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¿Cómo se expulsa a un afiliado de un partido político?

¿Puede un partido político expulsar a un afiliado? ¿Cómo se lleva a cabo la expulsión?

¿Puede un partido político expulsar a un afiliado? ¿Cómo se lleva a cabo la expulsión?

Hace apenas unos días se conocía la noticia de que el PSOE y el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias expulsaban a José Ángel Fernández Villa, al salir a la luz que había  sido imputado por ocultar 1,4 millones de euros a Hacienda. Esto lleva a que nos preguntemos cuándo puede un partido político expulsar a uno de sus miembros.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los partidos políticos se encuentran recogidos dentro de la Constitución Española, en su artículo 6. La redacción del propio artículo deja traslucir que los partidos tienen un carácter especial, ya que  “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”: La Constitución, igualmente, señala que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Esta puntualización no la comparten el resto de asociaciones y agrupaciones. Para profundizar en lo que se refiere a la expulsión de un afiliado de su partido, tenemos que acudir a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, la cual establece en su artículo octavo que sólo podrán llevarse a cabo la expulsión y la imposición de medidas sancionadoras a los afiliados por medio de procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de esas medidas, así como el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado y el derecho a formular, en su caso, un recurso interno.

La doctrina ha destacado a este respecto que la solicitud de afiliación a un partido puede ser rechazada con mayor libertad que lo que se refiere a la expulsión de un ya afiliado. A la hora de configurar el funcionamiento interno del partido político, se procederá a fijar en los propios Estatutos la tipificación de las conductas que podrán ser castigadas, así como la sanción que llevan aparejadas. Todo ello, insiste la doctrina, de conformidad con los artículos 24.2 y 25.1 de nuestra Constitución, que recogen, respectivamente, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad en materia sancionadora.

El control de que un partido político respete los aspectos arriba relacionados no se lleva a cabo a la hora de registrar el mismo, sino que se producirá cuando se lleve a cabo una impugnación de la expulsión realizada por el partido ante los órganos judiciales. Cabe destacar que si por este medio se resuelve que ésta se ha realizado de forma inadecuada, se procederá a declarar la nulidad de la medida acordada y a la inmediata readmisión del reclamante en el partido. Finalmente, conviene no olvidar que podría incluso llegar a interponerse recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la sanción ha sido arbitraria como consecuencia de infringirse el art. 22 de la Constitución.

Vía| El País

Más información| Blogspot Universidad de la Rioja

Imagen| Wikipedia

 

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