicos es un ejemplo paradigmático de los problemas y riesgos morales de la teoría de la agencia: los políticos electos representan los intereses de los ciudadanos, pero la real propiedad de los bienes públicos está tan difuminada (por ejemplo, más de cuarenta millones de personas en España) que resulta complejo y costoso fiscalizar adecuadamente la actuación de los mismos. Así, cuándo un senador, alcalde o Presidente llegan al poder, se encuentra muy libre de sus miles o millones de electores, y tendrá incentivos para buscar su interés particular en detrimento del interés público (riesgo moral).

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Finalmente, la Escuela de la Elección Pública (Public Choice Theory) que debemos principalmente al jurista, economista y politólogo James M. Buchanan (premio Nobel 1986) constata a través del análisis económico el hecho de que los políticos toman decisiones que no les suponen ningún costo directo, pues el coste se diluye entre todos los ciudadanos, siendo su interés la reelección en cada mandato, por cuanto la combinación de ambos axiomas dará lugar a que gasten indiscriminadamente los recursos públicos con tal de ser reelegidos, sin importar que dicho gasto sea optimo o necesario, sino tan solo que sirva a sus fines personales. Puesto que a través de los lobbies o grupos de poder pueden obtener mayores votos y prebendas que del ciudadano simple, cuyo voto estadísticamente no tiene apenas influencia, tenderán a extraer recursos de los ciudadanos para favorecer grupos de presión, y realizar obras públicas demagógicas para obtener votos en cada reelección.

Recientemente, a mediados del año 2012, el matemático y economista César Molinas enunciaba en un artículo su Teoría de las Élites Extractivas, que viene a conjugar todo lo aquí dicho, y que resulta de extremado interés estudiar. La clase política se profesionaliza y se convierte en una minoría parasitaria que extrae la riqueza del pueblo que los elige.

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James M. Buchanan

¿De verdad puede creer alguien que la solución es más política, o un nuevo partido político? Desde luego, el riesgo moral es atribuible a cualquier político y gobernante, sea del color que sea, pues como pone de manifiesto la teoría aquí analizada, así como la realidad histórica, siempre existirán incentivos para la corrupción (tiranicidio; búsqueda de intereses personales frente al interés público) y las instituciones públicas siempre servirán de resguardo a las elites extractivas y tendrán como motor la reelección, sin asumir el coste directo de los medios utilizados para ello.

En definitiva, y como ya decía al principio, intentar cambiar el sistema con más política es como intentar apagar un fuego echando gasolina. Lo lógico sería todo lo contrario, apagar el fuego con agua. Es decir, acabar con la corrupción con menos política.

Menos política significa menos peso de lo público sobre lo privado, menos relevancia de las instituciones en la vida de los ciudadanos. Así, un Estado mínimo, que se limite a administrar las labores de Justicia, Defensa, Educación, Sanidad y Seguridad interior o Policía, necesitaría muchos menos senadores, diputados, alcaldes, delegados públicos, funcionarios y en definitiva una décima parte de estructura pública que la actual.

Esta teoría política es conocida como Minarquismo, y es el modelo acogido por países como Suiza. No escapará a la lógica de nadie que cuánto menos poder político y económico detenten los cargos públicos, menor tenderá a ser la posible corrupción de los mismos. En contrapartida, menor Estado supone mayor Libertad del individuo, mayor poder de movimiento sin impuestos económicos o agobiante normativa administrativa, y por tanto mayor desarrollo social y económico. Los países con menor intervencionismo tienden a ser los más desarrollados. Estas tesis jurídico-políticas han sido profundamente estudiadas por Mises, Hayeck, Rothard y Hoppe, entre otros, poniendo de manifiesto todo lo aquí dicho.

En fin, que si los ciudadanos aspiramos a que no nos sigan tomando el pelo, lo que necesitamos es menos estructura pública, menos peso político, y mayor libertad.

Más Información | Teoría de Agencia    Juan de Maríana  Teoría de la Elección Pública   Minarquismo    Teoría de las élites extractivas

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