Jurídico 


Consecuencias de la legislación umbilical: la Ley de Tasas y el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Tasas judicialesEl pasado 11 de enero de 2013, el ministro de Justicia dio cuenta al Consejo de Ministros para su aprobación del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que conforme a su Disposición derogatoria Única, sustituirá a la vigente Ley 1/1996, de 10 de enero, así como a cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el aún Anteproyecto.

En el referido esbozo, a la hora de establecer los parámetros en los que el derecho a la asistencia jurídica gratuita puede ser reconocido a los impetrantes del mismo, aflora de manera sobresaliente el más importante de los reproches que desde su estadio como borrador ha sufrido la Ley, y que no es otro que la excesiva vicarización de la misma con respecto a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, la cual por cierto,  ha debido de ser ya reformada por la vía de urgencia, merced al reciente Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, al constatar que de la aplicación de la Ley 10/2002  – pese a que las tasas, en abstracto y por sí mismas, no se consideran lesivas de derecho alguno–  podría llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa resultara excesiva. Consecuentemente, sostiene el ejecutivo, aún partiendo de la legitimidad de la vigente configuración de la tasa, estima necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera con carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados.

Consecuencias éstas que son fruto única y exclusivamente de una técnica legislativa francamente mejorable, como ha puesto de manifiesto la Defensora del Pueblo en sus Recomendaciones de 12 de febrero de 2013 o más recientemente el Consejo Económico y Social en su Dictamen de 20 de marzo de 2013.  No en vano, en la Exposición de Motivos del mencionado RDL 3/2013, de 22 de febrero, el propio gobierno admite la insuficiente coordinación legislativa al indicar que la anticipada entrada en vigor de la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre,  en relación a su norma complementaria, la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya tramitación parlamentaria presenta mayor complejidad, les obliga a revisar determinados aspectos de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de acompasar los efectos de ambas normas.

Adviértase como, toda vez que la referida disposición va suponer un incremento de los costes procesales, el legislador opta por dotar a la que será nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de un perfil inequívocamente utilitarista, elevando los umbrales  cuantitativos hasta ahora vigentes con la sustitución de  la referencia al salario mínimo interprofesional por la del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y añadiéndose un tratamiento diferenciado en función del número de integrantes de la unidad familiar, de forma que se aumenta la cobertura del sistema cuando conste de cuatro o más miembros, supuesto en el que el umbral de referencia pasa a ser el triple del IPREM y en aquellos casos en los que el solicitante no forme parte de una unidad familiar, el umbral de referencia será dos veces el referido IPREM.

De esta forma se pretende evitar  que el incremento de las tasas judiciales puedan limitar el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos, incrementando con carácter general los niveles máximos de renta exigidos hasta ahora.

Sin embargo, y como está resultando palpable, es un error legislar umbilicalmente, cuando las disposiciones legales que se pretenden vincular exigen para su eficacia eludir servidumbre recíprocas. Si lo que se pretendía es, al amparo de la STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012, tantas veces invocada por el ministerio de Justicia, instaurar un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con cargo a los impuestos y a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial, ello es una opción política perfectamente  legítima. Ahora bien, lo que resulta inadecuado es que, para evitar poner en riesgo cierto la tutela judicial efectiva de un importante número de justiciables ante la incapacidad patrimonial de éstos para hacer frente a las tasas judiciales recién creadas, se utilice para ello un mecanismo compensatorio servido por otra disposición normativa, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya trascendencia, singularidad y naturaleza procesal, exigen de una tramitación legislativa desvinculada de todo objetivo que no sea el  permitir el acceso a la justicia a quienes carecen de medios económicos suficientes para ello, en cumplimiento y desarrollo del artículo 119 de la Constitución española establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, consagrando así un derecho de carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicción reconocido en su artículo 24.1.

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