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¿Cómo se realizan las escuchas telefónicas?

Investigaciones policiales, fianzas, sumario, prisión preventiva, imputados, escuchas telefónicas, libertad con cargos, y un largo etcétera, componen todo un elenco de términos procesales de lo más variopinto, de los que a menudo poco se conoce, pero sobre los que con frecuencia se habla, consecuencia del incesante goteo de noticias que los medios de comunicación ponen a diario en boca de todos.

Escuchas telefónicas

¿Cómo se realizan las escuchas telefónicas?

Hoy vamos a conocer un poco más sobre uno de estos términos. Cuando se habla de escuchas telefónicas, a la mente suele venir la clásica imagen del policía que, sentado frente a un aparato y provisto de unos cascos, puede oír una conversación mantenida en ese mismo momento entre dos sujetos.

Pero la pregunta es: ¿Cómo se realizan realmente dichas escuchas?

Durante la primera etapa del proceso penal se pone en marcha un dispositivo encaminado a la averiguación y obtención de información sobre el hecho delictivo y todo lo que le rodea, ya sean circunstancias, autores, etc. Y para encauzar y facilitar esta tarea, se inician una serie de actos de investigación, denominados diligencias, entre las cuales el Juez puede autorizar la intervención de las comunicaciones del imputado. Se trata de una diligencia de investigación muy eficaz, ya que a través de la misma se puede tener constancia de todas las comunicaciones que entabla el presunto implicado en un hecho delictivo, ya sean vía telefónica, postal, telegráfica o electrónica. Sin embargo, no resulta comparable la dificultad que puede entrañar la intercepción de un envío postal o un telegrama, con la de una comunicación telefónica o electrónica. Para ello, se hace uso del sistema conocido como SITEL.

El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones, o SITEL, es un sistema de escuchas telefónicas del Ministerio de Interior de España. Este sistema guarda los datos de los titulares de las líneas, así como el contenido de las llamadas; los números entrantes y salientes, mensajes de texto, localización del dispositivo que realiza y del que recibe las llamadas, y otros datos como hora, fecha o duración de las comunicaciones. Cuando es activado por orden judicial, el sistema recoge y almacena toda esta información de los terminales telefónicos que el juez haya dictaminado, durante el plazo que establezca. Una vez concluido el mismo, el sistema remite al órgano jurisdiccional toda la información recopilada. Serán el juez y el secretario judicial quienes deberán entonces proceder a la escucha de todo lo recibido, y a la selección de aquella información que consideren relevante para la causa.

Pese a su gran utilidad, esta práctica puede a priori parecer que vulnera el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, regulado en el artículo 18.3 de nuestra Constitución. A pesar de que el Tribunal Supremo ha avalado su legalidad a través de varias sentencias, la polémica en torno a SITEL ha sido intensa. La normativa vigente permite a agentes no judiciales el acceso, con carácter previo a la orden dictada por el juez, a cierta información  que en opinión de muchos, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, atenta contra la intimidad personal. Además, el sistema adolece de algunas disfunciones graves, entre otras el hecho de que los archivos que almacena quedan guardados indefinidamente, con el consiguiente riesgo que supondría un hipotético robo o fuga de información.

Teniendo en consideración que lo que se pone en juego es algo tan importante como un derecho fundamental, parece que las garantías jurídicas y técnicas que ofrece SITEL no son suficientes, y que posiblemente una regulación exhaustiva y más minuciosa sobre el mismo calmaría la controversia que desde su puesta en funcionamiento en 2004 ha generado.

Vía| Noticias Jurídicas

Imagen| IBL News

Más información| RTVE, Público

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