Derecho Mercantil, Jurídico 


Comisión Nacional de Mercado y Competencia ¿Factible o utópica?

El pasado día 5 de junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con esta nueva institución el Gobierno pretende unificar en uno solo, los ocho organismos supervisores existentes actualmente en España.

Tras una lectura de la referida Ley nos interesa remarcar los motivos que han llevado al ejecutivo a la creación de este “gigante supervisor” y las funciones que pretenden atribuírsele.

El Gobierno decide unificar todos los organismos reguladores salvo los financieros

El Gobierno decide unificar todos los organismos reguladores salvo los financieros

El preámbulo legal no tarda en hacer referencia al origen de los órganos independientes de supervisión, el cual se remonta a 1887, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó́ la regulación del sector ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Esta primera institución cristalizó en la posterior creación de la Federal Trade Comission en 1914 y en el impulso a las políticas antimonopolio.

Continúa explicando el preámbulo, que pasados los años, la organización de estos órganos supervisores en España se enfocó hacia una separación de funciones.

Las autoridades sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.

Hasta 2011, sólo existían en España 5 organismos: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. Pero con posterioridad se fueron multiplicando estos organismos.

A la hora de plantear la reforma se tienen en cuenta tres factores principales:

  • La seguridad jurídica y la confianza institucional quizás más necesaria ahora a la vista de los constantes escándalos de corrupción en todo tipo de sectores.
  • El hecho de que el entorno de austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilización en común resulta obligada y
  • La necesidad de dar respuesta institucional al progreso tecnológico, de modo que se evite el mantenimiento de autoridades estancas.

Si analizamos todas las funciones que se le atribuyen a la nueva Comisión Dichas funciones pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas.

Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario.

Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la independencia respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervisión y control, así́ como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de mero arbitraje.

¿Será efectivo un órgano con tantas funciones?

¿Será efectivo un órgano con tantas funciones?

Respecto de las funciones a desarrollar por el nuevo organismo, cabe señalar que se ha procedido a una reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Con esta reestructuración funcional, la Ley persigue ante todo la eficacia de la intervención pública. En general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello permite que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concentre su actuación en las funciones que verdaderamente sirven a su objeto fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre concurrencia.

Cabe plantearse dos cuestiones. En primer lugar, haciendo un silogismo pueril y superfluo con el modelo español del Estado Autonómico, cabe cuestionarse porque la centralización funcional es óptima para la libre concurrencia y no para la organización administrativa del Estado.

Por otro lado, cabe plantearse la razón por la cual, si lo que se está buscando es la seguridad jurídica y la independencia, no se ha incluido en este organismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando es evidente que, a la luz de lo ocurrido, la independencia no parece que fuese precisamente lo que movía a la CNMV en momentos como la salida a bolsa de Bankia.

¿Será la nueva Comisión eficiente habida cuenta del elevado número de funciones a ella atribuida? ¿Se conseguirá la independencia?

 

Vía| BOE

Imagen| Guindos, Policía

 

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