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Cómo combatir la morosidad de las Administraciones Públicas

Es conocida la elevada tasa de morosidad que se registra en la actualidad en cualquier ámbito, pero resulta especialmente significativa la alarmante morosidad de las Administraciones Públicas.

Ante la falta de pago de éstas hacia sus acreedores; empresas y empresarios individuales mayoritariamente, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en su artículo 200 bis, introducido por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece un procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas.

Este procedimiento comienza con la formulación de un escrito reclamando a la Administración Pública (AP) contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Para ello, se podrán presentar las facturas reconocidas por la AP como debidas, así como las facturas que se posean por los servicios prestados a la AP y que no hayan sido formalmente reconocidas como un reconocimiento expreso de deuda.

Tras la presentación del escrito la Administración dispondrá de un mes para contestar. En caso de que transcurrido  el mes la Administración no conteste se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados, en este caso los acreedores, tendrán la vía expedita para formular un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

Lo interesante de este procedimiento es que en el propio artículo 200 bis se reconoce expresamente la posibilidad de solicitar,en el recurso contencioso-administrativo interpuesto, medidas cautelares para el pago inmediato de la deuda. Frente a tal solicitud, la carga de la prueba se situará sobre la Administración Pública, que tendrá que acreditar que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible. De no acreditar lo anterior, el órgano judicial adoptará la medida cautelar. Ese “adoptará” indica imperatividad, aplicación automática de la medida solicitada por parte del órgano judicial en caso de que la Administración Pública sea incapaz de acreditar lo anteriormente expuesto. Dicho esto, cabe apuntar que parece ciertamente complicado que la Administración Pública enerve la pretensión de la parte actora, ya que la medida cautelar suele solicitarse con fundamento en reconocimientos de deuda o facturas emitidas por la propia Administración Pública demandada.

Por todo lo anterior, observamos que este procedimiento del artículo 200 bis de la LCSP, ofrece a los acreedores un procedimiento rápido y eficaz para satisfacer sus créditos frente a las Administraciones Públicas, ya que pueden cobrar sus créditos a través de la admisión por parte del órgano judicial de las medidas cautelares solicitadas, sin necesidad de esperar a la finalización del juicio y la correspondiente sentencia, hecho este último que podría dilatarse considerablemente en el tiempo.

Vía| Noticias Jurídicas

Más información| Análisis de Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público

Imagen| Impago de deudas

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