Jurídico 


¿Consentimiento tácito? No, inequívoco

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Hay una sentencia de la que ya he hablado alguna que otra vez, pero de la que no dejo de sacar conclusiones. Es la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 3 de octubre en la que confirma que las direcciones IP son datos de carácter personal y, por tanto, sujetos a la protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

 

Todo se remonta años ha, en la que la asociación de productores de música de España (PROMUSICAE) quiso conocer la identidad de los internautas que usaban las redes de intercambio o P2P, a fin de combatir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de sus asociados. La asociación de productores quería ampararse en la excepción que la LOPD establece no informar a la hora de recogida de datos, concretamente la establecida en el apartado 5 del artículo 5. Pero la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desestimó su pretensión, que fue igualmente desatendida por la Audiencia Nacional. De allí a casación, con el resultado que todos ya conocemos.

 

Continuamente se pone sobre la balanza distintos derechos, de diferentes calado, intentando querer primar unos sobre otros, dependiendo de quien sostenga la pretensión. Pero siempre el resultado es el mismo, pues por más que se quiera proteger ciertos derechos, nunca puede vulnerar otros igualmente reconocidos a nivel constitucional. En el mundo del derecho no siempre el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, ya que si ello supone vulneración del propio derecho, nada justificará los medios, y menos tiempo se tarda usando las armas que el propio ordenamiento te da. Y si no, que se lo pregunten a PROMUSICAE.

 

El Tribunal Supremo ha sido claro al respecto, y ha venido a ratificar lo que hace más de una década todos defendíamos, al menos esta ha sido nuestra opinión desde Avezalia. Y es que las direcciones IP son datos personales, pues contienen información concerniente a personas físicas “identificadas o identificables”, tal como reza en la definición del artículo 3 de la LOPD. Así, razona la sentencia que “no cabe duda que, a partir de la dirección IP puede identificarse directa o indirectamente la identidad del interesado, ya que los proveedores de acceso a internet tienen constancia de los nombres, teléfono y otros datos identificativos de los usuarios a los que han asignado las particulares direcciones IP”.

 

En cuanto a la alegación de PROMUSICAE de que los usuarios ponen a disposición del público su dirección IP de forma totalmente libre y voluntaria por el simple hecho del uso de las redes P2P, acertadamente el Alto Tribunal sentencia que “no puede equipararse el conocimiento por el titular de que su dirección IP es visible en las redes P2P, con su consentimiento para su tratamiento automatizado junto con otros datos de su tráfico”, ya que, aunque el consentimiento sea tácito, debe ser en todo caso inequívoco, pues de lo contrario estaríamos en el consentimiento presunto, y no cabe admisible deducir el consentimiento de los meros actos realizados por el afectado, siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que implique la existencia del consentimiento.

 

Vía | Javier Vilches

Imagen norfiPC

 

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