Jurídico 


Cláusulas híbridas: Arbitraje vs. Tribunales de Justicia

Llegado el momento de redactar un contrato, una de las cláusulas de obligada inclusión para los abogados de las partes es aquella por la cual se decide el método de resolución de las controversias que puedan surgir de dicha relación contractual. Hay que tener en cuenta que, en función del tipo de contrato y de la complejidad de la relación jurídica que se trate en el mismo, puede no ser fácil decidir qué sistema es el más adecuado para dirimir los conflictos que se deriven de ese negocio jurídico que se está formalizando.

Es en este punto donde entran en juego las llamadas “cláusulas híbridas” o “mixtas”, aquellas por las cuales las partes deciden posponer hasta el momento del surgimiento de las controversias la elección de dicho sistema, pudiendo someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia (suele optarse por los del país de una de las partes contratantes) o, por el contrario, someterse a arbitraje, generalmente institucional. Por otra parte, existe la alternativa de las cláusulas que permiten dirimir los litigios en Tribunales de diferentes jurisdicciones, no obstante es una materia en la que no vamos a profundizar en este artículo.

Arbitraje1No es difícil observar que para resolver un complejo litigio derivado de la construcción de una planta termosolar un árbitro especialista en la materia podría ser la opción más recomendable, mientras que para una disputa sencilla,  dado el alto coste que supone el procedimiento arbitral,  los órganos judiciales pueden ofrecer una solución más razonable y económica. Por tanto, las cláusulas híbridas son un mecanismo muy útil para diferir en el tiempo dicha elección, dada la dificultad que la misma puede entrañar en función de la naturaleza del contrato o de la complejidad de la materia que se trate en el mismo. Así, las cláusulas híbridas permiten escoger el sistema más adecuado según las circunstancias concretas, un método de resolución “ad hoc” que posiblemente tenga más sentido si tenemos en cuenta que cuando surge el conflicto las partes tienen más y mejores elementos de juicio para decidir qué sistema es el más adecuado.

No obstante, el ordenamiento jurídico español históricamente ha venido negando la validez de dichas cláusulas, con base en lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y por la no tan lejana Ley de Arbitraje de 1998. Ello se debe a que en las mismas se recogían estrictos requisitos para su aplicación. La Ley procesal española establecía de forma tajante que las partes contratantes debían renunciar clara y terminantemente a su fuero propio, debiendo designarse con total precisión el Juez que conocería la controversia. Por tanto, dicho precepto se infringía desde el momento en que en la misma cláusula de sumisión se ofrecía la alternativa del arbitraje. Por otra parte, la Ley de Arbitraje de 1998 disponía que en la cláusula debía reflejarse la voluntad inequívoca de las partes de someter las controversias derivadas del contrato a arbitraje.

Pues bien, tras las reformas introducidas por la LEC de 2000 y por la Ley de Arbitraje de 2003, se relajaron dichos requisitos, no siendo ya preceptiva la renuncia al propio fuero ni la expresión de una voluntad inequívoca de sumisión a arbitraje. Asimismo, los Tribunales también han ido mostrando una actitud más laxa en cuanto a la inclusión de dichas cláusulas en los contratos, confirmándose finalmente su validez el pasado año mediante el Auto de 18 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Madrid. En el mismo se aprovecha la ocasión de admitir su validez en un pronunciamiento por el cual la Audiencia  Provincial niega su competencia para conocer de un litigio, en virtud de la existencia de una cláusula híbrida que otorgaba la competencia a los tribunales de otro país.

Sin embargo, a pesar de la sucinta motivación de la aceptación de su validez, este pronunciamiento es importante, por cuanto ha despejado una controversia doctrinal que venía dificultando la aplicación de dichas cláusulas, lo cual implica una importante inseguridad jurídica, dado su frecuente uso en el tráfico internacional. Dicho lo cual, parece que, a partir de ahora, podemos entender que para otorgar validez a una cláusula híbrida habrá que estar principalmente a la claridad de su redacción, siendo decisivo que de su lectura pueda deducirse indubitadamente si la competencia es del árbitro o institución arbitral que se haya designado en el contrato o si, por el contrario, es de los Tribunales de Justicia – y, en ese caso, cuál sería el competente. Finalmente, es importante asegurarse de que la cláusula tenga cabida en la legislación del país o los países a cuyos tribunales se hayan sometido las controversias originadas por el contrato en cuestión. No obstante, sería conveniente que el Tribunal Supremo encontrara la ocasión para pronunciarse sobre este asunto y arrojar luz de forma definitiva.

 

Vía | Consejo General del Poder Judicial

Imagen | Arbitraje

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