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¿Cómo y por qué se recusa a un juez o magistrado?

Durante las últimas semanas se ha hablado en numerosos medios de comunicación de la recusación de dos de los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional encargado de enjuiciar la primera parte del caso Gürtel. Participación política, afinidad ideológica, amistad,…etc. Muchos son los motivos que se han argumentado para sostener dicha recusación pero, ¿cuáles son realmente los verdaderos motivos que permiten que un juez se abstenga de conocer de un procedimiento o que sea recusado en el mismo?

En primer lugar, conviene diferenciar entre la figura de la abstención y la de la recusación. A través de la abstención, son los propios jueces y magistrados los que renuncian a su intervención en un procedimiento determinado por encontrarse incursos en alguno de los motivos tasados legalmente. Es en defecto de esta figura cuando entra en juego la recusación, mediante la cual las partes solicitan al juez recusado que se aparte del proceso por cumplir una de las condiciones que la ley impone.

¿Cuál es el origen de estas figuras? Como en la mayoría de las ocasiones, para encontrar el fundamento de una institución jurídica en nuestro ordenamiento debemos acudir a lo dispuesto por la Constitución Española de 1978. En esta ocasión, tanto abstención como recusación encuentran su raíz principal en el derecho al juez imparcial que recoge el art. 24.2 de la Constitución Española. Todos los ciudadanos tienen derecho a que conozca de su causa un juez que no muestre un interés directo en la resolución favorable o desfavorable del mismo, interés que puede estar fundado en diferentes motivos. Lo contrario a la imparcialidad es la arbitrariedad, que viene a su vez recogida y prohibida por el art. 9.3 CE (“interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”).

En este punto, es conveniente señalar la posibilidad de diferenciar entre imparcialidad e independencia. Mientras que la independencia responde al juez que dentro de su competencia lleva a cabo la función de aplicar la ley, la imparcialidad hace referencia al sometimiento a la ley del juez. A su vez, el juez, como ha recogido numerosa doctrina, debe ser imparcial, pero no neutral. El magistrado no debe permanecer “equidistante entre los diversos intereses hechos valer en el proceso y resolver salomónicamente el conflicto, sino que ha de decidirlo según ley, es decir, llevando al caso concreto el mandato general y abstracto en que democráticamente se ha plasmado la voluntad general”.

 

El criterio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a la imparcialidad es, a su vez, notablemente esclarecedor, pues ésta “va dirigida a garantizar que la razonabilidad de la pretensión de condena sea decidida, conforme a la ley, por un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan en el proceso”. En este punto, es muy importante señalar que no se considera imparcial al que es extraño a los intereses en conflicto sino el que, por encima de la afinidad con los mismos, contiene la misma y resuelve según ley.

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Jurisprudencialmente se han definido dos tipos de imparcialidad. En primer lugar, encontramos la imparcialidad subjetiva. La jurisprudencia española, siguiendo la doctrina del TEDH, ha denominado como imparcialidad subjetiva a las sospechas que expresan indebidas relaciones del juez con las partes. Por otra parte, encontramos la imparcialidad objetiva, que según el TC evidencia la relación del juez con el objeto del proceso (SSTC 145/1998, 11/1989, 136/1992, 372/1993). La imparcialidad subjetiva, por tanto, se basa en el ofrecimiento de una serie de garantías para excluir cualquier duda en relación a la parcialidad del juez. Una suerte de “la mujer del césar no sólo tiene que serlo, sino también parecerlo”.

Tanto recusación como abstención se basan en la dualidad que prima dentro de la imparcialidad exigible al juez: la imparcialidad es un deber del juez y un derecho de la parte. Es por eso que el art. 217 de la LOPJ determina que “los Jueces y Magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal”. Quienes pueden recusar viene recogido en el art. 218:

“1ºEn los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos, las partes; también podrá hacerlo el Ministerio Fiscal siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir.

En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, particular o privado, el actor civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.”

Las causas que recoge la ley se contemplan en el art. 219 de la propia LOPJ. Las causas son 16, entre las que destacan “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” y la “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”. Entre las causas también se encuentran el hecho de haber participado en la instrucción del caso o el haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

¿Cuál es el funcionamiento de la abstención y recusación? El art. 221 de la LOPJ impone la abstención al juez en que concurra alguna de las causas mencionadas anteriormente. Dicha abstención se motivará y comunicará a la Sala de Gobierno del Tribunal en cuestión, que resolverá en el plazo de 10 días. Cuando el que se abstiene forma parte de un órgano colegiado, corresponde resolver a la Sala de la que forma parte. En el caso de que el juez no se abstenga o que la abstención sea desestimada por la Sala de Gobierno, los habilitados para presentar la recusación podrán hacerlo tan pronto como tengan conocimiento de la causa en que se funde. Esta vía deberá agostarse antes de poder acudir ante un posible amparo del Tribunal Constitucional. La recusación, al igual que la abstención, deberá estar correctamente motivada. Quien se encarga de instruir los incidentes de recusación viene recogido en el art. 224. LOPJ.

En el caso con el que comenzábamos este artículo (Gurtel), corresponderá resolver a la Sala de lo Penal sobre las recusaciones propuestas tanto por el PSOE como por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE)  (que han basado sus acusaciones, entre otros motivos, en la intima vinculación ya que ambos jueces fueron propuestos como vocales del CGPJ por el PP y en la afinidad ideológica con dicho partido), que decidirá en base a derecho si los jueces Enrique López y Concepción Espejel, ponente y presidenta del tribunal respectivamente, deben apartarse del caso si no lo hacen voluntariamente.

Vía | Derecho Jurisdiccional. Parte General. Tirant lo Blanch

Imágenes | Diario de Sevilla

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