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Contratistas privados: Status de riesgo

Notas históricas aparte, en nuestro siglo XXI, el uso de mercenarios se ha convertido en un ventajoso y lucrativo negocio que mueve más de 100.000 millones de dólares al año en lo que se denomina en el argot financiero: mercado internacional de ejércitos o grupos de seguridad y protección privados. Asimismo, el término mercenario ha sido relegado a un segundo lugar debido a las connotaciones negativas que llevaba implícitas, de forma que actualmente se prefiere usar la locución contratistas privados como su sinónimo eufemístico. Por otra parte, con la evolución del mercado financiero, lo que antes eran los ejércitos mercenarios se han constituido ahora lícita y jerárquicamente como compañías militares y de seguridad privadas –ejemplos: Academi ex Blackwater, G4S, Aegis Defense Services-, teniendo una similar validez legal que cualquier otro tipo de empresa que preste servicios. Como ocurría anteriormente en la Historia, siempre ha habido conflictos puntuales que han disparado la contratación, el uso y el crecimiento de las compañías de seguridad privadas; desde el año 2000, los principales sucesos promotores han sido la Guerra de Iraq y la Guerra de Afganistán, de forma que grandes números de mercenarios del orden de millares fueron contratados por gobiernos de estados o empleados por empresas multinacionales para proteger a sus empleados e instalaciones que se encontraban en zonas conflictivas de todo el mundo.

Contratista privado de la compañía Academi ex Blackwater, en Iraq

Contratista privado de la compañía Academi ex Blackwater, en Iraq

Una de las principales ventajas que poseen estos grupos privados es que las administraciones gubernamentales disminuyen el riesgo de que sufran bajas sus propias tropas nacionales lo que siempre implica consecuencias a nivel social y político y que generalmente hace bajar la popularidad de sus altos cargos estatales. Otra cuestión positiva para los estados es tener la opción de enviar subreptivamente a estos grupos para realizar misiones de infiltración y sigilo con el fin de ejecutar asesinatos arbitrarios o secuestros terminantemente prohibidos en las Leyes y Tratados Internacionales, entre otras actividades ilícitas y expresamente violatorias del Derecho Internacional –verbigracia: violación de la soberanía nacional mediante una operación militar no autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-. Además, en el caso de que la misión fracase, las administraciones gubernamentales siempre podrán negar su implicación en el proyecto militar de lesa humanidad, e inclusive abrir los pertinentes enjuiciamientos contra la empresa empleadora responsable. La importante política de confidencialidad y lealtad de estas empresas supone otra garantía para su contratación por estados, en algunos casos sin el conocimiento público o de un ala del partido gobernante.

Sin embargo, por otra parte, el uso de mercenarios siempre está relacionado con ciertos dilemas morales y éticos además de tener una laxa regulación internacional lo que supone un grave riesgo especialmente para los profesionales de la seguridad privada ya que no se encuentran bajo ningún pabellón nacional o bajo el amparo del IV Convenio de Ginebra. El principal problema es cuando estos profesionales son capturados ejerciendo su labor en zonas conflictivas con gobiernos que no tienen tratados de extradición o enjuiciamientos amparados en las leyes internacionales, de forma que pueden ser ejecutados como criminales, terroristas o espías sin recibir un status militar que permita la consideración de prisionero de guerra o combatiente legítimo con derecho a juicio o extradición.

Contratistas privados de una compañía militar privada (PMC, por sus siglas en inglés)

Contratistas de una compañía militar privada (PMC, por sus siglas en inglés)

Por lo tanto, la controversia al respecto de la utilización de mercenarios gira en torno a tres problemáticas que necesitan urgentemente una legislación internacional:

Cómo y para qué son usados los contratistas privados –especialmente importante restringir su utilización en operaciones ilegales o no autorizadas por gobiernos-.

Definir un status que permita que los contratistas tengan ciertos derechos o cierta seguridad en los casos que puedan ser detenidos y bajo qué amparo estarían, todo ello en consonancia con los Tratados Internacionales y con los Derechos Humanos.

La investigación y enjuiciamiento por mala praxis o por las transgresiones que puedan realizar las compañías de seguridad privada y sus empleadores. Ampliándose esto a las posibles sanciones en caso de hacerlo de forma reiterada. Y la definición de sobre quién caería la última responsabilidad de su uso y contrataciones: ¿Compañía que los contrata?, ¿Multinacionales que los emplean?, ¿Gobiernos en cuyo territorio están sitas las compañías, que los usan, o cuya nacionalidad ostentan?

Dada la dificultad y controversia del tema, es imperioso que la Organización de las Naciones Unidas se siente calmadamente a dialogar y trabajar sobre un asunto que trae de cola a mayor parte de las cortes judiciales y penales internacionales, y que indudablemente podría desencadenar importantes desencuentros y tiranteces diplomáticas entre estados.

 

Vía|RT

Más información|IEEE

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En QAH|Mercenarios: Sin plata, no hay suizos

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