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Cláusulas suelo (III): La Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016

(Artículo escrito por Pablo Ojeda Baños)

 

Ante las discrepancias existentes por parte de los diferentes Juzgados y Audiencias Provinciales de nuestro país a la hora de aplicar la doctrina del Tribunal Supremo en lo referido a la “retroactividad limitada” de las cláusulas suelo, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, el 25 de marzo de 2015, y la Audiencia Provincial de Alicante, el 15 de junio de 2015, utilizando el mecanismo regulado en el artículo 267 del TFUE, plantearon sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acerca de la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Es preciso mencionar, en primer lugar, que el Abogado General, en su informe de 13 de julio de 2016, previo al pronunciamiento del TJUE, curiosamente, se posicionó del lado del Tribunal Supremo, al considerar que la retroactividad limitada fijada por el Alto Tribunal en la sentencia de 9 de mayo de 2013, no era contraria a la referida Directiva. Según éste, “la Directiva no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión”.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia rechazó la tesis del Abogado General y, al entrar a valorar la cuestión prejudicial planteada, consideró que el artículo 6.1 de la Directiva (Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas) es incompatible con la retroactividad limitada establecida por el TS, ya que, si bien la protección del consumidor no es absoluta, -y en ello sí se alinea con la sentencia del Tribunal Supremo, que aseguraba que la misma no afectaba a las sentencias anteriores firmes al ser cosa juzgada-, considera que limitar en el tiempo los efectos jurídicos que produce la declaración de nulidad de las cláusulas suelo supone otorgar una protección limitada a los consumidores que celebraron un contrato de préstamo hipotecario con cláusulas suelo con anterioridad a la fecha de la citada sentencia del Tribunal Supremo.

De esa manera, en palabras del TJUE, “tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula”, siendo lo anterior contrario al artículo 7.1 de la Directiva (Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores). Finaliza la sentencia recordando a los jueces nacionales que están vinculados por la interpretación del Derecho de la UE que realiza el Tribunal y, que por ende, se deben de abstener de aplicar la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, al resultar incompatible con el Derecho de la Unión Europea.

En definitiva, el Tribunal de Justicia corrige el engendro jurídico de la retroactividad limitada creado por nuestro Tribunal Supremo y que tanta inseguridad jurídica ha venido generando desde la sentencia de 9 de mayo de 2013, al considerar que el mismo no es acorde con la Directiva, ya que no otorga una protección completa a los consumidores que suscribieron préstamos con cláusulas suelo abusivas antes de dicha fecha.

La postura del TJUE parece de lo más lógica si partimos de los efectos jurídicos que produce la declaración de nulidad de una cláusula, que no son otros que los de tenerla por no puesta, no teniendo efecto alguno en el negocio contractual celebrado (‘ex tunc’); efectos que, por cierto, ya recoge nuestro Código Civil en el artículo 1.303. Todo lo cual supone que, si se declara la nulidad de una cláusula suelo por abusiva, la misma se considerará que no ha existido nunca y por tanto, tampoco las consecuencias jurídicas producidas con base en la misma que, en nuestro caso, es el cobro indebido de intereses.

Por lo tanto, según lo fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se deberán reintegrar a los consumidores los intereses cobrados indebidamente por los bancos en base a la cláusula suelo desde el principio, y no desde el 9 de mayo de 2013, tal y como establecía el Tribunal Supremo en su sentencia.

 

Vía| HayDerecho Joven

Imagen| Abogacía Española

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