Jurídico 


Consecuencias del incumplimiento del deber de lealtad

El desarrollo normativo de los deberes y la responsabilidad de los administradores sociales es uno de los ejes fundamentales sobre los que pivota la reforma operada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. La nueva regulación del deber de lealtad surge como contrapunto necesario de las garantías introducidas en el ámbito del deber de diligencia y con el fin de subsanar ciertas insuficiencias que la propia Comisión de Expertos en Materia de Gobierno Corporativo había advertido en su regulación, entre las que hay que destacar: (i) la tipificación y sistematización de las conductas desleales; (ii) la identificación de los destinatarios de los deberes de lealtad -extensible ahora a los administradores de hecho-; (iii) el endurecimiento de las sanciones aplicables; y (iv) los cauces previstos para exigir las correspondientes responsabilidades.

Como consecuencia de lo anterior, se introduce un nuevo artículo 227 LSC que mejora la formulación del deber genérico de lealtad al disponer que “los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”. Asimismo, se amplía la descripción de las obligaciones y conductas derivadas de dicho deber completando el catálogo actual (art. 228 LSC) y se realiza una regulación pormenorizada de las situaciones de conflictos de interés (arts. 229 y 230 LSC).

Consecuencias del incumplimiento del deber de lealtad

Consecuencias del incumplimiento del deber de lealtad

Una de las cuestiones más relevantes de la reforma es la ampliación de las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de lealtad más allá de la indemnización del daño causado por la conducta desleal, para incluir también la obligación de devolver el enriquecimiento injusto obtenido como consecuencia de la misma (art. 227.2 LSC).

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 31/2014 el administrador social debía abonar a la sociedad una indemnización derivada de los daños que su conducta le hubiese podido ocasionar; cuantía que en ocasiones era inferior al provecho personal obtenido por el administrador desleal. El legislador crea ahora la obligación ex lege de devolver todo lo obtenido ilícitamente a la sociedad, aumentando así el régimen de responsabilidad del administrador social.

Por otra parte, también se ha reforzado el régimen del deber de lealtad y las consecuencias derivadas de su incumplimiento al prever, en primer lugar, su imperatividad, no siendo válidas las disposiciones estatutarias que lo limiten o sean contrarios al mismo (art. 230 LSC), y, en segundo lugar, la inversión de la carga de la prueba al presumir la culpabilidad del administrador cuando la infracción sea consecuencia de un acto contrario a la ley o a los estatutos sociales (art. 236.1 LSC).

Con esta reforma legislativa se busca corregir los errores que desde el punto de vista del Gobierno Corporativo de las sociedades han incidido en la crisis económica, así como actualizar el régimen de deberes y responsabilidad de los administradores y mejorar la confianza de los intervinientes en el tráfico jurídico.

En un momento en el que la confianza de los inversores se ha visto mermada como consecuencia de los últimos grandes casos de corrupción en el mundo empresarial de los que hemos sido testigos, esta reforma cobra, siquiera, mayor significación. La valoración de la reforma ha de ser, por tanto, positiva debiéndose destacar asimismo el carácter social de la misma.

Hasta hace poco el legislador se mostraba reticente a incluir preceptos en los que se imponga taxativamente la obligación de devolver lo indebidamente obtenido por parte del administrador o gestor desleal; entendiendo en este caso el concepto administrador en sentido amplio, tanto en su esfera privada (administrador de sociedades), como en su esfera pública (administrador del erario público). En la actualidad, si nos centramos en el sector público, encontramos una norma similar en los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establecen la obligación de restituir las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente por parte de los sujetos enumerados en el artículo 25 del mismo cuerpo legal.

Por último, es preciso destacar también en el seno del Proyecto de Ley Orgánica, de 25 de marzo de 2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la imposibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional por parte del reo condenado a pena privativa de libertad por un delito contra la Administración pública, cuando se haya acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, si no se ha procedido a la correspondiente reparación económica.

Vía| Informe de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo; Deber de lealtad y conflictos de intereses, Análisis GA&P

Imagen| Verdad y Justicia

RELACIONADOS