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Claves del nuevo acuerdo europeo del Derecho al Olvido

Podríamos definir el derecho al olvido como el derecho a pedir el borrado de datos personales que se consideran obsoletos, descontextualizados o lesivos de otros derechos. Según la agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el «derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». La Agencia señala también que este derecho incluye limitar la difusión de información de datos personas, incluso cuando la publicación original sea legítima. «La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas».

#actualidadQAH

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La articulación del Derecho al Olvido, que no se encuentra expresamente regulado aún en nuestro ordenamiento jurídico, surge con los perjuicios que causa el rastro de la información en Internet.

Por todo ello y tras tres años de debate, el pasado lunes 15 de junio los Ministros de Justicia de los 28 países miembros de la Unión Europea, adoptaron un acuerdo por el que se publicará un reglamento de aplicación directa a todo el territorio europeo, en relación, entre otras cosas, al Derecho al Olvido de los usuarios.

El nuevo reglamento tendrá una aplicación directa en los Estados Miembros y sustituirá a las 28 leyes nacionales vigentes, que en muchos casos son  divergentes. Además, elimina muchas autorizaciones y notificaciones que en la actualidad se exigen a las empresas que quieren lanzar un nuevo servicio que implique el procesamiento de datos. Bruselas calcula que este ejercicio de simplificación permitirá ahorros de 2.000 millones al año en cargas burocráticas.

La norma se aplicará a las empresas europeas pero también a las compañías extracomunitarias, como Facebook o Google, cuando ofrezcan sus servicios a consumidores europeos. Las empresas que incumplan sus obligaciones en materia de protección de datos personales en Internet se enfrentan a multas de hasta el 2% de su volumen de negocios o un millón de euros.

Las compañías de Internet sólo podrán procesar información personal si cuentan con el “consentimiento inequívoco” de los usuarios, que podrán retirarlo en cualquier momento, según señala el reglamento. Los usuarios tendrán derecho a rectificar los datos que les afectan que sean incorrectos y las empresas estarán obligadas a notificar a sus clientes cualquier brecha de seguridad que pueda haberles afectado.

En este sentido, cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales, por ejemplo la información que haya descargado en una red social, si así lo reclama. Este derecho se refuerza para el caso de los menores. Además, si una persona pide a una empresa de Internet como Facebook o Google que borre sus datos, la compañía deberá remitir la petición a otros sitios donde esta información se haya replicado.

No obstante, el derecho al olvido queda limitado por otras consideraciones como el ejercicio de la libertad de expresión e información. Su aplicación en cada caso seguirá estando en manos de las autoridades de protección de datos o de los tribunales. La norma reconoce también el derecho a la portabilidad de los datos. Es decir, un usuario podrá pedir a una empresa de Internet, por ejemplo una red social, extraer todos los datos que ha volcado y trasladarlos a otra compañía en la que considere, por ejemplo, que gozan de mayor protección.

Finalmente, el reglamento establece un sistema de ventanilla única para las empresas que operan en varios países de la UE y para los consumidores que quieren quejarse contra una compañía establecida en otro Estado miembro distinto del suyo.

La norma tendrá que pactarse aún con el Parlamento Europeo, lo que retrasará su aprobación al menos hasta finales de 2015. Además de consagrar el derecho que tiene el consumidor a eliminar de la red información no relevante que pueda dañar su reputación, la norma limita el almacenamiento de datos personales por parte de las empresas y prevé multas de hasta el 2% de la facturación en caso de incumplimientos.

Vía| Elotrolado
Imagen| Muyseguridad

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