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Cláusulas suelo (IV): El Real Decreto 1/2017 como medida “antichoque”

(Artículo escrito por Matías González Corona)

…En vista de la meritada sentencia del Tribunal de Justicia estimando el efecto retroactivo –ex tunc– como consecuencia de la declaración del carácter abusivo de una cláusula, el gobierno, “con extraordinaria y urgente necesidad” (solo un mes después), aprueba el “Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo” (en adelante, “RD”), ante una nueva avalancha de demandas por parte de los consumidores que pueda provocar el colapso de los juzgados, con los costes pecuniarios y temporales que ello supondría.

El objetivo de la norma es la creación de un cauce extrajudicial y voluntario para la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas por el consumidor (quedan excluidos, por tanto, los empresarios) por la inclusión de una cláusula suelo en su contrato de préstamo hipotecario. Esta indeterminación no es casual. El RD no concreta la procedencia de la cláusula suelo objeto del mismo, pudiendo acudir a la vía extrajudicial aquellos consumidores que hubiesen formalizado su préstamo hipotecario con una entidad bancaria cuyas cláusulas no fueran declaradas abusivas por el Tribunal Supremo (a saber, BBVA, Abanca y Cajamar).

Tampoco aclara si podrán acudir a esta vía aquellos interesados que, habiendo visto satisfechas sus pretensiones en la vía judicial con anterioridad a la Sentencia del TJUE, de 21 de diciembre de 2016, pretendan ahora extender los efectos de la nulidad más allá del 9 de mayo de 2013. En este sentido, el propio Tribunal de Justicia señala que “el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución […]. De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.De este modo, aunque ya se declarara la fuerza de cosa juzgada (con la posición en contra de gran parte de la doctrina), no es óbice para que este perfil de consumidor pueda verse incluido en el extenso ámbito de aplicación del RD (art. 2 RD) y se sume así a los demás reclamantes. Pero más aún cuando el Tribunal Supremo en su reciente pronunciamiento con fecha 15 de febrero de 2017, acata ahora la sentencia del TJUE que declara la retroactividad con efectos ex tunc.

Ahora bien, ¿están obligados los bancos a restituir las cantidades a todo consumidor que reclame por la vía del RD? La respuesta es negativa. La norma otorga potestad a la entidad para decidir si la devolución es o no procedente, existiendo la gracia del silencio negativo transcurridos tres meses sin que el cliente obtenga respuesta por parte del banco. Por otro lado, sí se impone la obligación a las entidades bancarias de garantizar el conocimiento de este sistema de reclamación por parte de los clientes, aunque sin especificar el cómo (más allá de lo estipulado en la Disposición adicional 1ª), para continuar con la ambigüedad acostumbrada.

Por último, pero no menos importante, se articula un mecanismo ad hoc para el futuro pago de las costas procesales por parte de la entidad, si finalmente el consumidor acude a la vía judicial. Si éste obtiene un fallo más favorable del que hubiera obtenido por la vía extrajudicial, se impondrán las costas al banco. En caso contrario, el banco quedará exento del pago de las mismas, aun obteniendo un fallo favorable. ¿Qué ocurre con la discrecionalidad del juez que concede el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en caso de que considere (o no) la existencia de “serias dudas de hecho o de derecho”? La eliminan de un plumazo. El ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales asistido de un abogado si es lo que desea (art. 24 CE). La supresión encubierta del art. 394 LEC, en mi opinión, atenta contra este derecho fundamental aunque, desde luego, actúa como elemento disuasorio para los sobrecargados tribunales de justicia.

En cualquier caso, cuesta pensar que la manifiesta falta de recursos con la que cuenta la justicia (“de extraordinaria y urgente necesidad”) en este país, vaya a solucionarse a base de decretazo.
Vía|QAH Jurídico
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